sábado, 19 septiembre 2020
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Justicia: ahora no quieren cambios

I. Los que hicieron del cambio una bandera, hoy son los más férreos opositores a cambiar. La reforma judicial lanzada por el Presidente de la Nación encontró un clima hostil en la oposición de derecha y en sus principales aliados: los grandes medios porteños. Pero lo más bizarro llegó en las últimas horas, cuando se supo que en una reunión virtual el expresidente Mauricio Macri, desde una lujosa suite en el hotel más caro de París, ordenó a su tropa redoblar la ofensiva para torpedear el proyecto de reforma.
Hace mucho tiempo que se viene hablando de la necesidad imperiosa de producir cambios en el Poder Judicial. En todos los espacios del arco político lo admiten. Incluso la iniciativa que acaba de lanzar el Presidente contiene tramos que forman parte de un proyecto elaborado, y nunca tratado, por legisladores nacionales de Juntos por el Cambio.
Por lo demás, no puede decirse que lo que ahora se plantea sean reformas estructurales profundas o que cambiarán de raíz el funcionamiento completo de la Justicia. Nada de eso. Se trata de aumentar el número de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias del interior, fusionar algunos fueros para evitar los interminables viajes de las causas, transferir a la CABA la competencia para investigar los delitos no federales -figura en la Constitución de 1994- y establecer en forma explícita algunas pautas de actuación para los jueces federales imposibles de cuestionar.

II. Con las excusas más inverosímiles la campaña anti-reforma se propagó por los medios porteños y las principales espadas del macrismo más retrógrado. Es bien sabido que, a la hora de buscar argumentos inteligentes, la oposición de derecha y sus aliados del periodismo de guerra se enfrentan a serios problemas. De ahí la predilección por el insulto, la falacia o el exabrupto. Y, desde luego, el uso de la figura de Cristina Kirchner para demonizar toda iniciativa que se les ocurra boicotear.
La fuerza político-mediática que gobernó el país en el último cuatrienio y convirtió a la Justicia en un lodazal, nombrando y removiendo jueces a su antojo, sin concursos ni pasar por el Senado, infectándola con pseudomagistrados serviles, espías orgánicos e inorgánicos, promoviendo el encarcelamiento de opositores sin condena ni derecho a defensa y una larguísima lista de otras calamidades, pretende ahora erigirse en autoridad moral para descalificar esta iniciativa del Ejecutivo.

III. La otra excusa que esgrimen para justificar el rechazo es la presunta ampliación de miembros de la Corte Suprema, un asunto que no figura en el proyecto y que será analizado, eventualmente, más adelante en virtud de las recomendaciones que eleve el Consejo Consultivo designado por el Presidente. Ese cuerpo también fue víctima de los ataques más virulentos a pesar de la notable amplitud de pensamiento de sus miembros y de que predominan en él las posturas moderadas.
«La Corte no se toca», nos dice la derecha porque pretende que siga siendo «su» poder en el Estado. Para su mirada clasista, resulta intolerable que cualquier espacio político que no sea el suyo se atreva a dar semejante paso. El poder del Estado menos democrático es, para la elite conservadora argentina, poco menos que una parcela de tierra privada, indigna de ser invadida por algún intruso sin apellido ilustre o millones de dólares fugados al exterior. La cuestión de clase también está muy presente en esta pelea de fondo. Solo los ingenuos o los muy distraídos no lo advierten. Pero alcanza con leer las columnas de opinión del periodismo que representa a nuestra aristocracia -la vieja, la de doble apellido y estancias fastuosas, y la nueva, la que aparece en las listas de millonarios de la revista Forbes- para entender al instante de qué estamos hablando.