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Hablando de mafias

En la Argentina macrista vale todo. Incluso que la AFIP provoque la quiebra de una empresa y la «justicia» encarcele sin condena a sus dueños. El peritaje de la Corte Suprema en la causa de la empresa Oil Combustibles de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza no puede menos que provocar alarma. Los expertos del máximo tribunal del país detectaron una maniobra urdida por el ex titular de la AFIP para perjudicar a la compañía hasta llevarla a la bancarrota. El organismo recaudador mintió en relación al monto de la deuda, que era sustancialmente inferior a las cifras divulgadas y, todavía peor, obstaculizó el cumplimiento del plan de pagos con lo cual la deuda se volvió de imposible cumplimiento.
López y de Souza están presos sin condena. El año pasado, cuando un tribunal los liberó en virtud de la ausencia de razones legales para quitarles la libertad, se desató una presión incontenible desde el propio presidente de la Nación que derivó, lisa y llanamente, en la remoción manu militari de ambos magistrados en una operación de avasallamiento del Poder Judicial sin precedentes bajo un gobierno electo por el voto popular.
La suma de irregularidades de todo el proceso es un escándalo y solo el blindaje de la prensa ultraoficialista impide el conocimiento masivo de este fraude.
El peritaje se llevó a cabo por pedido del Tribunal Oral Federal 3 y es el primero que se realiza en la causa ya que, extrañamente, el juez Julián Ercolini, quien llevó adelante la investigación, omitió un trámite tan básico en una causa de esta naturaleza. Pero además todos los organismos que habían intervenido hasta ahora, y siempre con una ostensible tendencia a perjudicar a la empresa y sus dueños, dependen de la cúpula del Poder Ejecutivo: la AFIP, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y Vialidad Nacional.
Si antes de esta novedad ya se advertía que la acción penal iniciada contra los dos empresarios era arbitraria, ahora, con el dictamen de los peritos de la Corte, no quedan dudas de que estamos ante un caso flagrante de persecución. Lo peor es que se han utilizado en forma tramposa las instituciones del Estado, las mismas que deberían garantizar la aplicación ecuánime e independiente de la ley y de las normas administrativas.
Es imposible no comparar esta estafa cometida desde el Estado con las operaciones que tuvieron lugar durante la última dictadura para encarcelar y desapoderar de sus compañías a muchos empresarios marcados como «enemigos» del régimen. El caso más emblemático fue el de Papel Prensa, aunque no el único, de ahí que el silencio del Grupo Clarín no cause demasiada extrañeza. Pero además López y de Souza son también dueños de medios de comunicación que compiten con el mayor emporio periodístico del país y mantienen una línea crítica con el gobierno nacional.
Estos antecedentes son los que habilitan las peores sospechas, las que sugieren que están padeciendo esta persecución, intolerable bajo un sistema democrático, por «molestar» a su poderosa competencia y al gobierno. Y a esta altura bien se sabe que son dos aliados de temer.