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Funes, el desmemorioso

BELIGERANCIA DE LA INDUSTRIA Y DEL SECTOR RURAL

La Aduana denunció a 19 frigoríficos ante la Justicia por evasión tributaria y menor ingreso de divisas al mercado cambiario y les impuso multas por casi 6 millones de dólares. En el listado de las firmas denunciadas figura Sociedad Anónima Carnes Pampeanas y Frigorifico General Pico S.A.

Por Horacio Verbitsky

La designación de Daniel Funes de Rioja como presidente de la Unión Industrial (UIA) muestra una disposición beligerante contra el gobierno y los trabajadores por parte de las mayores empresas locales y transnacionales que controlan la organización. Fundada hace trece décadas con el propósito de proteger la incipiente industria argentina contra la política aperturista del comercio importador, siempre había sido presidida por un industrial. Funes, en cambio, es un abogado que trabaja para empresas y su especialidad es la racionalización de personal, la reducción de derechos y el ajuste salarial, aunque su biografía oficial lo presente como experto en derecho constitucional y ciencias políticas.
A esto se suma la animosidad contra el gobierno de la Sociedad Rural y sus socios en la Mesa de Enlace, que amenazan con nuevas medidas de fuerza ante la intervención estatal para reducir el precio del asado de tira y otros cortes populares de carne vacuna.
De este modo, en la primera semana del invierno el frente patronal termina de alinearse con los planteos de la Asociación Empresarial (AEA), conducida por el jefe del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a pocos meses de elecciones legislativas que todos consideran cruciales, en medio de una difícil negociación por la deuda que el gobierno anterior contrajo con el Fondo Monetario Internacional, cuando el país está a dos semanas de los 100.000 muertos por Covid-19 y se anuncia una tercera ola, con una mutación del virus que en todo el mundo se presenta como más contagioso y de mayor letalidad.
Al mismo tiempo, la calificadora de riesgo crediticio Morgan Stanley rebajó la categoría de la Argentina de mercado emergente a standalone, que podría traducirse como «un caso aparte», y que la Argentina comparte con Jamaica, Panamá, Trinidad & Tobago, Bosnia, Malta, Zimbabue, Líbano y Palestina. Esta es una decisión política, ya que el anuncio atribuye el descenso a las medidas de control del movimiento de capitales. Lo que se castiga es la decisión argentina de defenderse de la especulación y la corrida.
No obstante, el Presidente Alberto Fernández confía en la victoria electoral del FdT y muestra en la intimidad una calma que luego no se refleja en la cobertura de los grandes medios comerciales, que ya se acostumbraron a masacrarlo por cualquier cosa, como si fuera Cristina. La semana pasada, los diarios Clarín y La Nación anunciaron que no aceptarían publicidad oficial, a raíz de la sanción de una ley que condiciona su asignación a la equidad en la representación de género. Pero este gesto no se extendió a sus medios audiovisuales, que concentran las mayores cuotas publicitarias, y varios tribunales en distintos lugares del país concedieron medidas cautelares que suspenden la declaración de Internet y televisión como servicio público y regulación estatal de sus precios.

Un hombre del ’76

Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, profesor de derecho constitucional en la Pontifica Universidad Católica (PUCA) y director de estudios laborales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Funes llegó a la presidencia de la UIA en lugar de Miguel Acevedo como culminación de una extensa carrera internacional que comenzó con el golpe cívico militar de 1976.
Ese año, por primera vez integró la representación patronal ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. La OIT es una organización de las Naciones Unidas tripartita, con representación de los gobiernos, los patrones y los trabajadores. La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y los representantes patronales defendían en ese encuentro anual de Ginebra la desposesión de derechos de los trabajadores que fue una de las motivaciones principales para el derrocamiento del gobierno de Isabel Martínez de Perón. En los últimos años, Funes impulsó allí el desconocimiento del derecho de huelga y del salario mínimo y vital, instrumentos fundamentales de los trabajadores.
La entidad patronal es la International Organization of Employers (que Funes encabezó entre 2014 y 2017). En más de un siglo, sólo tres veces los patrones presidieron la Conferencia anual de la OIT. Uno de esos tres nababs fue Funes, durante la 103ª Conferencia Internacional del Trabajo, en 2014. En la década previa fue Vicepresidente del Consejo de Administracion, que es el ámbito ejecutivo de la organización, entre 2001 y 2013. Así consta en el libro que los patrones difundieron por el centenario de su organización También presidió el Grupo de Empleadores de la OEA, desde 1995 hasta 1998, e integró el comité coordinador de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, en 2002.

El derecho de huelga.

Sus posiciones guardan una estricta coherencia. En 1983, el Comité de Expertos de la OIT afirmó que el derecho de huelga «es uno de los medios esenciales disponibles para los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y protección de sus intereses económicos y sociales». Pero durante la 103ª Conferencia de la OIT, que Funes presidió, los empleadores cuestionaron que el derecho de huelga hubiera sido reconocido en el convenio 87 sobre la libertad de asociación, de 1949, y en el Convenio 98 sobre Negociación colectiva y el derecho a organizarse. Funes impuso en la agenda ese tema, al que se oponían los trabajadores.
En el documento que presentaron, sostienen que «los Convenios 87 y 98 de la OIT no reconocen el derecho de huelga, ni los constituyentes tripartitos pretendieron incluir este derecho en el proceso de la creación ni en la adopción de los instrumentos» y alegan que el convenio se relaciona con la libertad de asociación y no con el derecho de huelga. El razonamiento bizantino que emplean es que la Recomendación nº 92 sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios aprobada en 1951 hace referencia a huelgas y lockouts en un lenguaje neutro y no intenta regularlos y, si bien indica que «ninguna de las disposiciones de esta Recomendación podrá interpretarse en modo alguno en menoscabo del derecho de huelga», no es vinculante, ya que «no reconoce ni regula el derecho de huelga». Sobre el Convenio nº 105 aducen que contiene una referencia a «huelgas», pero no al «derecho de huelga». Sin embargo, la Comisión de Expertos de la OIT en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Ceacr, por sus siglas en inglés) estudia todos los años numerosos casos que implican disposiciones nacionales o prácticas que restringen la acción de huelga. En más del 90% de esos casos, los Expertos concluyen que «las restricciones a la huelga, ya sean de facto o de jure, no son compatibles con el Convenio. De ahí que hayan formulado un completo corpus de legislación en materia de huelgas minuciosamente detallada que equivale en gran medida, casi sin restricciones, a la libertad de huelga». La entidad patronal entiende que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no es relevante para esta cuestión, ya que establece varios derechos fundamentales en términos generales, que «solamente son recomendaciones, y su cumplimiento no es obligatorio». Luego de analizar otros instrumentos regionales y globales de derechos humanos, concluye que el derecho de huelga debe ser regulado por cada país, y nada dice de la índole del gobierno del que se trate.

Contra el salario vital y mínimo.

La cruzada de Funes se extendió también al salario vital y el Convenio 131 que establece que para definir los salarios mínimos se deben considerar (entre otros factores) las necesidades de los trabajadores y las familias. El salario vital ingresó a la constitución de la OIT por el tratado de Versalles, hace más de un siglo y también es mencionado en el documento sobre el Futuro del Trabajo, de 2008. Pero los empleadores proponen en forma pública no ratificar ese convenio, lo cual se aparta de los usos y costumbres de la OIT, por los que la ratificación de un Convenio votado en la conferencia, solo consiste en la adecuación a las condiciones nacionales. Durante la presidencia de Funes, la Organización Internacional de Empleadores emitió una guía sobre el salario vital y un documento sobre el salario mínimo.
El concepto de salario vital, dicen los patrones, es problemático por «su vaga naturaleza». La dificultad para manejarlo lo torna «contraproducente en términos de mejorar la protección de los trabajadores y disminuir la informalidad». Se supone que el salario vital debería contribuir a la reducción de la pobreza, pero como señaló la OCDE, los hogares más pobres son aquellos en los que ninguno de sus miembros trabaja y en los que, por lo tanto, ningún salario ni vital ni mínimo contribuye directamente a reducir su pobreza. «Los salarios mínimos podrían, a medio y largo plazo, acrecentar la pobreza y el desempleo (especialmente entre trabajadores con escasa productividad), y dificultar el desarrollo empresarial». Un «salario mínimo excesivamente elevado» podría resultar incluso contraproducente para la creación de empleo y la competitividad de las empresas y tener un efecto adverso sobre el desarrollo económico. También objetan los conceptos de calidad de vida y de necesidades básicas a cubrir por el salario mínimo. «La ambigüedad intrínseca del concepto hace probable que dé pie a niveles salariales demasiado elevados y a crear dilemas para las empresas, con las consecuentes consecuencias negativas para la creación de empleo y la competitividad. También afecta a la capacidad que tienen las empresas para sobrevivir en la economía formal. Además puede reducir la capacidad de los empleadores de contratar y pagar a sus trabajadores y, por lo tanto, puede reducir el número de empleos».
Hace dos años, cuando se discutió la declaración del Centenario de la OIT, los empresarios amenazaron no firmarla si mencionaba el salario vital o de subsistencia y forzaron reemplazar ese concepto por el de salario mínimo adecuado, lo cual sumergió el tema en un mar de ambigüedad. Esa ofensiva fue dirigida por Funes. Su último logro, nada menor, fue conducir a la abstención a los empleadores de la Argentina, de América Latina y a muchos asiáticos cuando se trató el Convenio 190 de 2019 sobre la violencia y el acoso. La excusa que presentó ante el fastidio de la UIA fue que debía mantener unido al Grupo Latinoamericano (Grula), lo cual implica nivelar por abajo. Producido el cambio de autoridades nacionales, el actual gobierno ratificó ese convenio en febrero de este año.
Se comprende la animosidad de Funes con el gobierno, que mantiene la palabra empeñada para que este año el salario crezca por encima de la inflación. La semana pasada, Alberto junto con Axel Kicillof acompañaron a Sergio Palazzo en el congreso nacional de los bancarios. Palazzo es uno de los sindicalistas que renegoció la paritaria una vez que la pauta inflacionaria del 29% quedó desactualizada. La mayor preocupación oficial es que esos aumentos no sean capturados por el aumento de precios, pero eso no se logrará deprimiendo el salario sino controlando la inflación, esa tarea que para Maurizio Macrì era tan fácil. Luego de haber rozado el 5% en marzo, el IPC comenzó el descenso y en mayo fue del 3,3%. El gobierno estima que será similar en junio y que a partir de julio será de 2 coma algo.

Un poquito caminando y otro a pie.

El acuerdo con los acreedores del Club de París anunciado por el ministro Martín Guzmán permitió evitar el default, aunque sus efectos en los mercados financieros no impidieron la rebaja de dos categorías en la clasificación crediticia de la Argentina, lo cual precipitó una nueva caída de las acciones de las empresas locales que cotizan en Wall Street. Y está por verse si alcanza para detener la remontada del dólar paralelo.
El pago de 430 millones de dólares entre julio de este año y marzo del próximo y la bendición del FMI impartida por su vocero oficial en conferencia de prensa, difieren para marzo el pago de 2.000 millones de dólares y la renegociación sobre los intereses correspondientes. Fue imposible eludirlo, al mismo tiempo que se cumplían los pagos pactados con China, porque Japón y los accionistas europeos del FMI exigían el mismo trato. Por eso el decreto dice que se pagará «un monto equivalente al de otros compromisos bilaterales con terceros estados». A su vez, China condicionó su asistencia a la Argentina mediante la cesión de parte de los DEG que le correspondan, a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario. Para el FMI es problemático conceder a la Argentina mejores condiciones que las usuales, porque implicaría reconocer su corresponsabilidad en el préstamo descomunal concedido a instancias del ex Presidente Donald Trump, para facilitar la reelección de Maurizio Macrì.
La posibilidad de extender los plazos de repago con el Fondo cuando se celebre un acuerdo de Facilidades Extendidas no surgiría de una negociación nacional con el organismo, sino de una decisión general, que el Presidente Fernández analizó en su encuentro con el representante del Presidente Joe Biden para el Cambio Climático, el ex candidato presidencial demócrata y ex secretario de Estado John Kerry, el 14 de mayo, en Roma. Fernández propuso que aquellos países que reemplazaran combustibles fósiles por energías no contaminantes, recibieran mayores plazos para el pago de sus deudas con los organismos internacionales. Kerry dijo que le parecía viable, dado el interés en el tema demostrado por Biden, quien regresó al Acuerdo de París del que Trump había salido, y ya anunció varias medidas de protección del medio ambiente en su país, interrumpiendo perforaciones y tendidos iniciados en la gestión anterior. Si lo conversado con Kerry es viable se sabrá en dos semanas, cuando los ministros de Economía y los banqueros centrales de los países del G-20 se encuentren en Venecia.
La última semana, el ENRE dictaminó de modo favorable a la venta de Edenor a José Luis Manzano y Daniel Vila, cuando faltaban pocos días para que se venciera el plazo. El Presidente instruyó al regulador Federico Basualdo:
-Si hay alguna objeción técnica, lo dictaminás y lo frenamos. Pero si no hay objeciones lo aprobás. Lo que no quiero es que se caiga porque no nos pronunciamos dentro del plazo.
-No hay objeciones técnicas- fue la respuesta.
Si en un punto no hay disidencias entre el Presidente y su Vice (ni con el ministro de Economía Martín Guzmán) es en reclamar que no se cobre la sobretasa de 3 puntos porcentuales que la Argentina debería pagar por haber excedido el monto del préstamo recibido en relación con su cuota en el FMI (4,5 en vez de 1,5%). De otro modo, ningún acuerdo sería aprobado por el Congreso, que ha recuperado por ley la atribución del artículo 75 de la Constitución de «arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación», y que Guzmán le recordó en la cara a Funes el desmemorioso en el desayuno de la semana pasada en los jardines del Four Seasons.
Por lo pronto, en el gobierno no piensan que el aumento en la cotización del dólar obedezca a una operación concertada, más allá de la regularidad con que estas presiones ocurren en años electorales. Lo atribuyen más bien a la abundancia de pesos en circulación, a la merma de la oferta de dólares bolsa porque los obligados por la ley del aporte solidario ya se hicieron de los pesos para pagarlo, al incremento de las importaciones energéticas dado el fuerte crecimiento de la economía y a la minúscula dimensión del mercado paralelo: dos operaciones por 100.000 dólares cada una realizadas el jueves, movieron la aguja hacia arriba. Frente a esta situación hay dos alternativas: o más restricciones o aumentar la oferta de dólares. La última es la opción que prefiere Guzmán.

El hombre es bueno…

El apotegma peronista «El hombre es bueno pero si se lo vigila es mejor», parece dar resultados. El discurso clásico es que los precios internacionales de los bienes transables determina el que se cobra en el mercado interno, lo cual explica la utilidad de las retenciones. Pero en el caso de la carne bovina esto funcionaba al revés. El promedio de venta en el mercado externo era de 200 pesos por kilo, pero dentro del país había que pagar 600. Esta constatación condujo al cierre por un mes de la exportación de carne bovina, mientras la DGI y la Aduana concluían una investigación iniciada a fines de abril con 190 inspectores sobre los 154 mayores frigoríficos del país, distribuidos por todo el país pero la mayoría en el área metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Esas empresas explican el 72% de la faena total, entre 2018 y 2020 comercializaron un total de 582.000 cabezas de ganado y facturan cada una más de 250 millones de pesos anuales. Así se confirmó lo que parecía evidente en forma intuitiva: la facturación real era muy superior a la declarada.
Como conclusión, la Aduana denunció a 19 de esos frigoríficos ante la Justicia por evasión tributaria y menor ingreso de divisas al mercado cambiario y les impuso multas por casi 6 millones de dólares. Los «usuarios de servicios de faena», que carecen de una condición económica que permita explicar el movimiento de animales realizado, «contratan» los servicios de frigoríficos, denunció la AFIP. Una de las hipótesis de trabajo explorada por los inspectores de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que recurren al uso de facturas apócrifas constituyen una pantalla para algunos frigoríficos que les permite evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios.
– Los frigoríficos denunciados declararon exportaciones de hueso y de carne no apta para consumo humano, mercadería, que paga un 5% de Derechos de Exportación.
– Pero la fiscalización detectó que se trataba de alimento apto para consumo humano, tal como lo había certificado el Senadas en los permisos de embarque. Su alícuota es casi el doble, el 9%.
– Las exportaciones de las firmas denunciadas tuvieron como destino más de diez países, pero el grueso de los embarques se despacharon hacia China.
– Luego se revisaron todos los permisos de embarque de exportaciones que habían salido del país como si se tratara de mercadería no apta para el consumo desde marzo de 2020 y se detectó que las firmas denunciadas declararon exportar carne con hueso, cuando en realidad era mercadería apta para el consumo humano. Además de la evasión impositiva de 4 puntos, al declarar exportaciones de productos que tienen un menor valor en el mercado, las maniobras también implicaron un retaceo en el ingreso de divisas al mercado cambiario.
Esta es la lista de los frigoríficos denunciados: Sociedad Anónima Carnes Pampeanas; Azul Natural Beef S.A.; Frigorifico General Pico S.A.; Conallison; Frigorifico Alberdi Sociedad Anónima; On Beat S.R.L.; Panoa S.R.L.; Arre Beef S.A.; Coto Centro Integral De Comercio; Friar S.A.; Industrias Frigoríficas Recreo; Procesadora Ganadera Entrerriana; Quickfood S.A.; Swift Argentina S.A.; Tutto Porky´S SRL; Logros S.A.; Marfrig Argentina S.A.; Carnes Sudamericanas S.A.; Black Bamboo Enterprises.
Además, se pudieron establecer estas infracciones:
– Subfacturación de compras: Peso y precios declarados en la documentación por debajo de los valores vigentes en la plaza así como la declaración de compra de animales de menor valor a los que realmente se comercializan.
– Compras no declaradas: Operaciones con productores que no están registrados y operaciones con productores registrados que no son declaradas (animales que son movilizados formalmente pero que luego no figuran en las declaraciones).
– Utilización de facturas apócrifas: Operaciones con comprobantes apócrifos, compras a productores que desconocen la transacción (facturas duplicadas), facturación de servicios inexistentes para equilibrar débitos y créditos ante ventas de carne omitidas.
– Subfacturación de ventas: Operaciones facturadas a precios por debajo de los del mercado y/o con menores cantidades declaradas.
– Empleo no registrado: Informalidad y precarización en las distintas etapas de la cadena productiva. Pagos de complementos de salarios no registrados y subdeclaración de los horarios de trabajo.
La autorización para exportar sólo la mitad que el año pasado debería aflojar la presión sobre la demanda y permitir el abastecimiento abundante y a precio razonable para los consumidores argentinos, además de marcar la decisión de las autoridades de ejercer el poder que la ley les confiere, sin dejarse amedrentar por las amenazas de represalias. El fastidio de la Mesa de Enlace se acrecienta por la decisión oficial de soslayar a sus miembros y negociar el nuevo régimen con el Consejo Agroindustrial, donde está representada toda la cadena cárnica. La nueva Carta de Porte Electrónica puesta en práctica por la AFIP para el transporte de granos por camión y ferrocarril también enardece los ánimos ruralistas, ya que permitirá la trazabilidad y el control en cualquier punto del trayecto. La actual Carta de Porte, en papel y de llenado manual, puede ser reutilizada y es una herramienta invalorable para la evasión fiscal. Está asociada a un Código de Trazabilidad de Granos (CTG), pero con el diseño actual los controles ruteros no pueden verificar los datos contenidos en el CTG ni su validez. Esto será subsanado por la nueva Carta Electrónica de Porte, obligatoria y con un código QR con los datos de la operación.
Quien encabeza la reacción destemplada de la Mesa de Enlace es el ex diputado de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, Jorge Chemes, quien preside Confederaciones Rurales. Esa entidad se declaró en estado de alerta y movilización y anuncia medidas de acción. En 2009, durante una asamblea con la que la SRA y CRA intentaban revivir el clima tumultuario del año anterior, el productor de la ciudad santafesina de Avellaneda Daniel Stechina dijo: «Esto no lo vamos a cambiar negociando. En nuestra zona los productores están dispuestos a que esta porquería que está en el gobierno se vaya a patadas… Hay muchos métodos psicológicos y de acción que se pueden implementar para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente, porque no es una institución el problema, el problema es la gente que está dentro del gobierno». Chemes asintió y sumó su propia gota de veneno: «Como en la guerra, hay que ir matando a los de la primera fila. Hay que barrer a la mayoría, a la mugre, para después sí empezar a remar… Hay que cortarles la mano a los Kirchner porque vienen por más».
En psicología eso se denomina mecanismo proyectivo.