Hasta reírse tiene su costo

En la noche más oscura de la última dictadura que padeció Argentina, una de las principales fuentes de rebeldía y oposición al autoritarismo y el terror reinantes, provenía de un medio insospechable, aparentemente inofensivo. Una revista llamada «Humor Ilustrado», que de alguna manera logró, por la amable vía de la comicidad, eludir casi siempre la férrea censura estatal. Sin embargo, en ocasión de la publicación de una serie de viñetas sarcásticas dedicadas al holocausto perpetrado por la Alemania nazi, el propio medio debió cuestionarse cuáles eran -si los había- los límites del humor.

Humor.

Desde esta columna dominical procuramos, en lo posible, recurrir al humor, no sólo por apelar a un gesto de inteligencia, exclusivo de la especie humana, sino también porque el humor es, a veces, la única manera de lidiar con la tragedia, como buena parte del cine italiano nos ha enseñado una y otra vez. Pero ¿hasta donde se puede ejercer?
En nuestro sistema republicano la resolución de este tipo de conflictos recae en el Poder Judicial, donde por cierto, y lamentablemente, el humor no es moneda corriente. Mejor dicho: no es corriente que los jueces ejerzan el humor, pero bien pueden producirlo, involuntariamente, ya que hay pocas cosas más graciosas que una persona solemne, que se toma demasiado en serio a sí misma.
No es de extrañar, entonces, que las decisiones en materia de expresión humorística hayan tenido un derrotero algo tortuoso en la justicia, aún cuando debería aplicarse en estos casos el más amplio principio de libertad, amplificado porque quien ejerce el humor lo hace con «animus iocandi» (expresión latina que en lenguaje leguleyo quiere decir «ganas de joder»).

Cancela.

El primer fallo importante en la materia fue producido por la Corte Suprema de los años 90, que se caracterizó por estrangular a la libertad de expresión. En realidad aquellos muchachos no daban pie con bola en materia republicana, de hecho erraban el vizcachazo hasta para elegir peluquero.
Dos genias del humor como Maitena y Gabriela Acher habían producido un sketch hilarante en su programa de TV, donde ridiculizaban la burocrática lentitud de la justicia, escenificada en el despacho de un imaginario «Dr. Cancela». Para su desgracia, existía efectivamente un juez con ese curioso apellido, que por cierto se sintió agraviado en su decoro, pudibundez y todas esas virtudes que sólo los jueces dicen poseer.
De más está decir que quien ganó aquel pleito fue el magistrado agraviado. Pero, claro está, no era un precedente muy firme que digamos, porque los muchachos de la justicia no son para nada corporativos, pero tienen cierta tendencia a ser muy gauchitos entre ellos, obsequiosos como pocos. Que si un colega pide un «per saltum», ¡cómo se lo vamos a negar!. Y mientras espera, le serviremos un vermut con ingredientes, incluyendo chorizo seco, la chancha y la máquina de hacer y disecar embutidos.

Osito Pando.

Ya mucho más cerca en el tiempo, una Corte con otros miembros vino a resolver otro pleito en favor del humor: el que planteó la militante procesista Cecilia Pando contra la revista «Barcelona». El caso era bastante más complicado, ya que si en «Cancela» todo el agravio era el mero uso casual del apellido de un magistrado, aquí a la Pando se la presentaba en una sátira, con fotos trucadas, insinuando de su parte una actividad de comercio sexual temático.
Aquí se reivindicó no sólo el humor como forma de expresión, sino sobre todo un principio troncal de la república, esto es, que el debate público debe ser robusto y desinhibido, y puede incluir ataques desagradables y hasta datos erróneos. Esto se amplifica en el caso de los funcionarios públicos, y de las personas que voluntariamente se involucran en estas cuestiones, como la Pando, cuya única actividad conocida consiste en defenestrar cualquier resquicio de democracia, en defensa de los militares condenados y encarcelados -como su marido- por haber cometido delitos de lesa humanidad.
Con un precedente tan contundente, ¿está ganada la batalla? ¡De ningún modo! Desde la recóndita provincia de Córdoba -supuesta capital del humor- hemos sufrido otro retroceso: un tribunal integrado por «gente muy seria» acaba de condenar al humorista José Luis Serrano, por haber criticado, desde su entrañable personaje de «Doña Jovita» (una suerte de Mamá Cora cordobesa) a un periodista reaccionario que denigraba un movimiento popular ecologista.
Lo triste de esta decisión es la profunda ignorancia que demuestra condenar a Serrano por lo que dice Doña Jovita, algo así como condenar a Alfredo Alcón porque cometió un homicidio actuando en una obra de Shakespeare.
O quizá tienen razón estos grises jueces en su miedo a las mascaradas. Ya lo dijo Oscar Wilde: «El hombre nunca es él mismo cuando habla desde su propia persona. Dale una máscara, y te dirá la verdad».

PETRONIO