Justicia lenta para las causas de las víctimas pampeanas

Un relevamiento de la Secretaría de DDHH de La Pampa sobre los casos de víctimas pampeanas indica que la mayoría de los expedientes no registran avances y hay jueces denunciados por eso. Actualmente están siendo juzgados doce casos en megacausas como La Perla o la ESMA.
Norberto G. Asquini
Tal vez sea producto de la época, donde muchos medios prefieren obviar algunos temas. O los avances que hubo en materia de derechos humanos y la "explosión" de la memoria de la última década que hayan puesto la cuestión en un segundo plano de la agenda pública.
Sin embargo, las causas judiciales que involucran a víctimas de la dictadura militar avanzan en la Justicia en el medio de sus contradicciones, ya que por un lado investiga y por el otro frena los expedientes referidos al terrorismo de Estado en los años setenta.
Este ocurre con los casos de los más de cincuenta desaparecidos y muertos pampeanos en otros puntos del país entre 1972 y 1983 en manos de grupos de tareas. Mientras que varios de estos hechos están siendo juzgados actualmente y algunos han recibido condena, la mayoría de las causas abiertas están frenadas en los tribunales. Sí se debe destacar que hubo un avance en ese sentido en la última década: casi la totalidad de los casos pampeanos están judicializados, aunque no sea más que un nombre en un expediente vacío.
Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa, a cargo de Rubén Funes, sobre el seguimiento de cada expediente, indicó que hay actualmente unos doce casos de víctimas pampeanas que están siendo juzgados en diferentes tribunales. También muestra las causas que han quedado paralizadas por la falta de acción de determinados jueces -varios de ellos denunciados por no querer investigar casos de terrorismo de Estado-.

En pleno proceso.
¿Cuáles son los casos que están siendo juzgados actualmente en diferentes tribunales? La mayoría están englobados en megacausas, como son los juicios por La Perla o la tercera parte de la ESMA. En Córdoba el secuestro y las torturas al médico piquense Horacio Alvarez, desaparecido en 1976, están siendo debatidos en la megacausa La Perla. En el mismo proceso figura el santarroseño Alejandro Olachea como parte de la causa "Menéndez, Luciano Benjamín y otros" que reúne un total de 16 expedientes, 417 víctimas y 42 imputados.
En Rosario se está juzgando los casos del sacerdote píquense Miguel Angel Nicolau en la causa "Saint Amant II", número 149/10, por parte del Tribunal Oral Federal 1. Y lo mismo ocurre con los casos de los hermanos Mario y Analía Urquizo, secuestrados y asesinados en Santa Fe en 1977, en la denominada "Causa Feced II" de los tribunales rosarinos.
El caso del araucense Néstor Rubén Grill, secuestrado en Bahía Blanca en 1976, está siendo debatido en esa ciudad por el TOF en la causa 4/07 de la Armada Argentina. El caso de Tomás Carricaburu, ex alumno de la UNS bahiense, se consideró en la causa del V Cuerpo del Ejército en esa ciudad, que fue elevada a juicio.
La desaparición de Jorge Antonio Cappello, secuestrado en "El Vesubio" de Capital Federal, está en pleno juicio junto a otras 204 víctimas. Mientras que el caso del piquense Mario Lorenzo Koncurat, junto al del santarroseño Carlos Sangiorgio, es juzgado en la denominada "ESMA III" que engloba a 68 imputados y 789 víctimas.
Los casos de Daniel Elías y Liliana Molteni -causa 14216/03 "Suárez Mason, Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad"- ya se elevó a juicio, indica la secretaría pampeana.

Condenas.
Los casos que llegaron a juicio y en los que represores han recibido condenas en los últimos años han sido los de Eduardo Cappello -asesinado en la "Masacre de Trelew" en 1972-; María del Carmen Morettini, desaparecida en La Plata -fue una de las primeras en ser juzgadas, en el proceso emblemática en el que fue condenado en cura Von Wernich-; y la santarroseña Lucía Tartaglia.
Por el caso de Roberto Quispe Herrera, secuestrado en 1977 en La Plata, investigado en las causas 2955, 3168/10, 3021/09 y 3064/10, fueron condenados los represores del "Circuito Camps".
Y por el secuestro y desaparición de los hermanos Alejandro y Carlos Knobel, nacidos en General Pico, fueron sentenciados varios integrantes de la Fuerzas Armadas en uno de los desprendimientos de la megacausa "Suárez Mason". Pero no se encontraron culpables de ambos hechos y no se avanzó en una investigación posterior.

Avanzadas, y frenadas.
Pero hay otras causas que han quedado frenadas en los tribunales, cuyos jueces han sido criticados y denunciados por su actuación. Muchas son por crímenes perpetrados por grupos parapoliciales ocurridos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Los casos de Ramerio Pérez y su hijo Eduardo Pérez están siendo investigados por el juez Daniel Rafecas, del Juzgado Federal 3 porteño, como parte de la megacausa conocida como "Primer Cuerpo del Ejército".
En los tribunales federales de La Plata hay varias investigaciones en las que no se registran avances, como la de María Cristina Barbeito -acribillada en 1977-. Allí, por causas abiertas y en trámite están los casos por "desaparición forzosa", aunque no se conocen sus avances reales, de Manuel Negrín, muerto en Tucumán en 1975; el de Juan Carlos Follonier (desapareció en 1976 en Avellaneda) en la causa 14175; de Alejandro Luis Estigarría (desparecido en 1977 en Berazategui); de Alejandro Quispe Herrera (desapareció junto a su hermano en 1977); de Oscar Ponteprimo (muerto en 1975 en Morón); y el de Ricardo Horacio Veleda (desaparecido en 1977 en Avellaneda).
El caso de Salvador De Laturi, asesinado por la Triple A a comienzos de 1976, está tratado en la causa 14176 de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) del Juzgado Federal 3 de La Plata, y el de Sergio García en el Juzgado Federal 1, del juez Humberto Blanco. El crimen de Roberto Loscertales, masacrado en octubre de 1975 junto a su mujer y otros seis militantes, está considerado en la causa 20 (ex 81983), también en manos de Blanco.
En ese sentido, el juez federal platense Humberto Blanco ha sido objeto de numerosas críticas por parte de distintas organizaciones de derechos humanos acusado de "congelar" causas de la represión ilegal que se encuentran a su cargo, entre ellas la que investiga la desaparición de Jorge Julio López.

En Bahía Blanca.
En Bahía Blanca está pendiente la causa que investiga el secuestro y muerte de Hugo Ardiles y Orlando Walker, la 53045 radicada en el Juzgado Federal 2 de esa ciudad. El asesinato del guatrachense Carlos Davit en 1975 también fue denunciado en esos tribunales. Durante muchos años, esos expedientes estuvieron estancados.
La Secretaría de DDHH pampeana señaló en ese sentido como un avance que "en el año 2013 el abogado pampeano Miguel Palazzani fue nombrado como fiscal subrogante en Bahía Blanca en la Unidad de Derechos Humanos que entiende sobre los delitos de lesa humanidad en esa ciudad bonaerense. El nombrado está actualmente a cargo de causas como la denominada V Cuerpo del Ejército, pero también está actuando respecto de las investigaciones en trámite sobre los asesinatos de la Triple A en dicha ciudad, como el que tuvo como víctima a Carlos Davit".
El caso que investiga la desaparición forzada de Adrián Omar Follonier en San Pedro, Buenos Aires, quedó en manos del juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal 2 de San Nicolás. Este magistrado ha sido recusado en varios expedientes de delitos de lesa humanidad, aunque no avanzó esta instancia, y luego denunciado ante el Consejo de la Magistratura por dilaciones y retardos en las investigaciones. Villafuerte Ruzo tenía además a cargo la causa 28556/06 de Eduardo Sergio Korsunsky, que "se encuentra sin ningún avance significativo", precisó el documento de la Secretaría de DDHH.
En el caso de la muerte de Antonio Andrés Quispe, ocurrido en el marco de la Masacre de Ezeiza en 1973, nunca se abrió una investigación por este hecho.
Otros expedientes judiciales en marcha, dispersos en otros juzgados, son los de Chela Ruth Gil (desapareció en 1977 en Morón) radicado en Tres de Febrero; María Elena Peter Thomas (desaparecida en 1978 en Morón) y Miguel Angel Gallinari (desaparecido en 1976 en Morón) que tramitan en Morón; Teresita María Scianca (asesinada en 1976) en el Juzgado Federal 4 de Capital Federal; Juan Carlos Andreotti (desapareció en 1976 en Capital Federal) en la causa 1272 del TOF 5 porteño; y Oscar Antonio Di Dío (desaparecido en 1977 en Capital Federal) en un juzgado porteño.