Inexplicable boicot a la Ley de Medios

La ausencia de muchos radiodifusores pampeanos a la hora de tramitar su legalización sobre la base a la nueva Ley de Medios Audiovisuales es difícil de explicar. Se los vio durante los numerosos debates previos a la sanción de la normativa y aparecieron públicamente como férreos defensores de la libertad de expresión, como cuestionadores de las grandes corporaciones oligopólicas y como impugnadores de la vieja norma que databa de la última dictadura militar y que, con sus modificaciones, había permitido la gran concentración de medios audiovisuales en muy pocas manos generando inequidades impropias de un sistema democrático.
Pero una vez sancionada la norma, y cuando todavía el gobierno nacional se encuentra en plena batalla por desarmar los grandes conglomerados mediáticos que resisten someterse al nuevo encuadre legal con el uso abusivo de medidas cautelares y la inestimable ayuda de no pocos jueces antidemocráticos, era de aguardar que quienes explotan emisoras de frecuencia modulada confirmaran con hechos lo que habían expresado con palabras. Esto es, que asuman que las frecuencias que integran el espectro radioeléctrico son bienes públicos y no propiedad privada, y como tal deben ser administradas por el Estado. Es cierto que la desidia gubernamental, durante mucho tiempo, dejó hacer a muchos pequeños radioemisores, pero también lo es que esa estrategia no fue inocente. Mientras el Estado hacía la vista gorda frente a tanta proliferación anárquica de emisoras de baja potencia, permitía, en el extremo opuesto, la enorme concentración de radios y canales de televisión y empresas de distribución por cable de los grandes grupos económicos.
En momentos en que la batalla legal se está dando con esos enormes conglomerados y una resolución de la Corte Suprema acaba de poner límite temporal a la postergada "desinversión" establecida en el artículo 161 de la nueva norma, se está observando una preocupante actitud de indolencia, un evidente boicot a la ley por parte de quienes más han sido beneficiados con ella: los pequeños radiodifusores.
La nueva normativa, con buen criterio, establece que las radios tienen que ajustarse a determinadas reglamentaciones que no pueden considerarse abusivas: transmitir contenidos locales, cumplir requisitos mínimos de legalidad en cuanto al funcionamiento de los equipos a fin de no perjudicar a terceros con interferencias, blanquear a los trabajadores, pagar tasas e impuestos. No se trata de exigencias desmedidas. Cualquier persona que desee instalar un pequeño comercio tiene que cumplir con más requisitos a la hora de habilitarlo. Con más razón una radio que hace uso -como concesionaria- de un bien público como lo es el espectro radioeléctrico que necesariamente debe estar regulado en beneficio del conjunto de quienes lo usan.
Es comprensible el enojo y la desazón del delegado pampeano de la Afsca y sus palabras de crítica hacia quienes no han mostrado el mínimo interés por regularizar su situación bajo la nueva ley que intenta democratizar el espectro radial y televisivo. Pretender ponerse por encima de la norma o ignorarla es asumir una postura de "vale todo" o de "a mí no me importa", reclamar privilegios inadmisibles y borrar con el codo lo que se escribió con la mano.
Democratizar el espacio radial no es lo mismo a permitir que cualquiera haga lo que se le ocurra. El funcionamiento de la sociedad y la búsqueda del bienestar general nos obliga a un compromiso a todos los individuos. Si alguien busca colocarse por encima de la ley no hace más que darles argumentos a los que la combatieron férreamente en nombre del privilegio. Haber apoyado su sanción obliga doblemente a su cumplimiento, por el solo hecho de que significó un avance indiscutible con respecto a lo que había antes.