La Corte Suprema resolverá situación

Tres jueces designados de manera irregular, por decreto de Mauricio Macri, se niegan a volver a sus tribunales de origen. La Corte anunció un acuerdo especial para tratar su caso.
IRINA SANTESTEBAN
Luego que el Consejo de la Magistratura resolviera enviar los casos de diez jueces trasladados sin acuerdo del Senado durante el macrismo, y que la Cámara Alta resolviera que volvieran a los tribunales para los cuales habían sido designados de acuerdo al mandato constitucional, tres de ellos se niegan a cumplir con esa decisión.
Que Juntos por el Cambio acuse al gobierno de Alberto Fernández de vulnerar la «independencia» del Poder Judicial, podría ser un buen chiste si no fuera un asunto de tanta trascendencia democrática y republicana.
La sola existencia, reconocida públicamente, de una «mesa judicial» que decidía los asuntos más importantes en el Poder Judicial, debería haber sido un escándalo de proporciones mayúsculas. Para los medios hegemónicos no lo fue. Ellos insisten en mostrar al Senado, «manejado» por Cristina Fernández, como parte de la persecución a jueces para garantizar la impunidad de la vicepresidenta. CFK dirige el Senado porque fue elegida por el voto popular. Y fue justamente el gobierno anterior el que buscó jueces (el finado Bonadío era su preferido) para la tramitación de causas, muchas armadas sin pruebas y sin las garantías del debido proceso, principios constitucionales que deberían ser iguales para toda la ciudadanía.
La presión sobre jueces que investigaban a funcionarios del anterior gobierno, la destitución de otros y la designación por decreto, fueron algunos de los mecanismos que utilizó el gobierno anterior para garantizarse un Poder Judicial «a la carta», que les sirviera para sus negocios y la persecución de sus opositores.

Volver a sus tribunales.
La decisión del Consejo de la Magistratura fue refrendada por el Senado, en una sesión a la que Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli decidieron no asistir y apelaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte envió el caso a la Cámara de Casación, cuyo Tribunal de Superintendencia resolvió que los jueces «rebeldes» debían volver a sus tribunales de origen, por haber sido designados por decreto y sin acuerdo del Senado.
En franca rebeldía, una situación procesal inimaginable para un magistrado, los tres jueces pidieron licencia y ahora saben que el próximo martes, tal lo anunciado ayer por Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema tratará el tema en un acuerdo extraordinario. Para el ex abogado del grupo Clarín, esta decisión se fundamente en que la Corte Suprema «tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados». Para Rosenkrantz es necesario que la Corte intervenga porque «tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado».

Reforma judicial.
El proyecto de reforma judicial de Alberto Fernández, obtuvo media sanción en el Senado con los 40 votos del peronismo. Ahora debe pasar a Diputados, y allí para tener quórum y poder aprobarlo, el oficialismo necesita el apoyo de bloques provinciales.
En la Cámara Alta hubo modificaciones al proyecto original. Se mantiene la fusión entre el fuero Criminal Correccional Federal con el Penal Económico, no así entre el fuero Civil y Comercial y el Contencioso Administrativo, donde se aprobó la conformación de un Tribunal de Resolución de Conflictos de competencia.
Uno de los fundamentos para sostener el proyecto fue fortalecer la Justicia Federal en el interior del país con la creación de nuevos cargos judiciales. Se previó la creación de 94 juzgados federales de primera instancia con competencia penal en distintos puntos del país, pero en el Senado se estipuló que serán 55 juzgados federales de primera instancia y 18 juzgados federales penales de garantías. A ellos se suman 9 cámaras federales nuevas en las provincias (La Pampa entre ellas), más dos salas nuevas en Rosario, Mar del Plata y General Roca. Así, los nuevos cargos de jueces y camaristas en el interior provincial serán 118, aunque con una composición distinta.
En cuanto al sistema acusatorio, se mantuvo la redacción original que establece la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal, promulgado en febrero de 2019: los fiscales llevan adelante la investigación penal, mientras los jueces ofician de control o garantías.

Presiones.
En el proyecto original había un apartado sobre «reglas de actuación» de los magistrados. Una de ellas sostenía que los jueces deben comunicar al Consejo de la Magistratura «cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo». El senador Omar Parrilli le agregó los «poderes mediáticos». Esto fue criticado por la oposición y la corporación mediática con el grupo Clarín al frente. El oficialismo cedió y se cambió «poderes mediáticos» por «personas o grupos de poder».
Se aprobó un método más transparente para el sorteo de causas, para evitar el «Forum shopping», mecanismo que permitía que ciertas causas recayeran siempre sobre los mismos jueces. Los sorteos se realizarán manualmente y deberán ser grabados, al igual que los sorteos de tribunales de juicio; pudiendo requerirse el apoyo de organismos externos para garantizar la transparencia del mecanismo.

Empezar por la Corte.
La reforma propuesta por el oficialismo no ataca los problemas de fondo que tiene el sistema judicial. Deja a la Corte Suprema de Justicia tal como está, bajo la presidencia de un abogado que viene de un estudio jurídico cuyos principales clientes eran el grupo Clarín, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Panamerican Energy, los Fondos de Inversiones GP y Pegasus; y las petroquímicas Dow y Cuyo.
Rosenkrantz fue además el artífice en 2017, del famoso fallo del «2×1», que intentó beneficiar a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. La extraordinaria movilización popular en todo el país impidió que esa resolución se concretara.
Este Poder Judicial no es nada independiente. En demasiados casos han intervenido los jueces y la propia Corte Suprema, contra leyes votadas por el Congreso (Ley de Medios 2009, Reforma Judicial 2013, etcétera), formado por representantes elegidos por el voto popular.
Existen jueces, y no pocos, que honran su cargo y su juramento, pero para terminar con los males del Poder Judicial, es necesaria una reforma profunda que comience por la cabeza y llegue hasta los pies. Y se reponga la venda para no ver la cara del cliente.