La “causa maldita” de los ex magistrados tuvo un fallo maldito

DOS PENAS LEVES Y OTRAS DOS ABSOLUCIONES

La Justicia de Córdoba dictó su veredicto en la “causa de los ex magistrados”. Lamentable fallo judicial, benigno con cuatro funcionarios que fueron cómplices de la dictadura. La corporación, condescendiente consigo misma.
EMILIO MARIN – El martes 7 el cronista se llegó hasta el juzgado federal de Córdoba para asistir a la última audiencia del juicio que se seguía contra cuatro ex magistrados por su conducta durante la dictadura militar-cívica. Aunque con muchas dudas, porque había oído el run run de que habría absoluciones y condenas leves. En el fondo conservaba alguna esperanza que se dictara justicia.
Primer obstáculo temporal, la lluvia. Le dio pena que un par de centenares de personas de organismos de derechos humanos se mojaran en la calle aguardando la resolución del Tribunal Federal nº 2. Y entró con su credencial de LA ARENA hasta el primer piso de un juzgado estrecho y chiquito. Una veintena de periodistas se amontonaba ante una pantalla que trasmitía lo que ocurría en una sala cercana. Allí sólo entraban los tres miembros del Tribunal, los cuatro acusados, sus defensas, los dos fiscales, los querellantes y cinco familiares de las víctimas y cinco por los enjuiciados.
Era un lugar menor para un juicio de importancia mayor, porque por primera vez se sentaba en el banquillo de los acusados en esta ciudad a cuatro integrantes de la Justicia Federal de tiempos de la dictadura. ¿Es de muy mal pensado sospechar que se quiso invisibilizar este proceso porque eran ex magistrados?
Es que los ocho juicios anteriores por violaciones a los DDHH que hubo en Córdoba se hicieron en el palacio de los Tribunales Federales, no en el sucucho de referencia.
El presidente del tribunal, Julián Falcucci, secundado por sus pares José C. Quiroga Uriburu y Jorge S. Gallino, dio comienzo a la audiencia y habilitó a que los acusados dijeran sus últimas palabras.
Cada uno de los reos se excusó de hablar. No dijeron ni mu. Querían que todo terminara rápido, de una buena vez. Si algunos de los familiares de las 75 víctimas por 119 hechos de violaciones a los derechos humanos que dieron letra a este proceso tenía alguna lejana esperanza de que los acusados tomaran la palabra y les pidieran disculpas, se dieron cuenta que había cero arrepentimiento y ningún pedido de perdón.

“Adónde vayan los iremos a buscar”.
Ante el mutis colectivo de los cuatro, Falcucci dijo que el tribunal entraba en receso por dos horas antes de dar su veredicto. Y el cronista aprovechó para bajar y mezclarse con la gente en la calle, ya sin lluvia. Allí pudo conversar con quien considera el gran artífice de esta causa, demorada 41 años, el ex preso político Miguel “Vitín” Baronetto; con Sonia Torres, de Abuelas, Eugenio Talbot Wright, de la Mesa de Trabajo y muchas otras personas que se comían las uñas esperando la sentencia. No eran optimistas. Olfateaban un fallo a la medida de la Justicia complaciente, por dos razones: una, porque estaban juzgando a pares suyos y con ellos hay consideraciones especiales; y dos, en medio del gobierno de Mauricio Macri, con su embestida contra la Procuradora General Gils Carbó y jueces díscolos, se acentúan las tendencias conciliatorias en desmedro de la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.
Esos pronósticos no estaban errados. Con alguna demora respecto a la hora anunciada, la pantalla en la calle permitió ver y escuchar cuando Falcucci leía la resolución unánime de los tres integrantes. Se condenó a penas mínimas de tres años de prisión, o sea que no serán cumplidas en la cárcel de Bouwer, al ex juez federal Miguel Angel Puga y el fiscal Antonio Cornejo. Y por otro lado, más grave aún que aquella suavidad de penas, fue la absolución para Carlos Otero Alvarez y el ex defensor Ricardo Haro.
El primero fue secretario penal del juzgado de Antonio Zamboni Ledesma durante la dictadura y luego juez federal que se acogió a una oportuna jubilación en 2009, cuando afrontaba estas denuncias de complicidad con el terrorismo de Estado formuladas por Baronetto y graves cargos en el Consejo de la Magistratura.
Cuando el público vio y escuchó de Falcucci “este juicio ha terminado”, rompió en insultos a los jueces, muy merecidos pero con la aclaración que sus madres no tienen la culpa de esta sentencia. A los cuatro beneficiados por el bajo precio de la sentencia, se les gritó el himno acostumbrado: “Como a los nazis les va a pasar, adónde vayan los iremos a buscar”. Un rato más tarde salieron de allí escoltados por la Policía Federal, rumbo a sus domicilios de donde nunca se ausentaron, excepto un breve lapso cuando dos de ellos estuvieron detenidos en agosto y septiembre de 2012, tras prestar declaración indagatoria. Luego, volvieron a casa, con el beneficio de la prisión domiciliaria porque, como dice el tango, “los favores recibidos creo habértelos pagado”.
Incluso dos de los acusados originalmente, Alí Fuad Alí y Luis E. Molina, fueron desvinculados del proceso argumentando la edad y razones de salud. De los 6 acusados quedaron 4; de éstos sólo 2 recibieron penas levísimas y los otros dos felices con toda la libertad. Se supone que todos seguirán percibiendo sus jubilaciones, que no son precisamente las mínimas que un presidente desinformado en marzo pasado estimó en “9.000 pesos y pico”.

Evidente buen trato.
Los dos fiscales de esta causa, Carlos Gonella y Facundo Trotta, habían pedido penas más severas cuando les tocó el turno de hacerlo, el 3 de octubre pasado. Gonella acusó a Otero Alvarez y Haro, en tanto Trotta se ocupó de Cornejo y Puga.
Ellos pidieron 7 años de prisión para Otero Álvarez; 5 para Puga y Cornejo; y 2 para Haro. Lamentablemente esas solicitudes no fueron tenidas en cuenta, a pesar de los graves cargos que afrontaban y la gran cantidad de pruebas documentales que obraban en poder de la Justicia, en muchos casos escritos con la firma y el sello de los imputados tramitando ante el III Cuerpo de Ejército determinadas actuaciones. Por ejemplo Otero Alvarez daba por legal unas declaraciones arrancadas en la tortura del D-2 de la Policía de la Provincia, un ex centro clandestino de detención y tortura, para poder acusar con esa “prueba” a Baronetto, pero al mismo tiempo le pedía a la autoridad militar le remitiera el original, para cubrir ese defecto formal.
Cuando se inició este proceso al ex secretario penal de Zamboni Ledesma le imputaban 95 casos de complicidad con la represión, pero al final le quedaron en firme 62, una cantidad que ameritaba al menos la pena de 7 años solicitada por Gonella.
Algunas conductas del ex secretario fueron muy canallescas, como haberlo visitado a Baronetto en la cárcel y decirle que su esposa Marta González, presa política en la U-1, había muerto en un “enfrentamiento armado”. Ella como el resto de los 29 presos políticos que fueron asesinados con ese procedimiento de simulación, eran sacados de la Penitenciaría por los militares, con autorización del juzgado de Zamboni Ledesma y ultimados en el trayecto. Así mataron a 29 militantes, más los dos asesinados por los militares al interior de la cárcel, Raúl “Paco” Bauducco y José René Moukarzel.
Algunos de esos fusilados, como Miguel Hugo Vaca Narvaja, tenían una condena a muerte largamente anunciada. Y el preso político Manuel Canizzo le informó del caso a Otero Alvarez y le rogó que hiciera algo al respecto porque lo iban a matar. El secretario meneó la cabeza y no hizo nada.
Lo peor es que, ya producidos esos crímenes, ninguno de estos funcionarios de la Justicia complaciente con el Proceso investigó nada.

“Causa maldita”.
El abogado Rubén Arroyo, uno de los impulsores de este proceso penal, lo bautizó como la “Causa maldita”, según recordó Baronetto. Los hechos se habían cometido 41 años atrás y no avanzaba ni a pasos de tortuga ya en democracia. En 2008 la jueza Cristina Garzón de Lascano la desprendió de la causa por los fusilamientos de presos políticos de la UP-1, que en 2010 terminó en perpetuas para los generales Menéndez y Videla.
Los 6 ex magistrados debieron estar incluidos en ese juicio, pero fueron salvados y juzgados aparte, mucho tiempo después porque las renuncias, apartamientos, etc, demoraron la causa desde 2010. El juicio comenzó el 25 de julio de 2017. ¡Siete años!
Con un agravante, en su versión original los ex magistrados estaban acusados de complicidad con la represión ilegal, pero en la elevación a juicio esos cargos fueron morigerados a otros como supuesta infracción al artículo 248 del Código Penal. Ese artículo reprime al “funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. La acusación más light fue por “incumplimiento de deberes de funcionario público; abuso de autoridad y encubrimiento de crímenes de lesa humanidad”.
En cambio, el ex juez federal Víctor Brusa, de Santa Fe, fue condenado a 22 años por cómplice de la represión. Y el 26 de julio pasado, en Mendoza, se dictó perpetua a 12 imputados, entre ellos los ex jueces federales Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren.
Teniendo en cuenta esos antecedentes, la “Causa Maldita” de Córdoba tuvo una sentencia también maldita.