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Iron Mountain: siete años de la tragedia

EL JUEZ DEBE REELABORAR UN FALLO CLAVE

La Cámara del Crimen le ordenó al juez del caso la revisión de su fallo porque no describir cuáles fueron las omisiones de los funcionarios macristas imputados.
FEDERICO TROFELLI
A siete años de la denominada tragedia de Iron Mountain, donde ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil de la Ciudad murieron como consecuencia del incendio y el derrumbe de un depósito en Barracas, el juez Pablo Ormaechea se apresta a afinar los detalles de un fallo que podría dejar a doce ex funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a cinco empleados de la multinacional al borde del juicio oral.
Es que en una dura resolución, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal anuló los 17 procesamientos y las tres absoluciones que hasta el momento tenía el caso, por considerar que el juez Ormaechea no mencionó «concretamente» el «aporte», «conducta» o «actividad» en forma de «acción» u «omisión» que hubieran efectuado los imputados, lo que sin dudas impone el «reajuste de las imputaciones una vez subsanadas las falencias que aquí se mencionan».

Rehacer el fallo.
Aquel fallo de la Cámara fue dividido: por un lado, los jueces Magdalena Laíño y Marcelo Lucini entendieron que debía anularse lo resuelto hasta el momento; mientras que Ricardo Matías Pinto confirmó la decisión del juez Ormaechea. Entre otros puntos, la Cámara cuestionó que en la instrucción no quedara claro cómo se inició el fuego aquel 5 de febrero de 2014: es que hay dos peritajes, uno de la Policía Federal y otro de la Universidad Tecnológica Nacional, realizados con dos metodologías diferentes.
«Descarto que alguna de las partes apele lo resuelto por la Cámara. Hay plazo hasta el 15 de febrero para hacerlo. Luego, el juez se va a sentar y reescribir el fallo de acuerdo a las órdenes del tribunal superior porque las pruebas ya están en el expediente y no fueron cuestionadas», explicó el abogado de varias familias de las víctimas Javier Moral.
«Ormaechea tiene que volver a valorar las pruebas. Entiendo que el juez que ya procesó a 17 sospechosos volverá a ir en ese sentido, con una mejor descripción de los hechos y precisará cuáles son las conductas concretas que se le reprochan», añadió el abogado querellante.
Después de que Ormaechea dicte un nuevo fallo, se espera que las partes eventualmente puedan apelar y una vez que la Cámara resuelva esos recursos, la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral. «Estimo que este año se podría sortear el juzgado y que el debate comenzaría recién en 2022 o 2023», sostuvo Moral.
En cuanto a la estrategia de las defensas, el abogado expresó: «básicamente lo que sostuvieron en la apelación es que parte de la responsabilidad de las muertes y las lesiones es porque los bomberos diseñaron mal el plan de ataque. La Cámara no hizo lugar a ese planteo».

Hasta Macri.
El secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic, Gabriel Fuks, se quejó también de la defensa esbozada por los entonces funcionarios de Mauricio Macri, quien por esos días ostentaba la Jefatura de Gobierno porteño. «Es incomprensible que José Gómez Centurión, quien era el director de la Agencia de Control Gubernamental, tuviera el tupé de decir que los bomberos murieron por culpa del mal operativo. El fue uno de los impulsores de esa teoría», puntualizó el funcionario a este medio.
«Lo que no se entiende hasta aquí fue el corte en las responsabilidades, la cadena de mandos tiene que llegar hasta quien era el Jefe de Gobierno de ese momento. Es incomprensible que en una cuestión como esta, donde hay comprobadamente una deficiencia en los controles, no se lo haya citado a declarar», insistió Fuks, quien al momento de la tragedia era legislador porteño.
«Espero que en esta nueva etapa -continuó el funcionario- se determine esa rara situación en la que el gobierno de Macri le dio tremendas exenciones impositivas a esta empresa, que fue la primera que se instaló en el llamado distrito tecnológico. Después, en algún momento nos gustaría saber por qué la justicia jamás avanzó sobre las causas de la intencionalidad. Todos sabemos que cuando al HSBC se le pidió información de las cuentas en el exterior argumentaron que todo eso se había quemado. Es un absurdo».»Queremos saber la trama oculta de esta situación, pero lo importante ahora desde el punto de vista de las víctimas es que fue el Estado que no pudo, no supo o no quiso escuchar esas advertencias», concluyó Fuks.

El caso.
Alrededor de las 8 de la mañana de aquel 5 de febrero, se activó varias veces la alarma de incendio de dos sectores del depósito de Iron Mountain, en Barracas, donde grandes empresas e incluso organismos del Estado guardaban documentación. Los tres empleados que estaban en el lugar intentaron apagar las llamas sin suerte. Poco después, llegaron al lugar policías, bomberos, miembros de Defensa Civil y agentes de la Prefectura Naval Argentina.
Mientras un grupo de bomberos logró ingresar al predio por la calle Azara, otro se mantuvo sobre el acceso de Melchor Gaspar de Jovellanos. Minutos más tarde, cerca de las 9 de la mañana, el paredón de la calle Jovellanos se desplomó y las víctimas quedaron bajo los escombros.
Prácticamente en el acto fallecieron el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos Eduardo Adrián Conesa, Damián Véliz y Maximiliano Martínez; y el agente bombero Juan Matías Monticelli. Los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y el rescatista Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron idéntica suerte. Días más tarde, murió en el hospital el bombero Franco Ambrosi.
En 2018, el juez Ormaechea había procesado a 12 exfuncionarios del gobierno porteño y cinco integrantes de la empresa Iron Mountain por el delito de «incendio culposo seguido de muerte»: se trata de Guillermo Lockhart, Héctor García, Pierre Lois Chapar, Roberto Chiesa, Felix Lugo, Luis Cogo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Patricia Moroni, Silvia Hers, Jorge Papanicolau, Vanesa Berkowski, Oscar Alfredo Godoy, Rafael Mario Roldán, Gastón Lauglé, Christian Walter Castiñeiras y Eduardo Alfredo Sueyras Parra. Ahora, resta esperar que el juez precise sus responsabilidades en el hecho si es que no decide volver sobre sus pasos. (Tiempo Argentino).