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Había varios malos y ahora volvió la Maldita Bonaerense

LA SEMANA POLITICA

El Covid-19 se ganó su fama de malo. Ya había malos políticos como Macri, malos jueces como Rosenkrantz, malos empresarios como Rocca y malos medios como Clarinete. Ahora refrescó su pésimo rol la Bonaerense.
SERGIO ORTIZ
Desde hace 180 días el coronavirus cultiva diariamente su fama de malo. Hasta ayer había enfermado a 536.000 habitantes y matado a 11.148. No sólo a argentinos, porque muchas víctimas son hermanos latinoamericanos que viven en este suelo. También se contabilizan víctimas de Malvinas, por más que allá se crean ingleses y en la Argentina continental no se haga mucho por su recuperación (una ministra progre como Elizabeth Gómez Alcorta anduvo de grandes charlas con el embajador británico y después de las críticas puso algo de distancia).
Ese virus criminal ve facilitada su labor cuando autoridades políticas nacionales y provinciales -muy evidente en CABA, Jujuy y Córdoba – levantan restricciones y facilitan una «normalidad» con gruesas comillas. Eso infectó más gente, en vez de proporcionar la inmunidad de rebaño. Claro que hay mucho rebaño de dos piernas: son burros que no usan barbijo, niegan la enfermedad y rebuznan barbaridades en castellano en marchas de la derecha política, sobre todo si tienen cámaras delante.
Cuando el Covid-19 se enfrentó a un gobierno firme y una población consciente y disciplinada, como en China, al final tuvo que recoger sus bártulos y tocar a retirada. Acá no fue así. Entre nosotros ya hay seis veces más infectados que en el país socialista asiático donde se descubrió el primer brote.
El criterio de ver el problema y sus circunstancias facilitadoras, es válido para analizar otros males. Por caso, la asonada de tres días que protagonizó la Mejor Maldita Policía Bonaerense (como bien la denominó Horacio Verbitsky, ironizando sobre la beatificación que Eduardo Duhalde había hecho de ella).
Por reclamos salariales se amotinó en Puente 12, La Matanza, y decenas de lugares públicos del conurbano, llegando a sitiar la residencia oficial del gobernador Axel Kicillof. Esa familia habrá recordado cuando fue patoteada por macristas en un Buquebus, de regreso de Uruguay. Ahora era peor porque los exaltados policías portaban pistolas y escopetas.
El gobernador informó rápidamente que habría aumentos para los uniformados, pero siguió la sedición. Y peor aún, se trasladó a Olivos, frente a la residencia del presidente que, al menos formalmente, no era parte del diferendo. Otra demostración de que no era un reclamo gremial sino una pulseada política con aquella excusa de base, pero un horizonte bien destituyente contra «el marxista» Kicillof y el presidente «socio de la corrupta CFK».
Alberto Fernández invitó dos veces a ingresar a la residencia a una delegación de 8 policías, para dialogar, pero no aceptaron. El diálogo no es su fuerte. Mejores son con la 9 mm.

Graves concesiones.
El presidente y el gobernador (más el fascistoide Sergio Berni) desgraciadamente prepararon el terreno para la asonada policial. En las semanas previas se acoplaron a la campaña de derecha a favor del desalojo policial de las muchas familias que, abandonadas en su extrema pobreza, habían ocupado terrenos en el conurbano bonaerense. De «usurpadores», «delincuentes» y otras lindezas los motejó el ministro de Seguridad de Buenos Aires, prometiendo restaurar la sagrada propiedad privada mediante acción policial.
Por esos días el gobierno nacional y provincial anunciaron un plan de seguridad. Gastarían 37.000 millones de pesos para hacer 12 cárceles, remodelar comisarías, comprar 2.200 patrulleros, contratar 10.000 nuevos policías y enviar otros 4.000 agentes federales al distrito. O sea, la gastada y nunca demostrada teoría de la mayor seguridad vía la fuerza policial, opuesta por el vértice a la doctrina de que ese objetivo se puede cumplir únicamente con mayor inversión en educación y cultura, creación de puestos de trabajo, una sociedad más justa y con más escuelas (no de policías).
Ese anuncio gubernamental de mano dura contra los misérrimos ocupantes de terrenos fue el aviso de que necesitaban a la policía. Y la Bonaerense, de buen olfato, sintió llegada su hora de la huelga y reclamo. «¿Me necesitan? Muy bien, este es mi precio», dijeron los uniformados. Entre ellos confluían malandras, coimeros, exonerados, represores y unos cuantos buenos policías, que en este caso sirvieron para decorar una fritanga de mal gusto.
Pese a que su acción sediciosa era peligrosa para la democracia y también para la salud de la población y los mismos amotinados, lamentablemente consiguieron gran parte de lo que exigían a punta de pistola, sin desenfundar. De un sueldo de 37.000 pesos pasarán a ganar de bolsillo, sumando las horas extras, unos 60.000, según el gobernador, quien, desubicado tras la extorsión, consideró «históricos» sus anuncios.
Lo peor es que los polis se fueron con esa plata en el bolsillo y ninguna sanción en su legajo. El cronista coincide con Graciana Peñafort, quien opinó que lo sucedido constituía delito de sedición y debía ser denunciado, originar sanciones y bajas del servicio al menos de varios cabecillas.
Por el momento no hubo ni habrá nada de eso. No se anunció ni un leve tirón de orejas a nadie. Y, felices, los amotinados se retiraron en los patrulleros que movieron de acá para allá como si fueran propios. Si hubiera algunas sanciones puede haber más reacciones policiales, lo que atemoriza al gobierno.
Además de esa actitud floja y cuasi claudicante, desde Olivos se promovió la desmovilización ciudadana cuando organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos y políticas habían anunciado una movilización en defensa de la democracia, el gobernador y el presidente. «No, gracias», dijo Alberto. Pareció una reminiscencia de la Semana Santa de 1987, cuando Raúl Alfonsín pidió a la multitud que se desmovilizara. «La casa está en orden», dijo. Esas Pascuas no fueron felices…

El amigo no era tal.
El apriete policial puso también de relieve que la seguridad ciudadana no se consigue meramente por la cantidad de efectivos y el calibre del armamento que exhiban.
Además de las condiciones políticas, económicas y culturales de la sociedad en que vivimos, que dista de merecer una buena nota y no sólo por las circunstancias de la pandemia, esas instituciones deberían tener una buena doctrina y mejores jefes, directos y políticos.
Al evaluar con esos criterios a la Bonaerense y en general a las policías de las demás provincias y la Federal, más Gendarmería y Prefectura, saltan a la vista los peligros.
No hay allí una formación política, democrática ni sanmartiniana. Su norte no es proteger a la gente sino al orden capitalista dependiente, la propiedad privada sobre todo monopólica y los negocios de la clase dirigente, incluidos los propios, de baja estofa, con barras bravas, narcos y otras ilegalidades.
La democracia y la vida están en riesgo recurrente con esos uniformados. Según la Correpi, entre el 20 de marzo y el 20 de agosto pasado, en la pandemia, hubo 102 muertos por «gatillo fácil» y violencia policial. Y de ellos, el 43 por ciento correspondió a la Bonaerense, la misma que se alzó con el premio de los aumentos salariales y el aplauso de los medios encabezados por Clarín, como si fueran héroes.
Los que se interesen en el prontuario de esa fuerza y sus jefes pueden leer los libros de Ricardo Ragendorfer, La Bonaerense y La Bonaerense 2. Solamente tipos como Eduardo Duhalde pueden elogiarla como en su tiempo de gobernador. Y al final, como devolviéndole el favor, esos amotinados le dieron algo de credibilidad a su advertencia de posible golpe de Estado en la Argentina actual.
Mientras los jefes de esas fuerzas sean comisarios del tipo de Pedro Klodczyk, Rubén Santos, Jorge «Fino» Palacios, Luis Patti y otros de esa escuela, no se puede esperar de la tropa una masiva conducta honesta ni democrática.
Con esa performance de muertes por abuso y gatillo fácil se evidencia que hubo algunas depuraciones y retiros pero nunca una democratización a fondo. Esas instituciones de (in) Seguridad siguen haciendo sus cursos de especialización con el FBI, la DEA y similares de Israel. Usan armamento y equipamiento comprados en esos países, vistos como sus ideales y referentes. Para estos devotos de los héroes de SWAT, George Floyd era un negro ladrón que tuvo su merecido, como tantos «jóvenes de la gorra» en nuestros barrios vulnerables, mapuches como Rafael Nahuel y el maestro en huelga, Carlos Fuentealba.
En estas condiciones políticas, evidenciadas por la sedición entre lunes y miércoles, sería una mala idea permitir la sindicalización de la policía, como esbozaron algunas voces del gobierno. Equivaldría a darle más potencia a sujetos armados antidemocráticos, que se mueven en patrulleros y reciben sueldos pagados por todos. Algunos son tan poco racionales como el que se subió a una torre y amenazaba arrojarse. Mejor es depurar y educar. Cuando esos policías aprueben Democracia 1 y 2, recién se puede hablar del gremio.
Hay que aumentar los sueldos de maestros, personal de salud y trabajadores en general, muchos sin Convenio Colectivo de Trabajo. Sus demandas, a veces airadas, son justas. Son personal esencial, van a pie, usan compu o bisturí, y no calzan 9 milímetros.