Jueces acosados por la Justicia Federal

En el colmo del sinsentido dos jueces pampeanos están siendo perseguidos por la Justicia Federal a pesar de haber procedido correctamente. Los magistrados no hicieron otra cosa que exigirle al Servicio Penitenciario Federal que cumpla el convenio que el Ministerio de Justicia de la Nación firmó con el gobierno pampeano para ampliar la capacidad de alojamiento de condenados por la Justicia provincial en la Colonia Penal de Santa Rosa.
Lo paradójico -y a la vez indignante- es que por ese acuerdo, firmado en el año 2007, el Estado pampeano realizó una cuantiosa inversión en el predio de la Unidad 4 en donde se levantaron varios pabellones que permitieron elevar la disponibilidad a 300 plazas para los internos locales. Cuando los jueces de Ejecución Penal inspeccionaron la unidad carcelaria detectaron que apenas un tercio de esas instalaciones eran ocupadas por pampeanos y el resto por reclusos provenientes de otros puntos del país. La violación del acuerdo era, así, flagrante por lo cual los dos magistrados exigieron que se respete lo que se había firmado hace once años.
La respuesta del SPF fue desconcertante, en lugar de disponer el cumplimiento del acuerdo presentó una denuncia ante el juez federal y éste, en una descabellada interpretación de la ley, ordenó una investigación penal contra los magistrados que hoy lleva adelante un fiscal.
Es tan grave lo sucedido que mereció enérgicas reacciones de legisladores, del Colegio de Magistrados y de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal. En esos ámbitos habitualmente muy medidos en sus expresiones se habló de “ataque” y de “grave situación institucional”. No es para menos. Hoy la Alcaidía de Santa Rosa y no pocas comisarías pampeanas del interior están con sus calabozos repletos porque en ellos se alojan también, y en violación a la normativa, detenidos con condenas. No son ésos lugares de reclusión para condenados ni los agentes policiales personal especializado en la atención que requieren. Pero no se agota ahí el problema, muchos presos pampeanos hoy permanecen detenidos en otros puntos del país, alejados de sus familias a las que se somete a una condena adicional: tener que viajar periódicamente para visitarlos. Y todo ello tiene lugar mientras los pabellones que se levantaron en la Colonia Penal con recursos del tesoro pampeano apenas alojan a un tercio de internos locales y el resto está a disposición para reclusos de otras provincias.
Resulta evidente que los dos jueces pampeanos tenían la razón de su parte cuando ordenaron al titular de la Colonia Penal el inmediato cumplimiento del acuerdo que Nación estaba desconociendo. De ahí que la denuncia del SPF y la inmediata apertura de una causa por parte del juez federal estén cosechando muy fuertes críticas en el ámbito político y tribunalicio local.
Este avasallamiento jurisdiccional es otra violación al principio del federalismo. Una más, como lo venimos alertando desde esta columna. Ya son varias las manifestaciones de este tipo que no hacen más que confirmar que, para Nación, el federalismo es hoy apenas una consigna retórica sin conexión con la realidad.