La contraparte

Muy diferentes fueron las declaraciones ante la Justicia de los máximos dirigentes de las cámaras de la industria y la construcción que las expresadas ante el periodismo. Esa discordancia no pasó desapercibida y fueron destacadas por la prensa en el marco de las investigaciones que se iniciaron con la detención del ex secretario de Obras Públicas José López. Las expresiones de los titulares de la UIA y la CAC, sin ser idénticas, coincidieron en señalar que tenían conocimiento de hechos de corrupción y de pactos de silencio en el marco de las relaciones entre funcionarios y contratistas del Estado. El primero de ellos hasta llegó a utilizar el término “cómplice” para referirse a su propia actuación.
Frente al fiscal las palabras que emplearon los dos fueron absolutamente diferentes. Buscaron relativizar aquellos dichos y bajarle el tono a la polémica. Es indudable que la estrategia desplegada apunta a despegar a muchos de los actores privados de los presuntos hechos de corrupción que hoy están bajo la lupa de una justicia federal que -a tono con los cambios políticos en el país- se lanzó a máxima velocidad a escudriñar la gestión del gobierno kirchnerista.
Pero es bien sabido que la corrupción en el Estado está indisolublemente ligada a la del sector privado. No hay recepción de coimas si alguien no las paga. De un lado están los funcionarios que las reciben y del otro los empresarios privados que las dan. El beneficio es mutuo: el funcionario engorda su bolsillo y el empresario recibe obras o trafica mayores costos, con lo cual también recibe un beneficio económico ilegal. Es una transacción que, indefectiblemente, necesita de dos partes. Sin embargo, por intereses de clase y políticos, tanto el gobierno nacional como los grandes medios porteños han puesto la lupa preferentemente en el campo estatal, direccionando interesadamente y olvidándose de buena parte del privado, con el evidente propósito de descargar artillería pesada contra el gobierno anterior y evitar secuelas entre muchos de los grandes empresarios.
La única forma de llegar a fondo en la investigación de la corrupción es que jueces y fiscales puedan independizarse del cepo mediático y político para avanzar en todas las complicidades estatales y privadas, sin excepción. Si se apunta selectivamente quedarán en la oscuridad muchos responsables.

Un gran fraude
Después de sufrir acusaciones, denuncias, insultos y hasta el apartamiento de su cargo de presidenta de Brasil, Dilma Rousseff empieza a ser reivindicada. El peritaje técnico del Senado brasileño dictaminó que no hubo crimen de responsabilidad y que la denuncia contra ella no se ajusta a derecho. Ese drástico vuelco en el escenario político brasileño no hace otra cosa que confirmar las sospechas de que el impeachment a la presidenta fue en verdad un golpe institucional de la derecha proempresaria.
Lo que torna más ominoso este proceso es el hecho de que los senadores y diputados que lideraron con mayor entusiasmo el apartamiento de Rousseff hoy son objeto de severos cargos de corrupción por parte de la Justicia brasileña. Todos ellos son investigados por conductas delictivas que involucran sumas millonarias mientras la presidenta apartada no posee sobre sí una sola imputación judicial.
Los grandes medios de comunicación son también grandes responsables de este fraude cometido contra la soberanía popular. Con sus falacias, denuncias inconsistentes y el uso espurio de la corrupción como arma para atacar a un gobierno que no cedió ante las presiones corporativas, están ellos también en el centro de las sospechas.
Este gravísimo problema institucional tiene implicancias también en nuestro país. No olvidemos que el gobierno argentino fue el primero en reconocer y recibir en su propia casa a Michel Temer, y que no faltaron declaraciones de entusiasmo ante el cambio de rumbo económico, con clara tendencia neoliberal, que impulsó.

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