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Espionaje: Vidal buena discípula de Macri

CONTRA JUECES, DIPUTADOS, POLICIAS, FISCALES Y EMPRESAS

No solo Mauricio Macri mostró una incontenible avidez por el espionaje. María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo también fisgonearon al por mayor sin respaldo judicial.
MARTIN SOLER
Más de 1.400 consultas en bases de datos privados forman parte de la investigación por espionaje que tiene en la mira a la exgobernadora María Eugenia Vidal y a su exministro de Seguridad Cristian Ritondo como presuntos impulsores de tareas de inteligencia sobre políticos, magistrados, empresas y dirigentes sociales, según se desprende del listado que trascendió en las últimas horas.
Se trata de un anexo documental que forma parte de la causa que tiene procesados al extitular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense Guillermo Berra y a la abogada María Rosario Sardiña.
En la lista de espiados aparecen la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense y su titular, el abogado Juan Eduardo Caniggia, el Senado provincial, la Cámara de Diputados y el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires.En el extenso listado que está bajo análisis judicial también aparecen la Fundación Compañía Social Equidad, Air Energy Services, Agropharma Salud Animal y Los cuatro de Don Pancho Agropecuaria, y hasta la empresa Shell, cuyo titular de la filial argentina fue el exministro de Energía del macrismo Juan José Aranguren.

Asuntos internos.
La lista no se publicará, ya que es un documento público sensible. Contiene datos privados de personas y empresas que se deben preservar ya que están bajo tutela judicial.
El escándalo salió a la luz el 23 de octubre de 2019, con el allanamiento a la sede de Asuntos Internos encabezado por la fiscal Cecilia Corfield. En la lista de espiados también figura un funcionario policial, marido de la fiscal. En ese procedimiento también se encontraron evidencias de espionaje sobre la fiscal Silvina Langone, quien estuvo a cargo del juicio oral por la triple fuga del penal de General Alvear, hecho que generó el primero de los cimbronazos políticos de Cambiemos en los ámbitos nacional y provincial, desde fines de diciembre de 2015 hasta mediados de enero de 2016.
También se encontraron evidencias de espionaje sobre el defensor ciudadano adjunto de La Plata, Tulio Marchetto, esposo de la fiscal Langone, y parte de la familia de ambos.

Sin orden judicial.
Según el documento judicial, al que accedió Letra P, también figuran tareas de inteligencia sin orden judicial sobre el «Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires». Y las empresas Avances Médicos, Curavis, Haras Dilu (propiedad de Néstor Otero, dueño de TEBA, terminal de Retiro y estación de Once, entre otras), Hipódromo Argentino de Palermo, Fundación Compañía Social Equidad y Banco Santander Río.
Como informó este medio, la causa por espionaje se inició a raíz de la denuncia presentada por el excomisario Néstor Martin, en la que se dio cuenta de una red de espionaje ilegal que funcionaba en el corazón del Ministerio de Seguridad bonaerense a las órdenes de Ritondo y la exgobernadora Vidal. (Letra P).

«Una organización criminal»
Alex Campbell, uno de los exfuncionarios de mayor confianza de María Eugenia Vidal, quedó muy comprometido en la investigación por espionaje ilegal que tramita la justicia federal. El juez tiene en su poder chats que confirman el vínculo de espías denunciados con el exsubsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la gestión pasada.
Esta arista de la trama de espionaje político terminó de confirmarse luego de la presentación como querellante del exintendente de La Plata Pablo Bruera, quien tomó contacto con las evidencias de su seguimiento. La investigación reunió pruebas de los contactos entre espías que hablaban de llevar la información a dos funcionarios públicos que la reclamaban: Susana Martinengo, que dirigía el área de Documentación Presidencial en la gestión de Mauricio Macri, y Campbell, que integraba el gobierno de Vidal.
«Era información que producían a pedido», reflexionó Bruera tras ver los intercambios entre espías como los imputados Leandro Araque y Alan Ruiz, donde se hablaba del reclamo de datos que habían recibido e incluso discutían sobre cómo presentar la documentación en el formato más accesible posible a los funcionarios públicos de las gestiones nacional y bonaerense de Cambiemos.

«Maniobras ilícitas».
En esta causa se investiga a «una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios (…) habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520», según consta en el expediente.
Algunas de las maniobras «habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones», se afirma en la causa.