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Gobierno y oposición, en onda pagadora de la deuda externa

LA SEMANA POLITICA

Después de las negociaciones y concesiones de rigor, diputados del gobierno y la oposición macrista votaron en alegre unidad la ley para negociar y pagar la deuda pública en dólares. De investigarla, nada. Tudo bem. Tudo legal.
SERGIO ORTIZ
Argentina sigue dando sorpresas. Era difícil pronosticar que la apocalíptica Elisa Carrió votara a favor de la pomposamente llamada «Ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública extranjera». El proyecto enviado por el ministro de Economía Martín Guzmán fue recibido el martes 28 en la Comisión de la Cámara Baja y con dictamen favorable pasó al plenario, que la votó masivamente al día siguiente. Ese miércoles 29 hubo tres votaciones para asuntos que tienen mucha vinculación entre sí.
Primero se avaló el Expediente 0073-S-2019, autorizando el ingreso de tropas extranjeras y la salida de efectivos propios. La luz verde fue para la entrada de 5.330 norteamericanos y un portaaviones, que sumarán como reclutas a 130 locales en el ejercicio aéreo y naval «Gringogaucho». Y también para que se realicen los operativos Unitas, igualmente navales, que EE UU viene haciendo en la región desde poco después de la irrupción de la revolución cubana. El sentido pro-norteamericano de esas maniobras militares está a la vista. Resultaría redundante decir que no apuntan a ejercitar a nuestra marina con vistas a recuperar las Malvinas…
Esa autorización tuvo el voto favorable de 214 legisladores de diversas bancadas, y solamente 2 se opusieron, del FIT. Si Nicolás del Caño y Romina del Pla hubieran dicho «son lo mismo» no habrían faltado a la verdad.
Después de esta muestra de buena voluntad hacia Washington en un tema estratégico, los legisladores analizaron la ley enviada por Economía. Faculta la negociación y autoriza el pago de los bonos de la deuda externa en moneda extrajera, para lo cual se utilizó un decreto de Mauricio Macri del año 2017 convalidando la prórroga de la jurisdicción extranjera. Si no hubiera acuerdo los acreedores llevarían el diferendo a la justicia neoyorquina que tan mal nos trató con el juez Thomas Griesa y sus fallos a favor de los «fondos buitres» de Paul Singer.
Otra vez se comprobó la vigencia del teorema de Baglini: mientras los opositores más se acercan al gobierno, más se alejan de sus propuestas más radicalizadas. En la campaña electoral de 2017 era común escuchar a los candidatos de Unidad Ciudadana y a CFK cuestionar en duros términos el endeudamiento externo. Y en la elección de 2019 hubo críticas más duras del Frente de Todos, de Cristina y Alberto Fernández, contra el híper endeudamiento macrista.

Sin chistar.
Esas críticas fueron muy fuertes contra el crédito del FMI en 2018 por 57.000 millones de dólares, que omitió los pasos administrativos y legales. Esos fondos, de los que se entregaron efectivamente 44.000 millones, sirvieron para la fuga de capitales y para financiar «la campaña electoral más cara de la historia», según cuestionó AF antes y después de las PASO de agosto.
En ese momento, Fernández involucró a las autoridades del Fondo como corresponsables de esa deuda espuria. Las acusó que sabían que esos fondos tendrían dos destinos: fuga y financiación de la reelección de Macri.
Como diputado nacional Axel Kicillof fue uno de los más incisivos en objetar la forma y el fondo de aquel endeudamiento. A mediados de 2017, las críticas se habían mezclado con las burlas para con el bono a 100 años por 2.750 millones de dólares emitido por el ministro de Hacienda, Luis Caputo.
En un giro copernicano, o baglinesco, el gobierno peronista redactó la ley de título tan rebuscado y anudó las alianzas con la oposición derechista para votarla. Y ese fue el resultado, pues la Cámara la sancionó con 224 votos a favor, sólo dos en contra, del FIT y una abstención, en tanto 29 se ausentaron al momento de votar, entre ellos dos diputados del PCR-Frente de Todos.
Cuando el Senado la convierta en ley, los acreedores extranjeros tendrán despejada la duda central, si es que la conservaban: el gobierno no investigará ni auditará ni menos repudiará parte alguna de la deuda externa. E irá a negociar a Nueva York y Washington, con algunas paradas previas en Buenos Aires, por ejemplo con la misión del Fondo que vendrá el 12 de febrero. El gobierno pedirá suspender tres años el pago del capital y alguna rebaja de los intereses que sí se pagarán, más una leve reprogramación de sus vencimientos.
Si a juicio de los acreedores esos pedidos fueran muy exagerados, tendrían dos cartas muy fuertes a jugar. Una es la amenaza de lo que Fernández y Guzmán juzgan como catástrofe: la caída de Argentina en default. La otra es ir con ese diferendo ante Loretta Preska, jueza de Nueva York que en 2018 reemplazó al muerto Griesa.
Así los bonistas privados y organismos financieros internacionales acorralan y ponen en jaque al presidente argentino, quien no piensa patear ese tablero de ajedrez. Su plan es presentar un frente interno lo más unido posible, incluyendo al macrismo, radicales y Carrió, como se vio el miércoles a la hora de los discursos y en los números finales de la pizarra. Esa sumatoria fue consecuencia de negociaciones previas entre Sergio Massa, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y otros operadores del gobierno, con los gobernadores de la oposición como Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, el jefe de gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta y los referentes opositores Mario Negri y Alfredo Cornejo, entre otros.

A cada uno lo suyo.
Cada parte se llevó su tajada. El gobierno peronista tuvo el voto opositor para exhibir ante el Fondo un respaldo «nacional».
Los opositores festejaron la creación de una mesa de trabajo para que las provincias negocien con Nación el vencimiento de sus deudas, que buscan demorar hasta 2024. Y también se alegraron con la tercera votación de ese miércoles: el Consenso Federal.
En 2016 Macri había firmado el Pacto Fiscal con los popes del interior que debían bajar los impuestos brutos, al mismo tiempo que caerían sus ingresos por la baja de impuestos como el IVA a los alimentos. Ahora los gobernadores arreglaron con Fernández el Consejo Federal para anular lo pactado con MM. El problema no era esa rebaja puntual del IVA, ya vencida, por lo que los precios de alimentos volvieron a empinarse y proporcionar más plata a las arcas provinciales. El tema era la baja de los Ingresos Brutos. Diputados votó anular aquel compromiso y las provincias volverán a subir esos impuestos; esto no significará mucha abundancia de recursos por lo súper endeudadas que están, en particular algunas como Córdoba, con el 90 por ciento de su rojo en moneda extranjera.
La votación sobre el Consenso Federal fue mayoritaria, pero no tanta como en materia de deuda externa: 157 a favor y 54 en contra.
Entre esos últimos estuvo Carrió que insistió en bajar Ingresos Brutos para favorecer supuestamente a las Pymes. En cambio fue memorable su discurso llamando a votar «por unanimidad» la negociación y pago de la deuda eterna. Dijo la matrona del ARI-CC: «hay momentos de un país donde todos debemos estar unidos. Como se dijo acá, el Presidente está facultado. Nosotros le tenemos que dar una fuerza conjunta al ministro de Economía, que hoy está en Washington».
Si la abrumadora mayoría de los 116 diputados del interbloque de Cambiemos presidida por Negri, o sea los del PRO, radicales y lilitos, engrosó semejante ley de negociación y pago de la deuda externa, entonces es muy difícil justificar esa norma como nacional o patriótica. Habrá que convenir en que ese sector político mantuvo cierta coherencia, al endeudar al país y ahora favorecer una negociación de lo que consideraron una deuda perfectamente legal. Ellos aplaudieron la «integración al mundo» y los acuerdos con madame Christine Lagarde, que prestó la suma más importante de la historia de la entidad por el supuesto prestigio del gobierno de Macri-Michetti.
En todo caso la incoherencia campea en el peronismo, que denunció en todos los tonos ese endeudamiento y advirtió contra sus consecuencias calamitosas para el país. Los últimos datos conocidos del Indec confirman esas denuncias, pues entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas, sobre todo chicas y medianas. También se supo de la misma fuente oficial que se perdieron 234.0000 empleos en el sector privado, de los que 170.000 fueron en la industria.
Así las cosas, no se debía aceptar negociar y pagar sin chistar ni auditar ni investigar una deuda denunciada política y judicialmente de odiosa e ilegal.
En cambio el ministro Guzmán prefirió los desayunos con la banquera Susan Segal y 50 miembros del Consejo de las Américas, como Pablo Golberg, del fondo Blackrock; Gerardo «Gerry» Mato, presidente para América Latina de HSBC; Eduardo Eurnekian de Corporación América y representantes de Bank of America y JP Morgan.
Todas las fichas se apuestan a giras presidenciales para estrecharse en abrazos con Benjamin Netanyahu, y ahora con el Papa y las autoridades italianas, alemanas, francesas y españolas, pidiendo auxilio.
Salvo el viaje a Israel, el resto de la diplomacia no es objetable. El problema no son esas escalas europeas sino el destino final del viaje: Washington, FMI y Casa Blanca. Ahí esta vez no aceptarán sonrisas ni palabras. Querrán dólares.