¿Habrá juicio contra la Barrick Gold?

CONTAMINAR ES UN DELITO

Pese a que para las leyes argentinas, la contaminación del suelo, agua, atmósfera o ambiente en general, es una conducta criminal, hasta ahora no ha habido condena a las empresas que envenenan nuestro hábitat.
IRINA SANTESTEBAN
La ley de Residuos Peligrosos (24051) vigente desde 1991, dispone en el artículo 55 que tendrá condena a prisión de 3 a 10 años el que, “utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Y si de esa conducta resultare la muerte de alguna persona, la pena se eleva de 10 a 25 años.
Sin embargo, hasta el momento, sólo en una oportunidad se realizó un juicio oral por el delito de contaminación. Fue en Córdoba en 2012, cuando se condenó a un productor agropecuario y a un aeroaplicador, a 3 y 2 años de prisión en suspenso, respectivamente, por haber realizado fumigaciones en las proximidades de un barrio del sureste de la ciudad de Córdoba, llamado Ituzaingó Anexo.

Madres.
Así como contra la dictadura militar videlista, fueron las Madres de Plaza de Mayo las primeras en salir a manifestarse, en este barrio fueron un grupo de mujeres, preocupadas por los casos de cáncer y leucemia que sufrían muchos niños y también adultos, en una población relativamente pequeña (5.000 personas), las que comenzaron a buscar las causas de esas enfermedades, que superaban los índices normales. Y así fueron llegando a la conclusión de que eran las fumigaciones que hacían productores irresponsables, en campos muy cercanos al barrio, y que las sustancias que esparcían contaminaban el agua de los tanques, el suelo y afectaban también a las personas. Es que cada vez que pasaba la avioneta, quedaba un fuerte olor, además de producir picazón de garganta e irritación en los ojos; y de esta forma fueron haciendo denuncias que luego de muchos años (comenzaron allá por 2001), sirvieron para el juicio que se desarrolló en 2012 en la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba.
El juicio tuvo una gran repercusión porque fue el primero en su tipo, en un país donde las fumigaciones y el uso de agrotóxicos en la producción agropecuaria, vienen produciendo daños -algunos irreversibles- tanto en los recursos naturales como en la salud de las personas.

Condena ratificada.
El 17 de setiembre ppdo., el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de casación interpuesto por Francisco Parra y Edgardo Pancello en el juicio realizado en 2012, y confirmó así las sentencias condenatorias para ambos acusados. En el fallo, de 107 páginas, se realizan una serie de consideraciones relativas a las conductas desplegadas en una actividad como las fumigaciones en producciones agropecuarias, y su directa consecuencia sobre la salud de las personas cuando estas aplicaciones se realizan a poca distancia de centros poblados. Y llega a la conclusión que esa conducta debe ser restringida para el resguardo de la salud de los ciudadanos y del medioambiente.
Es que en la sentencia que condenó a Parra y Pancello, no sólo se tiene en cuenta la ley de Residuos Peligrosos, sino también, que las fumigaciones se realizaron sin respetar la ordenanza municipal que prohíbe la aplicación aérea de plaguicidas o productos similares, a menos de 2.500 metros de centros poblados. El campo de Parra, donde se comprobó que hubo fumigaciones y que fue Pancello el que las efectuaba, está ubicado a 400 metros de las humildes casas de barrio Ituzaingó.

Minería que envenena.
Sin caer en posiciones fanáticas, como suele padecer cierto activismo ecologista, y teniendo en cuenta que toda actividad productiva del hombre tiene un impacto en el medioambiente, de lo que se trata es de tener una actitud firme para evitar los daños sobre el medioambiente y las personas, en particular cuando quienes las producen son grandes empresas multinacionales.
Un caso grave, cuyas consecuencias todavía no pueden mensurarse es el del derramamiento de un millón de litros de cianuro en aguas del río Jachal, en San Juan, por parte de la minera Barrick Gold.
Barrick Gold Corporation es la más grande multinacional minera dedicada a la extracción de oro. Tiene sede en la ciudad canadiense de Toronto y tiene más de 23 minas operativas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Chile, Papúa Nueva Guinea, República Dominicana y Zambia.
En la Argentina ha sido constantemente denunciada por su actividad minera a cielo abierto, y ahora es el centro de las protestas porque este derramamiento de cianuro podría tener consecuencias irreparables y producir envenenamiento de aguas y suelo, con sus terribles secuelas en las vidas de personas y otros seres vivos.

Un millón de litros.
Al principio, Barrick Gold negó que la cantidad de cianuro derramada fuera importante, y dijo que eran “sólo 15.000 litros”, luego dijo que habían sido 224.000 litros que se volcaron durante una hora y 45 minutos. Al final, tuvieron que reconocer que la cantidad había sido ¡más de un millón de litros!
Frente al grave hecho, tomó intervención el juez penal de Jachal, Pablo Oritja, y también un fiscal federal, Federico Delgado, quien pidió el 22 de septiembre, que los directivos de Barrick Gold y los responsables de los poderes ejecutivos de la Nación y de San Juan relacionados con la operatoria minera, sean investigados por la posible comisión del delito de “envenenamiento de aguas, propagación de enfermedades peligrosas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Funcionarios responsables.
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, intentó desde el principio minimizar el hecho, pero incluso la propia empresa separó a quince directivos, reconociendo implícitamente su responsabilidad en el derrame. La municipalidad de Jachal encargó a investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo un estudio para conocer la magnitud del desastre producido, que fue realizado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de esa casa de estudios. El estudio verificó altos niveles de metales como manganeso y aluminio, en grado muy superior al permitido por las leyes, tanto para consumo humano como para riego.
Gioja salió a atacar ese informe y acusó a la Universidad de San Juan de querer “perjudicar” al pueblo sanjuanino. Curiosa interpretación la del gobernador de la provincia, que en lugar de preocuparse por la posibilidad de envenenamiento de sus ciudadanos, acusa de a los científicos que intentan estudiar y descubrir los alcances y consecuencias de lo ocurrido.
Una delegación de las Naciones Unidas, que se hizo presente en el lugar, se pronunció a favor de que continúen los estudios, para sacar una conclusión más certera sobre los verdaderos efectos del derrame de cianuro.

Imputaciones y movilización.
El juez Oritja imputó a varios empleados de la Barrick Gold, y es de esperar que la investigación continúe, no sólo contra subordinados sino contra directivos de la empresa multinacional, que son los verdaderos responsables de la forma de explotación que mantiene desde hace años, con graves riesgos para la población, como el que se concretó con el derramamiento en El Veladero.
Además, es necesario que la investigación judicial avance también sobre la responsabilidad de funcionarios del área de ambiente y salud, no sólo de San Juan sino también de la Nación, incluso que llegue al propio gobernador Gioja, quien salió muy presuroso a decir que “el agua no estaba contaminada”, cuando luego el informe de la Universidad lo contradijo.
¿Habrá un juicio por la responsabilidad de este grave hecho? ¿Se sentará en el banquillo de los acusados a la poderosa multinacional Barrick Gold y a los demás -hoy presuntos- responsables?
Es difícil de predecir, tanto como lo era, en los años 90, que se enjuiciara a los militares responsables de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura, tal como hoy están siendo juzgados y condenados por aquellos crímenes.
Para que tal cosa suceda, además de configurarse el delito de envenenamiento, a través de estudios imparciales y científicos, tiene que haber una fuerte voluntad política por parte de las autoridades. Si son las mismas que han propiciado esa actividad minera, a cielo abierto, y llevada a cabo sin los recaudos necesarios para que no haya riesgo para la población y el medioambiente, será muy difícil.
Pero si el pueblo de Jachal, que protagonizó una multitudinaria movilización a los pocos días del derrame, para protestar contra la Barrick Gold y contra la explotación minera riesgosa y contaminante, sigue con su lucha para que se investigue y se conozca la verdad de lo ocurrido, ahí sí, quizás, haya justicia.