Funcionando a presión

La Justicia provincial, ya sea a través de jueces o fiscales, comenzó a autorizar con mayor celeridad los botones antipánicos a víctimas de hechos violentos, ya sea por agresiones por cuestiones de género o de robos armados cuando los autores son dejados en libertad condicional. Los datos oficiales que se publicaron en este diario mostraron que se han distribuido diez aparatos en el último mes y medio, lo que habla de un mayor ritmo en la implementación de este novedoso sistema.
Durante el año pasado, desde que se puso en marcha esta metodología -a fines del mes de junio- hasta mediados de diciembre, se había entregado solamente uno de estos equipos de prevención de delitos. Y ello ocurrió recién en noviembre. En la Justicia se argumentó que la demora se había producido porque la Policía no aprobaba el protocolo para poner en marcha el nuevo sistema. Pero los retrasos tuvieron más que ver con la falta de decisión de los funcionarios judiciales, por ser los responsables de su entrega. De esta manera, había trescientos botones adquiridos que no eran usados por quienes los precisaban de manera acuciante.
En diciembre, luego del crimen de una mujer a manos de su ex pareja en Santa Rosa, comenzó un debate sobre la protección de las víctimas de violencia de género y de la falta de atención de la Justicia en algunos casos que llevó a jueces y fiscales a poner el acento en la entrega de estos equipos.
Nuevamente la Justicia, como ha ocurrido en otros casos -la puesta en práctica en la capital provincial de los juicios directos para delincuentes atrapados en flagrante delito-, ha movido sus resortes y prestado atención ante los reclamos que surgen en la sociedad y recogen los medios de comunicación. Es de aguardar que en adelante no deba esperarse a que se registre una víctima mortal para agilizar los trámites necesarios.

Un oscuro organismo
La presidenta decidió, luego de las sospechas surgidas en torno a la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, desmantelar la vieja estructura de la Secretaría de Inteligencia, ex SIDE, y enviar al Congreso Nacional un proyecto para conformar una nueva organización que tenga por un lado más transparencia y control por parte de las instituciones democráticas, y por otro sustraer su actividad del poder político. Entre otras modificaciones, se contempla el aumento de las penas a los agentes del organismo que, como lo han hecho hasta ahora, manipulen o trafiquen la información sensible y de carácter secreto que tienen bajo su poder. En muchos casos se trata de operaciones desde adentro que han servido no solo para desviar investigaciones judiciales en curso sino también para "ensuciar" a dirigentes o a figuras públicas.
La jefa de gobierno ya había avanzado para desmantelar los manejos turbios de una estructura que ha sido considerada corrupta y utilizada con fines políticos. Desde su creación en los años cincuenta ha estado vinculada con la represión política. En la última dictadura, los "servicios", tanto personal militar como civil, fueron parte de la maquinaria del terrorismo de Estado implementada por las fuerzas armadas para hacer desaparecer a miles de personas.
La presidenta primero cambió la SIDE por la SI, y luego, hace algunas semanas, descabezó el organismo y quedaron afuera agentes históricos que habían sido parte de la dictadura militar y habían estado involucrados en oscuros manejos en causas como la del atentado criminal contra la AMIA. El caso Nisman -todavía en pleno proceso de investigación judicial- parece haber sido parte de una trama vengativa de aquellos que se quedaron afuera luego de la decisión gubernamental.