Ineficacia policial

La denuncia pública que formuló una indignada vecina santarroseña a través de las redes sociales puso de manifiesto el alto nivel de improvisación de la policía provincial a la hora de investigar delitos de escasa complejidad. En este caso se trató del robo de una computadora perpetrado en la vivienda de la mujer y que ella logró rastrear empleando un método que cualquier persona, con conocimientos elementales, pudo realizar. Así, mediante el seguimiento por internet del código que identifica a la PC robada, la propia víctima logró determinar que no se encontraba muy lejos de su domicilio.
En tanto, los pesquisas de la policía no solo no lograron resultados en el esclarecimiento del delito por cuenta propia sino que, avisados de los avances logrados por la vecina en su calidad de obligada “investigadora”, se demoraron en trámites burocráticos en lugar de avanzar en la dirección de los datos obtenidos a fin de recuperar el equipo sustraído.
El caso no ha dejado bien parado al organismo provincial y vino a añadir una nueva cuota de insatisfacción ciudadana. Resulta evidente que el clima de tensión que se respira en el Ministerio de Seguridad, que ostenta por lejos el récord de renuncias de funcionarios -ya están muy cerca de alcanzar la decena-, no contribuye a que el desenvolvimiento de las reparticiones a su cargo logre un desempeño siquiera aceptable.
Este episodio que tomó estado público porque la víctima del delito se encargó de divulgar en su disgusto ante la ineficacia policial, no hace más que mostrar cómo están las cosas en el ámbito de aquel ministerio. En este caso el oprobio es mayor porque ella misma había logrado avances en la investigación, con un sencillo método que conoce cualquier persona que navega con cierta frecuencia por internet. La pregunta que los santarroseños se formulan es por qué la policía no logró, con tan sencillas herramientas tecnológicas y con otras que tiene a su disposición, recuperar lo robado. El ministerio debería dar una respuesta.

Decadencia del correo
Por experiencia propia cualquier vecino santarroseño sabe que el correo postal tiene un funcionamiento deficiente que se manifiesta, entre otros problemas, con la entrega retrasada de los variados resúmenes que envían empresas y entes oficiales, para perjuicio de quienes deben abonarlos fuera de término. La situación contrasta con el correo de décadas atrás que, sin ser perfecto, funcionaba aceptablemente hasta que fue privatizado.
El grupo empresario al que pertenece el Presidente de la Nación se quedó con la concesión del Correo Argentino durante el menemismo. Puede recordarse que lo primero que hizo fue elevar, y considerablemente, el precio del franqueo simple, al tiempo que los servicios bajaban en calidad y cantidad. Aquella privatización implicaba el pago de un canon semestral de más de cincuenta millones de pesos al Estado, cifra que al poco tiempo se dejó de abonar, en tanto que se promovían los “retiros voluntarios” de unos diez mil trabajadores, indemnizados con una deuda que finalmente se estatizó.
Lo demás es historia conocida; la Justicia declaró la quiebra y le prohibió salir del país al titular de la empresa y padre del actual Presidente. La aventura privatista le dejó al Estado argentino una deuda de 900 millones de pesos. Algunas estimaciones de esos años señalaban que la sociedad argentina le había transferido al grupo empresario alrededor de 200 millones de dólares.
A partir de aquellos negros días el Correo quedó muy golpeado. Sería ingenuo no tener en cuenta que sobre esa decadencia incidieron los avances de la comunicación electrónica. Sin embargo en muchos países del llamado primer mundo el correo postal público no fue anulado sino que pasó a obrar como complementario. Incluso en nuestro país hoy prosperan no pocos emprendimientos privados.

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