Evo tuvo que hacer otra autocrítica y cambios ministeriales

Bolivia está conmocionada por la represión a una marcha indígena. El presidente suspendió la polémica carretera en el Tipnis. La oposición, sobre todo los medios, tratan de destrozar a Evo Morales.
EMILIO MARÍN
El domingo 28/9 los marchistas descansaban cerca del puente de San Lorenzo, próximo a Yucumo (Beni). Seguramente pensaban en cuántos kilómetros les faltaban para llegar a La Paz. Habían partido el 15/8 para protestar contra la construcción de una carretera que pasaba parcialmente por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
En ese reposo los hombres, mujeres y algunos niños no esperaban ser atacados por 500 policías. Les cayeron sin aviso, para golpearlos con ferocidad, esposarlos y a varios ponerlos arriba de colectivos y fletarlos lejos. Hubo 40 heridos, algunos de gravedad. Algunos acampantes buscaron refugio en el monte y selva, con tal de zafar de la horda policíaca.
Esto movió a un unánime repudio dentro de Bolivia y el exterior, aunque dentro de esta ola cabría diferenciar a los organismos preocupados por los derechos humanos de los indígenas, de aquellos otros que sólo buscaban desprestigiar al presidente aymará y sus cambios en el Altiplano.
La represión operó como un bumerán, que volvió y provocó la renuncia del ministro de Interior Sacha Llorenti, del que dependen las fuerzas policiales. Llorenti dijo que él no había dado orden de reprimir y echó las culpas sobre su viceministro, Marcos Farfán, quien también desmintió su responsabilidad, derivándola hacia los mandos policiales actuantes. Luego también renunció.
También dejaron sus lugares la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, y la directora de Migración, María René Quiroga. Esta última escribió en su despedida: “lo que los han maniatado, los han golpeado, como mujer, como madre, como abuela, yo no puedo soportar y al ser Migración una institución que depende del ministerio de Gobierno, tengo que alejarme”.
Morales reemplazó rápidamente a Llorenti y Chacón, agradeciéndoles su labor. Y pidió disculpas a los pueblos indígenas por una represión que él había sufrido muchas veces como cocalero. Lo más importante es que decidió suspender los trabajos de la carretera hasta que la población de Cochabamba y Beni lo resuelva en una consulta popular. Así lo anunció al día siguiente de la emboscada policial, en rueda de prensa en el Palacio Quemado.
Aunque el mandatario no ordenara semejante atropello, éste tuvo luz verde de ministros o vices o jefes policiales. Por lo tanto es lógico que deba hacerse cargo de la responsabilidad política de lo sucedido, porque los actuantes fueron sus ministros y su policía. Lo rescatable es que Evo hizo un mea culpa, aceptó las renuncias (en vez de sostener a funcionarios acusados) y formó una comisión investigadora integrada por Yoriko Yasukawa, representante en Bolivia de Naciones Unidas, Denis Racicot, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ministra boliviana de Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, y el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

Más oído en población.
La lección que quedaría para el mandatario indígena es que quizás tenga que prestar más atención a las demandas de su gente. Esto no significa imputarle que no lo haya hecho. En estos cinco años de gobierno Evo ha podido continuar con su gestión tan diferente a las neoliberales anteriores porque se ha basado en el apoyo popular. Así se explica que haya sobrevivido a los intentos de golpe y magnicidio en 2008, por parte de la oligarquía xenófoba de Santa Cruz de la Sierra y otros departamentos de la Media Luna.
Pero ya debió hacer una autocrítica y dar un paso atrás, cuando lanzó un paquete de medidas conocido como “el gasolinazo”, que provocaba alzas en el transporte y muchas mercaderías clave para la alimentación. Hubo serios incidentes y el gobierno fue reprobado por amplios sectores sociales, incluso los trabajadores y su tradicional Central Obrera Boliviana.
En ese momento fue llamativo que la población de El Alto, uno de los bastiones de Morales y el MAS, se expresara masivamente contra “el gasolinazo”. Era la rebelión de las bases propias.
La polémica carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), requería hacer una consulta popular en los dos departamentos, tal como lo prescribe la nueva Constitución de la Bolivia pluriétnica y plurinacional. Se la debió hacer antes del conflicto y no después.
Evo justificó la obra diciendo que venía aprobada por los presidentes que se alternaron en los últimos treinta años, con los planes respectivos. Y, más importante, que casi un centenar de organizaciones sociales, sobre todo del interior del Tipnis, había pedido ese camino con deseos de progreso. Y no sólo los pueblos originarios sino otros productores, por ejemplo, los de carne del Beni, que de ese modo no deberían desviar más su producción hacia el este, Santa Cruz, para luego retomar camino hacia el oeste.
Esta explicación presidencial es muy plausible. Pero Evo es un experimentado luchador y más reciente político, que debió darse cuenta de la oposición que podía gestarse al interior de los departamentos mencionados. Sobre todo, tuvo que verlo claramente a partir de agosto cuando empezó la marcha desde Beni hacia La Paz, con una gran cobertura mediática. En el Palacio Quemado saben perfectamente que un sector amplio de la prensa juega con los botines de punta contra “el indio”.
La obra, por 332 millones de dólares, fue encargada a la brasileña OAS, quien ya trabaja en los tramos I y III. El II es el de la discordia. Los críticos del proyecto califican a Evo como “un vendido” a Brasil y dicen que la ruta obedece al interés paulista de llevar sus productos hacia puertos del Pacífico. Esa crítica tiene la marca de la oposición conservadora en el orillo.

La otra cara.
Ahora corresponde indagar un poco en los costados menos positivos de los movimientos indigenistas de posturas anti-Evo como la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), presidida por Adolfo Chávez y la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEM-B), de Bertha Bejarano.
En primer lugar hay que decir que la marcha no era numerosa. Las agencias noticiosas hablaron de 1.500 integrantes y el enviado de Telesur en el lugar, Freddy Morales, sostuvo que el lunes en San Lorenzo-Yucumo se reagrupaban 500 para proseguir la marcha a la capital. No todos eran del Tipnis pues muchos venían de otras ciudades. Evo insistió en que muchas organizaciones lugareñas le habían solicitado hacer la carretera…
Desde el 15 de agosto, cuando empezó la movilización en Beni, la mitad de los 20 ministros de Evo fueron a dialogar con los dirigentes de las organizaciones.
La voluntad de diálogo faltó en aquéllas, que incluso llegaron a tomar de rehén al canciller David Choquehuanca, para obligarlo a caminar en la primera fila como “escudo humano” para poder traspasar uno de los cordones policiales.
Entre los requisitos sine qua non de los marchistas estaba la suspensión definitiva de la ruta pero también otros puntos. Algunos eran delirantes, como que se dejara de lado la perforación petrolera en el Parque Nacional Aguaragüe. Evo lo rechazó. Como explica Federico Fuentes (“Las ONG equivocadas respecto a Morales y la Amazonía”, en Rebelión), “esos yacimientos representan un 90% de las exportaciones de gas de Bolivia y constituyen una fuente vital de fondos que el gobierno de Morales ha estado utilizando para encarar la pobreza y desarrollar la economía de Bolivia”.
Entre los ecologistas que apoyan la marcha hay muchos buenos amigos de la embajada norteamericana en La Paz y la USAID, que en nuestros países funge como colateral de la CIA (los Tupamaros lo pusieron de resalto con Dan Mitrione cuarenta años atrás). En La Paz funciona la Liga por la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), una de las varias ONG dependientes de los dólares de EE UU.
Esa clase de ecologismo, aparte de estúpido resulta funcional al imperio, en su campaña contra Evo Morales. Así se entiende que algunos medios denunciaran que en la represión del 28/9 murieron 4, 6 o 7 personas. “Marchistas denuncian un lactante muerto y 37 desaparecidos, de los cuales siete son niños”, mal informó Andrés Gómez, director de Radio Erbol, a través de su cuenta en Twitter.
Era todo falso, pero muy útil para desprestigiar al gobierno, que el 16 de octubre promueve elecciones generales para elegir democráticamente y en forma inédita a nivel latinoamericano y mundial, a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. La embajada gringa, los medios, la derecha de Convergencia Nacional, enloquecidos, se hicieron súbitos ecologistas.

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