Jugando con la salud ajena

Entre un médico y un juez mataron a un paciente. El médico por prescribir una sustancia tóxica -dióxido de cloro- como si fuera un medicamento inyectable, y el juez por ordenar su aplicación sin asesoramiento científico.
Todo se hizo mal. El médico que intervino se presentó como neurocirujano aunque la validez de ese título fue negada por la asociación que nuclea a tales especialistas. Pero además no se trataba de una especialidad vinculada con el caso en cuestión, pues el paciente padecía de Covid-19 y se hubiera requerido de un infectólogo.
El amparo ante el juez fue presentado por un familiar del paciente ante la negativa del sanatorio a suministrar por vía intravenosa una sustancia que es un desinfectante -como la lavandina- pero no una droga. El magistrado dio lugar de inmediato al reclamo y ordenó sin más la aplicación, la que, ante una nueva negativa de la clínica, la suministró el «neurocirujano». Al día siguiente el paciente falleció.
La polémica estalló, y en buena hora pues permitió conocer el caso con las decisiones aberrantes que lo conformaron. Ya hay un pedido de juicio político para el juez en el Consejo de la Magistratura presentado por varias asociaciones científicas y una denuncia penal contra el médico iniciada por el Ministerio de Salud.
Es cierto que la mala praxis médica y judicial de este caso no justifica, en modo automático, extender el reproche a todos los médicos y jueces. Pero sí debiera despertar el interés general, y sobre todo el de las autoridades políticas y sanitarias, pues uno de los profesionales que habló del tema por los medios lo vinculó con otro grave problema.
Según el médico, de reconocida trayectoria, decisiones absurdas como ésta se producen a menudo y provocan graves daños en el sistema de salud. Según explicó, la ligereza con que muchos jueces conceden recursos de amparo y ordenan suministrar medicamentos no autorizados a pacientes internados es más habitual de lo que se cree. Con frecuencia se trata de especialidades farmacológicas, muchas de ellas desarrolladas en el extranjero, que todavía se encuentran en fase de experimentación en sus países de origen, y cuyas propiedades curativas suelen exagerarse en forma irresponsable. Por lo general se trata de drogas que se venden a precios exorbitantes y las obras sociales son obligadas por los jueces a adquirirlas y ponerlas a disposición de los pacientes, aún sin tener pruebas fehacientes de su eficacia.
Sin el imprescindible asesoramiento técnico, los jueces actúan «políticamente» para preservar su imagen pública y no ser acusados de «insensibilidad» ante un enfermo que ruega por una medicación y sus familiares que exigen el suministro de la droga milagrosa.
Las que pagan las consecuencias son las obras sociales que suelen quedar en situación financiera comprometida por la proliferación de sentencias judiciales demagógicas y carentes de sustento científico. El resultado es doblemente negativo: las obras sociales sufren fuertes quebrantos y la salud de los pacientes no se recupera. Eso sí, los jueces dejan a salvo su buen nombre y honor y ni siquiera son molestado por el daño que ocasionan sus decisiones arbitrarias.