Fallas del gobierno en temas que supieron ser su costado fuerte

Sólo los críticos menos objetivos del gobierno negaban el avance del país en derechos humanos. No es que haya desaparecido tal progreso, pero algunas represiones policiales, la ley antiterrorista y el Proyecto X lo oscurecieron.
EMILIO MARÍN
Si la presidenta atesoró en octubre el 54 por ciento de los votos, fue porque su gestión había mejorado en menor o mayor medida la situación económica de la mayoría del electorado.
Pero no sólo de pan vive el hombre. También era mucho mejor la situación de los derechos humanos, algo altamente sensible en un país devastado por el terrorismo de Estado de la dictadura y con una justicia cercana a cero durante las leyes del perdón y los indultos (estructura que elogió el tirano Videla en un reportaje a la publicación española Cambio 16, con lo que tira tierra a los ojos de los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem).
Sin embargo en la última semana se empañó la visión sobre ese costado positivo de la administración Fernández de Kirchner, que había comenzado a ser tal con el gobierno de su esposo.
Ver a la infantería de la Policía Federal reprimiendo en la 9 de julio a ex soldados movilizados en el continente durante Malvinas, regurgitó el amargo sabor de veces anteriores. Aún peores habían sido las represiones policiales en Belén y Tinogasta, Catamarca, con decenas de heridos entre manifestantes que protestaban contra la megaminería.
Para colmo, como esos emprendimientos a cielo abierto son llevados adelante por corporaciones extranjeras, el resultado concreto de esos desalojos y represiones es que la Policía y los gobernantes apelan a esos procedimientos en contra de sus poblaciones y a favor de las multinacionales. Estas dejan aquí sólo el 3 por ciento de regalías, con sabor a nada.
Eso no fue todo. Detonó otra discusión que amenaza con astillar el bien ganado prestigio de este gobierno en cuanto a libertades democráticas. Es que se ventiló la existencia del Proyecto X de Gendarmería, que infiltra agentes de civil en las protestas sociales, para recabar información y nutrir así ese programa o software con datos sobre quiénes protestan, domicilios, patrimonios, gustos, tendencias políticas y gremiales, etc.
El origen del escándalo se remite a una denuncia hecha en 2009 por organismos de derechos humanos y dirigentes gremiales de Kraft, que en medio de sus reclamos por despidos y represión habían cortado varias veces la Panamericana. Ellos se presentaron ante el juzgado de Norberto Oyarbide con ese señalamiento en contra de la citada fuerza. Y el jefe de la misma, comandante Héctor Schenone, ante el requerimiento del juez, confirmó el 22 de diciembre pasado que hacía inteligencia con el Proyecto X.
Los denunciantes en esta causa Kraft alertaron que con esos métodos propios del pasado hay 40 personas procesadas y pusieron de resalto que Gendarmería no pudo haber procedido de ese modo sin un conocimiento previo del Ministerio de Seguridad y el Ejecutivo. Último pero no menos importante, el Proyecto X estaría violando la ley de Seguridad Interior, Nº 25.520. Nilda Garré negó que el gobierno admita el espionaje, prometiendo investigar y ser inflexible. Aníbal Fernández, en cambio, negó de plano el problema. "Qué plan X ni ocho cuartos, de qué estamos hablando", expresó, casi convertido en un barra brava de su equipo, Quilmes, de tan buena campaña en la B.

Ojo con lo social.

El senador Fernández no defendía tanto al comandante Schenone como a sí mismo. Cuando fue ministro de Interior y luego de Justicia y Seguridad, incluso luego de ser promovido a Jefe de Gabinete, y hasta el momento en que fue asesinado el joven Mariano Ferreyra, el funcionario tuvo a las fuerzas policiales y de seguridad girando en su órbita. AF se estaba defendiendo a sí mismo. Por eso empleó el juego de palabras de que la actuación de Gendarmería en Kraft y en otros casos no era una "tarea de inteligencia" sino una "tarea inteligente". Se trata de un asunto lo suficientemente grave como para no andar haciendo chistes o haciéndose el gracioso.
El 2012 pinta como un año muy movido, con huelgas y movilizaciones de trabajadores, vecinos y muchos otros actores sociales. Y es un asunto clave que el gobierno nacional recupere su buena conducta democrática, deteriorada por las represiones policiales, de las que la más grave se registró en Tinogasta.
Los cinco gremios docentes nacionales han rechazado la propuesta del ministro Alfredo Sileoni, de un salario inicial de 2.800 pesos y un aumento de 40 pesos al Incentivo Docente. Como los sindicatos pedían un mínimo de 3.000 pesos, no hay tanta diferencia y puede haber un arreglo de último momento. Pero si no lo hubiera y los docentes comienzan el año lectivo con algunos paros y marchas, es de desear que la policía no los mal trate como hizo con esos ex soldados movilizados en el continente durante Malvinas.
El panorama gremial es de mucho enojo por el diferente trato dispensado por el gobierno a sus reclamos, en beneficio con la corporación legislativa, que obtuvo aumentos del 100 por ciento. Esa disconformidad puede ser fuente de un enojo extra en las manifestaciones gremiales, y no debe ser reprimida sino solucionada en sus causas y orígenes. O sea, concediendo los aumentos que piden los gremios, del orden del 30 por ciento, bastante por debajo de lo que se llevaron diputados y senadores.
La desubicación del gobierno en el tema es evidente.
El titular de Diputados, Julián Domínguez, para justificar el aumentazo de dietas, declaró que hay que pensar en un legislador que viene de Jujuy, que tiene que alquilar, atender a su familia, alimentarse y vestirse, etc. Muy bien. Pero si en vez de emplear la palabra "legislador" se ponía de ejemplo a cualquier familia argentina, de Jujuy a Ushuaia, y de Cuyo hasta La Plata, también era procedente la necesidad de un aumento sustancial de ingresos. Domínguez pensaba solamente en 72 senadores y 257 diputados. ¿No será mejor poner en foco la situación de 40 millones de argentinos que no están en el edificio de Avenida Entre Ríos y Rivadavia?
Esos legisladores ganarán ahora 35.000 pesos con opción a 50.000 si canjean los tramos de pasajes libres, más el rubro desarraigo. Los sufridos maestros están penando para que les fijen un piso de 3.000 pesos. No es demagogia preguntar:.¿son dos Argentinas?

Dos cosas bien hechas.

Los desarreglos del gobierno de Cristina Fernández son erróneamente elogiados como cosas que figuran en su haber. Por caso, la ley antiterrorista fue piropeada en París por el GAFI, según testimonio del ministro Julio Alak, por significar un avance del país en controlar el lavado de los fondos ilegales.
A contramano de la realidad, esa entidad financiera internacional alaba lo mismo que causa preocupación a los organismos de derechos humanos, al juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, al Nobel Adolfo Pérez Esquivel, al periodista Horacio Verbitsky, etc.
Esos serios despistes del oficialismo no invalidan que hay políticas muy bien hechas, mal que les pese a la oposición conservadora y los monopolios mediáticos. Estos, oportunistas a ultranza, dan cámara a Tinogasta (TN) no por afinidad temática sino por el mero hecho de lesionar al gobierno.
Una cosa bien hecha, y que sigue andando, es la política de derechos humanos. Entre los nuevos juicios por violaciones a esos derechos, comenzó uno en Córdoba contra tres policías que fusilaron en 1976 a tres jóvenes de la JUP. Pero también fue importante que deliberara en Tucumán la cámara que juzga a trece personas por la desaparición de Marita Verón, en el marco del horrendo delito de la trata de personas, una temática aparte pero muy relacionada con aquellos derechos.
Esos avances son positivos y explican la furiosa reaparición del dinosaurio Videla, ventilando su odio a la democracia a través del reportaje de Cambio 16. De todas las barbaridades que afirma allí, posiblemente la más grave es su apreciación de que el gobierno kirchnerista habría creado una situación más grave que la de Isabel Perón en 1975-1976. Ese no es un análisis político sino un llamado encubierto a un nuevo golpe de Estado, sólo con el inconveniente para Videla y los suyos de que hoy eso no es posible.
A la opinión pública y el mismo gobierno nacional, semejante amenaza debería abrir los ojos de que esa derecha genocida puede dar manotazos de ahogado y conviene tenerla a buen recaudo, en cárceles comunes y no en sus domicilios.
La otra cuestión donde el gobierno merece un acompañamiento nacional es en sus reclamos de soberanía y diálogo sobre Malvinas.
A las declaraciones y nuevas gestiones del canciller en Centroamérica y el Caribe, más el pronunciamiento del Consejo Político del ALBA, hay que añadir, de resalto, el boicot de los gremios argentinos a los buques británicos, o con banderas de utilería de Londres.
La CATT, dirigida por el moyanismo, dispuso una demora de 12 horas a la carga y descarga de esos barcos, lo que afectará esos intereses. Sobre todo significa una señal modesta pero concreta de que con los argentinos y Malvinas no se juega. Las palabras están bien, pero con los hechos son mejores. Es así, por más que académicos como Luis A. Romero y periodistas como Sylvina Wagner y otros se envuelvan, urondos y gorilas, en la Union Jack.