miércoles, 27 octubre 2021
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Evasión a gran escala rompe con un gran mito

AL CAPONE Y LA CUESTION IMPOSITIVA

En Estados Unidos empezaron a hablar de la desarticulación del fraude fiscal, alertando sobre la necesidad de terminar con los privilegios y la conducta delictiva de los millonarios.
JOSÉ ALBARRACÍN
«El gobierno tiene una obligación básica de hacer cumplir la ley y desarticular esta epidemia de fraude fiscal. Dejar de hacerlo implicaría que la mayor carga en el pago de los servicios públicos continúe recayendo en los asalariados y no en los dueños de las empresas, exacerbando la desigualdad económica. Esta extendida evasión fraudulenta, además, mina la legitimidad de un sistema impositivo que se basa, en buena medida, en la participación de buena fe de los contribuyentes».

Evasores.
El texto precedente proviene de un editorial del diario New York Times publicado esta semana, donde alerta sobre la necesidad de terminar con los privilegios y la conducta delictiva de los millonarios estadounidenses, que mediante su «contabilidad creativa», sus maniobras de ocultamiento a través de sociedades anónimas, y sus falsas declaraciones de ingresos en el exterior, vienen evadiendo impuestos a un ritmo aterrador: según los cálculos que maneja ese medio, solamente este año las pérdidas para el fisco norteamericano serán de 600.000 millones de dólares, y en la próxima década, ascenderían en total a 7.5 billones de la misma moneda.
La propuesta que sugiere el NYT es tan simple como radical: deben cruzarse los datos de movimientos en cuentas bancarias de estos grandes contribuyentes para comprobar si los montos que manejan se corresponden con las declaraciones de ingresos que efectúan anualmente al IRS (equivalente a nuestra AFIP).
El caso más notorio de este festival de evasión es el ex presidente Donald Trump, de quien se supo -al hacerse públicas sus declaraciones impositivas largamente ocultadas por el interesado- que durante los últimos dieciocho períodos fiscales sólo había pagado impuesto a las ganancias en siete, y aún en esos casos, por importes que corresponden a los ingresos de una persona de clase baja.

Al Capone.
Lejos de ser perseguidos y encarcelados por estas conductas delictivas, los super-ricos han venido obteniendo considerables exenciones impositivas, particularmente durante gobiernos republicanos, desde Ronald Reagan en los años ’80, y muy especialmente durante el último período concluido en enero pasado. El recorte de impuestos aprobado por Trump, ya se sabe, demostró una vez más que este tipo de medidas no aumenta la inversión interna, ni genera puestos de trabajo, sino sólo aumenta los ingresos de los ricos, y en particular, de los capitales estacionados fuera del país. Muy lejos de «hacer grande de nuevo a los EEUU», como prometía el slogan electoral.
Como si no fuera bastante injusto un sistema impositivo regresivo, donde la mayor carga cae sobre los que menos ganan -y no pueden ocultar sus ingresos, porque constan en la contabilidad de las empresas para las que trabajan- está el problema de la evasión en gran escala, que viene a romper el «mito Al Capone», según el cual se puede zafar hasta del asesinato y el crimen organizado, pero no de esas dos grandes certidumbres, «los impuestos y la muerte».
Pero esta tendencia bien podría estar llegando a un punto de inflexión. Contra todos los pronósticos -y acaso influido por el ala más progresista de su partido, la de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros- el moderado presidente Joe Biden no sólo logró aprobar un ambicioso plan de rescate de casi dos billones de dólares, sino que planea incrementar sustancialmente los impuestos a los ricos. Todo ello, en un plan de redistribución del ingreso e impulso a la economía no muy distinto del «New Deal» de Roosevelt, que incluye grandes obras de infraestructura (autopistas, puentes, generación de energías limpias, conectividad electrónica) y aportes directos a las familias carenciadas que reducirían a la mitad los números de la pobreza infantil. Hasta hay quien afirma que esto representa la vuelta del «estado de bienestar» que se clausurara en los ’70.

Por casa.
Es importante prestar atención a estos acontecimientos en el país del Norte, en momentos en que se intenta, también aquí, reactivar la economía inyectando recursos en los sectores más postergados, y lograr que los más privilegiados efectúen un mayor aporte a las arcas del fisco. Si se leen los «grandes» medios del puerto, se presentan las iniciativas del gobierno actual como delirios populistas, a contramano de las tendencias del capitalismo mundial: claramente están mintiendo.
Pero también aquí no es sólo cuestión de la tímida contribución extraordinaria impuesta a las grandes fortunas (que, por su carácter excepcional, no modifica en un ápice el carácter regresivo de nuestro sistema impositivo). Ya se ha dictado, por supuesto, la primera «medida cautelar» para frenar la aplicación de la ley, demostrando una vez más cómo algunos jueces tienen mal alineadas sus prioridades, y olvidan que es el fisco quien paga sus salarios intangibles, no la elite económica a la que, por una autopercepción distorsionada, creen pertenecer.
También aquí el problema es la escandalosa evasión de las grandes fortunas, que se ha hecho patente en las maniobras de triangulación de exportación de soja -empleando para ello sociedades controladas en Paraguay, y el impune paso por la famosa «hidrovía» del Paraná-, y que coloca a la Argentina en el «top cinco» de países del mundo en materia de evasión impositiva.
Volviendo al texto que abre esta nota, se trata aquí de dejarse de pavadas, mirar la verdadera ruta del dinero, y hacer cumplir la ley. Aunque los medios concentrados -y alguna jueza irresponsable- estén trabajando para fomentar la ilegalidad.