Ganancias y la política tributaria

Una suerte de guerra por el Impuesto a las Ganancias parece estar librándose en territorio pampeano. Primero fue el gobierno provincial el que lanzó una modificación que beneficia a los empleados y funcionarios públicos al reducir sus aportes a ese tributo en tres de los ítems que constituyen las retribuciones salariales. A las pocas horas se oyó un enérgico cuestionamiento del gobierno nacional quien manifestó su oposición a la decisión pampeana y fue por más: anunció que apelaría a la Corte Suprema para anularla. Luego salieron las organizaciones gremiales a respaldar la medida del Ejecutivo pampeano y de inmediato el intendente santarroseño anunció su rechazo a aplicar el mismo criterio con los trabajadores municipales. Por último se divulgó que el gobierno nacional ya está aplicando el mismo mecanismo que le objeta a La Pampa y que beneficia con una reducción de Ganancias a los agentes de los ministerios bajo su órbita.
La deducción que comenzó a implementar el gobierno provincial no es original y tiene frondosos antecedentes. Fue aprobada por la Corte Suprema, aplicada para los empleados judiciales de todo el país, para los del Congreso de la Nación y luego tres provincias patagónicas lo extendieron a sus jurisdicciones.
Pero el debate es más profundo y debe tomar en cuenta la senda económica que transita el gobierno nacional y la anunciada reforma tributaria que va a presentar al Congreso para su tratamiento. No debe olvidarse que el macrismo anuló de un plumazo, apenas asumió, las retenciones a los más poderosos sectores exportadores: agro, mineras y algunas industrias. También redujo sustancialmente otros impuestos progresivos como Bienes Personales, el gravamen a los automóviles de alta gama y a otros artículos suntuarios. En cambio su resonante promesa electoral de eliminar Ganancias a los asalariados la incumplió y sólo realizó una modificación, a un año de asumir, urgido por la oposición que intentó llevar a la práctica aquel anuncio de campaña.
Ese trato tan benevolente hacia los sectores económicos más poderosos y tan severo hacia los asalariados está en sintonía con el perfil ideológico del macrismo. De ahí que no pueda sorprender que ahora la Casa Rosada cuestione este beneficio impositivo a los trabajadores del Estado pampeano y le resulte indiferente que esa masa dineraria pueda volcarse al consumo interno y beneficiar a la economía provincial.
Para un gobierno neoliberal las prioridades son muy distintas, como lo viene mostrando el macrismo en su gestión. De ahí que su proyecto de reforma impositiva genere tanta desconfianza y nadie espera que cumpla con el principal objetivo de toda política tributaria: redistribuir la riqueza que genera una sociedad para atenuar las enormes diferencias económicas entre los sectores más acaudalados y los más pobres.
El sistema impositivo argentino arrastra desde hace tiempo un sesgo regresivo. El impuesto que mayor recauda para el fisco es el IVA: el 28,5% del total. Ganancias, en cambio, luego de un pico de 24,8% en 2015 descendió a 20,9% en 2016. Y Bienes Personales del 1,2% al 0,9%. Se puede ver claramente que los tributos que gravan la renta y la riqueza recaudan menos que los que gravan el consumo, con lo cual, en términos relativos, los sectores populares terminan sufriendo una mayor carga impositiva que los más pudientes.
¿Alguien puede pensar todavía que el macrismo esté preocupado por revertir, o atenuar, esta distorsión con su proyecto de reforma tributaria? La áspera reacción en contra de la iniciativa pampeana es una muestra acabada de cuáles son las prioridades del gobierno nacional, a qué sectores de la economía busca beneficiar y a qué sectores postergar.
La batalla por el Impuesto a las Ganancias que hoy se libra en suelo pampa contiene muchas aristas ocultas entre los ruidos que se oyen en la superficie.