Horacio Verbitsky ya no escribirá más en Página/12

MAS ATAQUES CONTRA EL PERIODISMO CRITICO

Finalmente, y en medio de fuertes presiones hacia el diario que dirige el sindicalista Víctor Santamaría, el conocido periodista y escritor anunció que se tomará “una pausa”.
IRINA SANTESTEBAN
El periodismo independiente y crítico está siendo perseguido y silenciado en Argentina, como lo demuestran los despidos de Roberto Navarro primero y Víctor Hugo Morales después, de la señal de televisión C5N. En el caso del uruguayo, con un plus de destrato y humillación hacia alguien de su trayectoria, porque ni siquiera lo dejaron despedirse de su audiencia como él lo había pedido.
Lo que estamos viviendo es una ofensiva mediática y judicial como pocas veces se vio en la historia argentina, salvo en épocas de dictadura, contra quienes critican o se oponen a las decisiones oficiales.

“Cuestiones pendientes”.
Ahora se agrega la decisión del escritor y periodista Horacio Verbitsky, de no escribir más sus habituales columnas en Página/12. Así lo comunicó él mismo, en un “pirulo” en ese diario, el pasado domingo, informando que se tomará todo el año próximo para trabajar en “cuestiones pendientes” como terminar dos nuevos libros que tiene en preparación y reeditar los anteriores, así como la publicación integral de su obra por la editorial Siglo XXI.
Reconoce que es la primera vez en 30 años que su columna no va a aparecer en “el Página”, pero en ningún momento menciona las presiones que sufre, en particular desde fines de agosto de este año, cuando publicara un artículo revelando el blanqueo de fondos que habían hecho funcionarios del gobierno y el hermano del presidente, Gianfranco Macri.

Por la libertad de Milagro.
Verbitsky es un verdadero “periodista militante”, tal la calificación peyorativa que el oficialismo le endilgaba a los comunicadores que comulgaban con el kirchnerismo. Aunque fue crítico de muchas de las iniciativas políticas de Néstor y Cristina Kirchner, como la designación del general César Milani al frente del Ejército, HV tuvo una justa valoración de esos gobiernos, como impulsores de medidas positivas para los sectores populares. En particular valoró los juicios en los que se condenó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, las políticas sociales como la Asignación Universal, la reestatización del sistema previsional y la ampliación de la cobertura jubilatoria, la integración latinoamericana, etc.
En su militancia, Verbitsky es presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización de Derechos Humanos que tiene un bien ganado prestigio en nuestro país y a nivel internacional. Desde enero de 2016, ese organismo y su presidente, se pusieron “al hombro” la campaña por la libertad de Milagro Sala, siendo denunciantes ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su detención irregular. Los dictámenes de esos organismos, cuestionando la decisión del Poder Judicial de Jujuy de mantener con prisión preventiva a la dirigente de la Tupac Amaru, son un dolor de cabeza para el gobierno de Mauricio Macri.
En sus artículos, fue un implacable crítico de la situación en la provincia de Jujuy, y criticó con datos precisos los manejos del gobernador Gerardo Morales, para designar a su gusto jueces y funcionarios en el Poder Judicial, así como las irregularidades en las causas contra Milagro, que incluyó aprietes e intimidaciones a testigos para que la incriminen.

En defensa de la libertad de expresión.
Aunque Verbitsky fue siempre un “indeseable” para el actual gobierno, la gota que colmó el vaso fue la revelación que hizo en su columna del 27 de agosto de este año. En ella, con la precisión que lo caracteriza, dio cuenta de los funcionarios del entorno presidencial y de su propio hermano, que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados, llevados al exterior. La ley sancionada en el Congreso no lo permitía, pero el decreto del PEN favoreció a “la famiglia”.
“El blanqueo de capitales fue la respuesta oficial a la publicación de los Panama Papers, que revelaron la existencia de empresas del presidente en guaridas fiscales, que no habían sido declaradas bajo juramento a las autoridades tributarias”, escribía HV en ese artículo.
En síntesis, Verbitsky reveló, y nadie lo desmintió todavía, que Gianfranco Macri había blanqueado 622 millones de pesos (35,5 millones de dólares); el empresario Marcelo Mindlin, comprador de la empresa Iecsa, del primo del presidente, Angelo Calcaterra, figuraba con 770 millones de pesos (44 millones de dólares), y Nicolás Caputo (“amigo de toda la vida” de Macri), 465 millones de pesos (26,5 millones de dólares).
Además de esa información, en la misma nota, HV revelaba datos del patrimonio presidencial, referidos a inmuebles de gran valor, que no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas, ni ahora, ni antes cuando era jefe de gobierno porteño.

Una solicitada.
Las presiones y ataques del gobierno contra Verbitsky y el diario Página 12 fueron incrementándose, y por ello se publicó una solicitada en repudio a esa persecución, donde centenares de periodistas expresaron su respaldo al colega y denunciaron la falta de garantías para el ejercicio de la profesión y del derecho a la libertad de expresión.
La solicitada criticaba la actuación del gobierno, que incluso había iniciado acciones legales contra HV por haber ejercido la libertad de prensa garantizada por la Constitución Nacional, al publicar información que no había sido desmentida ni por el presidente ni por ninguna de las personas mencionadas en la nota.
Según el director de la revista Noticias, Edi Zunino, también firmante de la solicitada, el proyecto original enviado por el Ejecutivo al Congreso, que luego se sancionó como “ley de blanqueo”, contemplaba duras penas para quienes publicaran información al respecto. Zunino lo cuestionó públicamente por constituir una clara censura, y ese artículo fue suprimido. También criticó que la ley limitara expresamente la participación de funcionarios públicos y sus familiares en el blanqueo de capitales, prohibición que luego fue levantada por un decreto de Macri.

“Queremos preguntar”.
Así coreaban los periodistas del Multimedios Clarín, cuando durante el último gobierno de Cristina Fernández se intentaba aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios. Uno de los principales objetivos de esta norma fue evitar el monopolio informativo, limitando la cantidad de señales que podía tener un solo grupo empresario.
Apenas designado como ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad tuvo una clara misión, que era la desarticulación de esa odiada ley, para que Clarín pudiera continuar monopolizando la palabra, y sólo pudieran “preguntar” sus periodistas.
A dos años del gobierno de Cambiemos, ni Navarro, ni Víctor Hugo ni Verbitsky pueden preguntar ni opinar, y se calcula que hay 3.500 trabajadores que han sido despedidos de diferentes medios de prensa en todo el país, entre ellos, la tradicional agencia informativa DyN, que dejó a 75 periodistas en la calle. De esta forma, las voces críticas son silenciadas y las medidas que toma el gobierno de Cambiemos, que afectan gravemente los intereses populares, son amigablemente comentadas, en tono neutro, por periodistas complacientes.

El soldado y los caballos.
El pleno ejercicio de la libertad de expresión, y la defensa de periodismo crítico e independiente, son pilares de la democracia liberal-burguesa. Han sido incorporadas en las Constituciones de los Estados, para proteger el derecho a la información que deben tener los ciudadanos, y para evitar que los periodistas sean molestados o perseguidos por los poderes económicos o estatales, cuando difunden información que no conviene a sus intereses.
En la historia del periodismo argentino hay innumerables casos de persecución a periodistas por investigar y/o publicar noticias o casos incómodos para el poder.
Verbitsky fue protagonista de varios de esos casos, con juicios en su contra, y fallos adversos de la Corte Suprema de la “mayoría automática” que presidía el menemista Julio Nazareno.
El fundador de LA ARENA, Raúl D’Atri, fue víctima también de la persecución, cuando fue condenado a dos meses de prisión en suspenso en 1986, por haberse negado a revelar la fuente de la información que publicara el diario, al denunciar los vejámenes sufridos por un conscripto, que viajaba encerrado en el vagón de un tren que venía desde San Rafael, Mendoza. El caso fue conocido en General Pico, cuando los empleados del ferrocarril escucharon los gritos de auxilio desde dentro del vagón, y al abrirlo se encontraron con un soldado, encerrado junto a dos caballos, porque un teniente del Ejército le había ordenado que los “cuidara” durante el viaje.
LA ARENA se hizo eco de esa noticia, criticando el maltrato al soldado. Y la Justicia, en lugar de enjuiciar al militar que había ordenado esa medida, en violación a los derechos humanos del joven conscripto, no tuvo mejor idea que citar a D’Atri para que dijera cómo es que había llegado esa noticia al diario. Amparándose en el secreto de la profesión periodística y el derecho a no revelar las fuentes de información, el director se negó a declarar, y fue procesado por su “desobediencia” y condenado. El militar que había dado la orden, ni siquiera fue indagado, pues las autoridades castrenses alegaron que el soldado había viajado en esas condiciones “por su propia voluntad”.
El caso “Un soldado y dos caballos” es hoy estudiado en las Facultades de Comunicación de las universidades argentinas, como demostración de las violaciones a la libertad de expresión. Dentro de algunos años, el actual período será también estudiado y analizado, como parte de la historia del periodismo y las persecuciones que sufren aquellos que tienen compromiso verdadero con el derecho a la información y la libertad de prensa.