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Horror y deficiencias

Los femicidios y sus variantes -travesticidios y transfemicidios-han pasado a ser uno de los acontecimientos más negativos en el año que transitamos. No puede decirse que los movimientos de liberación femenina, que tanta trascendencia han tenido en los últimos años, hayan contribuido a su difusión aunque sí a una mayor trascendencia y reclamo en la sociedad, junto con un pedido de justicia más rápida y efectiva por esos actos.
El asesinato, ya sea por razones ligadas a lo sexual y su asimilación o, más frecuentemente, por las relaciones de pareja, interrumpidas o no parece escapar del pensamiento sociológico. De hecho las circunstancias dentro de las que se dan esas muertes le confieren un horror adicional, en el que no son nada raros los posteriores suicidios de los autores.
Inmersa en el aluvión de sucesos informativos la opinión pública suele olvidar estos acontecimientos pero hay un elemento que lo impide: la estadística. De acuerdo con los registros, hasta la segunda semana de febrero de este año se habían producido en el país medio centenar de femicidios… Prácticamente uno por día. Para peor buena parte de ellos fueron «crónicas de una muerte anunciada» ya que los antecedieron por parte de las víctimas denuncias de amenazas y hechos de violencia que llevaban a pensar en posibles riesgos graves; en varios de esos casos las autoridades competentes -jueces y policías- no cumplieron con el trámite que la situación acreditaba y que terminó en tragedia.
Esos procederes, innegables e injustificables por otra parte, han llevado a que la sociedad en su conjunto desconfíe del sistema de protección contra la violencia machista, en falta desde el vamos por la carencia de informes centralizados sobre el tema que puedan concretarse en englobar y centralizar preventivamente, «un lugar adonde llegue toda la información respecto de los agresores o las mujeres que se encuentran en situación de violencia», según puntualizara recientemente una funcionaria nacional del área. Algo así como una dinamización y federalización del problema.
Resulta evidente que en muchos de los casos hubo incompetencias y deficiencias graves del Poder Judicial, de la Policía y del poder político. Precisamente un aspecto por demás inquietante en el tema es la protagonización de los femicidios por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. También aquí la estadística es elocuente: un 12 por ciento de los acaecidos tuvo como actores a policías y gendarmes. Semejante anomalía ha llevado a las organizaciones feministas a promover una áspera frase: «De la policía ¿quién nos cuida?». Uno de los últimos sucesos con estas características provocó reclamos y manifestaciones muy fuertes.
Junto con las puebladas y reacciones colectivas provocadas por los hechos se advierte que el problema no reconoce límites geográficos, aunque se diferencia en distintos estratos sociales. El Gobierno Nacional ha reaccionado con lo que se espera sean medidas de fondo en el problema: la creación por decreto del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, anunciado recientemente por el presidente de la Nación.
El organismo, creado por decreto, estará integrado por tres ministerios relacionados con el problema y comenzará a funcionar en pocos días.
Es de esperar que no sea un quehacer burocrático más y esté también atento a la participación de las organizaciones sensibles al problema.