Huellas del pasado que no se borran

Los fantasmas del pasado suelen aparecer cuando menos se los espera. Así como en las recientes elecciones primarias hubo candidatos ganadores que pidieron olvidar el pasado y mirar solamente para adelante, como si ello pudiera ocurrir por un pase de magia, en La Pampa sigue habiendo dirigentes políticos a los que -a pesar del paso de los años- no les conviene que se revuelva ni una pizca del ayer.
Algunos de ellos pagaron sus conductas delictivas con cárcel, otros eludieron las celdas por el dócil desempeño de ciertos jueces y fiscales, y un tercer grupo ni siquiera fue rozado a pesar de que hubo denuncias concretas.
Ahora el pasado se posó -paradójicamente por una suma insignificante- sobre el ex jefe de diputados provinciales del PJ durante el marinismo, Luis Galcerán, un hombre que desde su cargo manejó por mucho tiempo la Legislatura pampeana. A él el Tribunal de Cuentas le reclama que devuelva dineros al Estado porque no rindió parcialmente un subsidio que el Ministerio de Bienestar Social le otorgó a la fundación que presidía en 2003. El Superior Tribunal de Justicia acaba de confirmar las sentencias del organismo de control.
Quizá muchos no recuerden lo que ocurrió en los '90, cuando desde la Cámara de Diputados se promovió un descarado festival de subsidios, práctica que aún hoy, aunque en forma acotada, permanece vigente. Este diario pudo informar sobre esas serias irregularidades a pesar de las ingentes trabas que encontró en la propia Legislatura y en otras reparticiones oficiales.
En esa época, en que fue figura destacada de la política en la comarca pampeana, Galcerán creó dos fundaciones. Una estuvo abierta cinco años y cuando cerró había presentado apenas un balance en Personas Jurídicas. A las 24 horas de cerrarla, creó otra con los mismos compañeros de ruta que lo habían acompañado en la primera. Ambas recibieron subsidios legislativos -otorgados por él mismo y otros diputados justicialistas- por una suma que hoy sigue impresionando. Alrededor de cuatrocientos mil pesos, cuando el valor del peso era igual al del dólar.
Quince años después todavía quedan huellas de ese financiamiento espurio de la política con dineros de todos los pampeanos, lo que de alguna manera indica la impunidad con que actuaron sus protagonistas. En esa época el ingenio popular acuñaba una frase que era cabal muestra de lo que la ciudadanía percibía: "viva la pepa".
¿Qué cambió ahora? Algo. Hoy el Tribunal de Cuentas parece cumplir con un breve artículo de la Constitución provincial, que expresa que entre sus obligaciones está la de fiscalizar la percepción e inversión de las cuentas de las instituciones privadas que reciben subsidios estatales, con relación a la inversión de ellos.
El ex legislador, al defenderse, llegó al absurdo de querer desconocer ese precepto constitucional. Creyó que nadie le diría nada si justificaba los gastos para ayuda social con facturas del shoping más caro de Buenos Aires y de hoteles y restoranes de Bariloche.
También en sus tiempos de esplendor Galcerán quiso enjuiciar a la fiscal que se animó a investigar sus fundaciones. No lo logró porque un grupo de jueces se lo impidió, pero al menos consiguió que el jurado de enjuiciamiento, que rechazó la denuncia de tres diputados del PJ, destacara que su comportamiento se adecuó al que debe esperarse de una funcionaria judicial.
El pasado está ahí, como referencia contundente para que los sistemas democráticos intenten avanzar. Difícilmente lo hagan si no ejercitan la memoria y recuerdan lo que pasó. Y lo que pasó en La Pampa, en materia de prebendas y desvío de fondos públicos, fue mucho más grave que lo que constató la Justicia.