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Espionaje: ni los jueces se salvan

Otro escándalo de espionaje envuelve a un gobierno de Mauricio Macri. Pero esta vez no son ciudadanos opositores al gobierno o exfuncionarios kirchneristas o empresarios las víctimas, sino nada menos que jueces de la Nación.
A su paso por la función pública Macri viene mostrando con creces su debilidad por el espionaje y su voluntad de no ceder ante ningún límite institucional. Cuando estuvo al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ocurrió el primer caso resonante de espionaje masivo, dirigido desde las más altas esferas oficiales contra opositores políticos. Más tarde, ya en la Presidencia de la Nación, saltó un escándalo aún más grave con el caso D’Alessio que permitió conocer una densa trama de espionaje y extorsión que operaba desde los despachos gubernamentales e integrada por el falso abogado, espías de la AFI, un juez, dos fiscales y altos funcionarios del Ejecutivo, incluso ministros. En este caso lo más llamativo fue la complicidad activa de periodistas del mayor grupo mediático del país.
Y como parece que no hay dos sin tres, ahora salta un nuevo caso aún más grave porque las víctimas de las tareas de espionaje son nada menos que jueces y hasta un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Las investigaciones a cargo de un fiscal han determinado que los responsables de estas «tareas sucias» ocupan cargos jerárquicos en varios organismos que dependen directamente del Poder Ejecutivo: la AFIP, la Unidad de Información Financiera, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de la CABA y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es imposible creer que semejante estructura al servicio de un mismo objetivo no haya operado en forma coordinada por una misma cabeza.
De los tres casos conocidos -hasta ahora, cabe la aclaración- este es el más preocupante porque involucra tareas de inteligencia ilegales contra los máximos integrantes de un poder del Estado. Si hasta ahora se hablaba de las «presiones» y la «injerencia» del Poder Ejecutivo sobre el Judicial con intromisiones directas como la inusitada remoción de jueces por sus sentencias -entre todos sobresale el ejemplo de dos integrantes de la Cámara Federal porteña removidos por excarcelar a los propietarios del grupo periodístico al que pertenece C5N-, esto que salta ahora permite ver cómo el macrismo saltó todos los límites legales, políticos y éticos a la hora de ejercer su voluntad, avasallando la división de poderes como nunca antes había sucedido desde la recuperación de las instituciones democráticas en 1983.
Una vez más, los autoproclamados defensores de la república se ven manchados por sus propios actos en hechos que colisionan no solo contra las leyes sino contra la Constitución Nacional.
Un miembro del Consejo de la Magistratura, horrorizado por estas impactantes revelaciones, aseguró que «se va a investigar a fondo». Es lo que corresponde y lo que se espera en una democracia. Semejantes atropellos no pueden quedar impunes si no se quiere enterrar del todo la aspiración de tener en nuestro país una Justicia que justifique la pretensión de vivir en un sistema republicano con división de poderes.