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Hagamos como Australia

¿POR QUE NO ELIMINAMOS EL SECRETO FISCAL POR LEY?

En 2015 Australia eliminó el secreto fiscal de grandes empresas. Argentina debería hacer lo mismo para usar la información tributaria en políticas públicas más eficaces.
RICARDO ARIEL ROTSZTEIN
El portal Voxeu publicó un trabajo de investigación de los economistas Massimo Morell y Matia Vannoni sobre el efecto de las regulaciones sobre el crecimiento económico. El estudio utiliza datos de los 50 estados de EEUU desde 1965 a 2012 y postula que la regulación puede ser buena o mala para el crecimiento económico dependiendo de, entre otras variables, la calidad de la información que manejan los reguladores. Entre las condiciones para que la intervención en la economía sea beneficiosa se encuentra que el Estado cuente con la información necesaria en tiempo y forma.

La idea de Roosevelt.
Hace un tiempo descubrí un paper que contaba la historia de la creación del primer Impuesto a las Ganancias de las empresas (Corporate Tax) en EEUU en 1909. Roosevelt sabía que solo con el apoyo de la opinión pública podría combatir a las grandes corporaciones que se estaban convirtiendo en gigantescos monopolios. Por eso manda una ley al Congreso que crea el Impuesto a las Ganancias de las empresas con un detalle clave: la información que las corporaciones presentaran en sus declaraciones impositivas sería de acceso público. La estrategia era simple y efectiva, publicitando los números de las corporaciones la opinión pública respaldaría cualquier acción que redujera su poder de mercado.
Luego de aprobada la ley, el lobby corporativo comenzó su eficaz tarea de demolición. En 5 años de operaciones lograron eliminar el status legal del acceso público a los datos impositivos de las corporaciones. Así nació el secreto fiscal
El Impuesto a las Ganancias de las Empresas de EEUU nació con una alícuota muy baja, 1% de los ingresos netos. Con el paso del tiempo esa alícuota fue creciendo hasta un pico máximo en los años 50-60 superando el 50% para luego descender al 21%. Ahora Biden quiere subirla al 28%. Pero de eliminar el secreto fiscal y recuperar el «espíritu» de Roosevelt, ni hablar.

El SIPRE.
En nuestro país, el gobierno acaba de lanzar el SIPRE (Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica). Fue creado para contar con una herramienta de recolección de información para la implementación de políticas que garanticen el abastecimiento y el funcionamiento competitivo de los mercados. Es un sistema que obliga a las grandes empresas a presentar información sobre sus ventas. La reacción fue furibunda. Los medios explotaron acusando al gobierno de ser soviético y de poner palos en las ruedas de la producción de riqueza.
Uno de sus voceros cometió un acto de honestidad brutal y dijo «para qué piden esta información si ya la tienen». Efectivamente, la AFIP tiene online casi toda información sobre ventas y compras que hacen las empresas, pero la ley 11.683 de procedimientos fiscales establece el secreto fiscal en su artículo 101. Según este artículo, la información que los contribuyentes vuelcan en sus declaraciones juradas es secreta y está vedada su difusión. Dicho de otra forma, las grandes empresas se han ocupado de que el Estado sea un Estado bobo.

Información pública.
En 1909 los yanquis descubrieron que solo con difundir la información de las grandes empresas podrían generar el apoyo político necesario para combatir sus prácticas anticompetitivas. La reacción de las corporaciones creó el secreto fiscal. A las grandes empresas estadounidenses no les preocupa tanto que le suban el Impuesto a las Ganancias, recuerden que Roosevelt creó el impuesto con una tasa del 1%, que llegó a ser del 50% y hoy Biden quiere subir del 21% al 28%. Lo que no están dispuestos a tolerar es que la opinión pública tenga acceso a la información clave.
Las empresas inventan miles de estrategias para evadir impuestos. Si la información impositiva se hace pública les sería más difícil mantener cierto status de buenos samaritanos gracias a sus fundaciones y campañas de responsabilidad social empresaria.

Imitar a Australia.
Aquí los empresarios preparan su estrategia judicial para evitar cumplir con las obligaciones que les impone el SIPRE. En principio presentarán un recurso administrativo para no tener que suministrar información. A mi entender, si avanza esta estrategia de las corporaciones, el gobierno debería copiar a Australia y eliminar el secreto fiscal por ley del Congreso.
En febrero de 2018, el National Bureau Of Economic Research de EEUU publicó un documento de trabajo llamado Acceso Público a las Declaraciones Juradas de Impuestos. Sus autores Jeffrey L. Hoopes, Leslie Robinson, Joel Slemrod ponen en debate los pro y contras de levantar el secreto fiscal en base al caso australiano. Entre 2013 y 2016, Australia avanzó con la sanción de leyes que implementaron el acceso público a las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de las grandes empresas. Según este paper, entre los países que han generado políticas de acceso público a las declaraciones juradas impositivas de las empresas se encuentran Dinamarca, Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, Japón y EEUU.
Entre los principales argumentos a favor de dichos cambios se encuentra que «una mayor transparencia en cuanto a la información impositiva de las grandes empresas las alentaría a pagar su ‘parte justa’ de impuestos y mejorar la rendición de cuentas». Estas ideas se sustentan en el razonamiento de que más información en manos del público implicará un escrutinio adicional sobre las declaraciones juradas que mejorará el cumplimiento tributario a través del efecto «vergüenza pública» que sufrirían las empresas que no pagan impuestos.
Hace unos meses se conoció un ranking de países con mayor movilidad social, elaborado por el World Economic Forum. De los siete primeros países que encabezan el ranking, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, Holanda y Suiza, cinco de ellos tienen legislaciones que permiten el acceso público a las declaraciones juradas de las empresas.

Una de Macri.
En 2017 el gobierno de Macri implementó una reforma tributaria mediante la sanción de la ley 24.730 que significó una baja de impuestos a las grandes empresas con el consiguiente desfinanciamiento de las arcas públicas. El artículo 222 de la ley mencionada estipula que «La información amparada por el secreto fiscal contenido en este artículo se encuentra excluida del derecho de acceso a la información pública en los términos de la ley 27.275». Es decir los ciudadanos tenemos derecho a conocer la información que poseen los distintos organismos públicos, pero no cuánto pagan de impuestos las grandes empresas en Argentina.
Hace más de 110 años Roosevelt nos marcaba el camino: para que el Estado tenga suficiente poder político a fin de evitar que las grandes empresas hagan de las suyas y terminen condicionando la democracia es necesario que la opinión pública tenga acceso a sus «secretos fiscales». (Extractado de El Destape).