Habrá que esperar otro año más para la ley de aborto

A dos semanas de finalizar las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, el proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo no será tratado este año.
IRINA SANTESTEBAN
En Argentina el aborto es ilegal, estableciéndose penas tanto para la mujer que se lo practica como para el médico o la persona que realiza la intervención (artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal). Aunque el mismo cuerpo legal prevé dos causas de excepción a estas penas: cuando el aborto se practica para "evitar un peligro para la vida o la salud" de la mujer o si el embarazo proviene de una violación de "una mujer idiota o demente" (artículo 86, incisos 1º y 2º del Código Penal), en la práctica, en casi todos los casos que entran dentro de estos supuestos, los médicos se niegan a practicar el aborto, ya sea por sus propias creencias religiosas o por presión de la Iglesia Católica que ha tomado esta problemática como una verdadera cruzada, para evitar a toda costa que se pueda avanzar en una legislación que despenalice el aborto.
En realidad, en el aborto como en casi todos los delitos, mucho depende de la clase social del acusado o la acusada. De lo contrario, no se explica que las estadísticas más conservadoras, muestren que en la Argentina se practican entre 500 mil a 700 mil abortos por año, producto de los cuales, la muerte materna es la principal causa de mortalidad femenina.
El problema no es un tema religioso, o de falta de amor maternal de quien decide interrumpir su embarazo. Es un problema de salud pública, como lo han afirmado demasiadas veces los médicos sanitaristas más prestigiosos.

Aborto y pobreza.
Las mujeres que pueden pagar una intervención quirúrgica a un médico de confianza, acceden con toda seguridad a la práctica del aborto. En cambio, las mujeres pobres, que además tienen más dificultades para proveerse de anticonceptivos seguros, deben recurrir a comadronas, en lugares inseguros y sin elementos para hacer frente a cualquier emergencia o imprevisto que pueda presentarse en medio de la intervención.
Por ello, desde el punto de vista sanitario, la sanción de la ley que despenalice el aborto y que obligue a los hospitales a practicarlo cuando una mujer lo solicite, no sólo disminuirá notablemente la mortalidad materna, sino que evitará costos sanitarios, producto de las miles de intervenciones que deben realizarse cuando una mujer llega a un hospital con una infección producto de un aborto clandestino.
Este año parecía que finalmente iba a poder tratarse esta ley, tan necesaria para la salud y la vida de las mujeres (y de los niños que quedan sin madre cuando una mujer muere por esta causa).
En 2007 ya se había presentado un proyecto de despenalización del aborto y ese mismo año, el entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ordenó la elaboración de una "Guía Técnica para la Atención de Abortos No Punibles", que tenía como propósito promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social en el campo de la salud sexual y reproductiva, así como contribuir a mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos para todas las mujeres, con independencia del sector social y/o el nivel de ingresos de las mismas.
En dicha Guía se reglamentaba la ley 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable, estableciéndose una serie de principios a seguir, como que, en caso de dudas acerca del sentido de una norma o de su aplicación, debe adoptarse el criterio de la interpretación o la aplicación que mejor se compadezca con los derechos de las mujeres. Un aspecto importante de esta Guía es que define a la Salud como el "completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones", para que, en el caso de los abortos no punibles, se pueda establecer con un criterio amplio, cuándo corre peligro la vida o la salud de una mujer que solicita la práctica del aborto.

Estadísticas trágicas.
Hasta ese año, 2007, no había estadísticas oficiales sobre la cantidad de abortos realizados. En esa oportunidad, se pudo establecer por parte de las autoridades sanitarias, un número aproximado de 500.000 abortos por año, lo que significa un 40% de todos los embarazos. En casi todos los casos, son ilegales y por fuera de correctos y seguros estados sanitarios. También desde 2007 se sabe que alrededor de 80.000 mujeres cada año se hospitalizan debido a complicaciones derivadas del aborto, siendo éstas la primera causa de la muerte materna en Argentina (un 30% del total, cerca de 100 muertes anuales). Esta cifra no refleja totalmente la realidad, pues lamentablemente muchos abortos complicados y muertes debidas a esos abortos, no se informan las autoridades.En junio de 2007, un estudio científico encomendado por el Ministerio de la Salud y realizado por varias organizaciones independientes, determinó, utilizando métodos indirectos con cifras del sondeo nacional sobre Salud y Nutrición y combinándolas con datos del sistema de salud, que todos los años se realizan en Argentina un mínimo de 460.000 y un máximo de 615.000 abortos voluntarios, aproximadamente 60 abortos por cada 1000 mujeres.
El dato más importante para afirmar que es necesario contar con una ley que despenalice el aborto, es que de ese mismo estudio surge que por cada mujer que procura ayuda médica debido a complicaciones de aborto, otras siete mujeres en la misma situación no lo hacen, quedando expuestas a graves infecciones que pueden terminar con su vida.

Todos los bloques.
Los firmantes del proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, presentado en marzo de 2010 en el Congreso pertenecen a todos los bloques, y luego, al agregarse nuevas firmas que superaron los cincuenta diputados, hubo esperanzas de que el proyecto pudiera tratarse este año y, eventualmente, ser aprobado.
El debate y la posterior aprobación de la ley de matrimonio Igualitario, con debates que reflejaron notables avances en la sociedad argentina respecto a la sexualidad y la pérdida de predicamento de la Iglesia Católica y los sectores conservadores en estos temas. Así, fueron grandes las expectativas en los movimientos que luchan por los derechos de las mujeres, en cuanto a la posibilidad cierta de un debate serio y responsable en torno a la necesidad de contar con una ley de aborto seguro y gratuito.
Sin embargo, a dos semanas de concluir las sesiones ordinarias, ya es un hecho que el proyecto pasará para el año próximo, donde nuevamente habrá que sostener y presentar los argumentos para que el mismo sea puesto de una vez por todas en la agenda política de los debates parlamentarios.
Miles de mujeres lo están esperando.