La democracia de Medio Oriente

La cuestión de la discriminación funciona más o menos así: tomando como ejemplo a la artista Yoko Ono, ningún juzgamiento que se haga sobre su obra puede estar basado en su condición de mujer, su nacionalidad japonesa, su raza amarilla, o su supuesta responsabilidad en la separación de Los Beatles. Su obra debe juzgarse por sí misma, del mismo modo que se haría con un artista varón, blanco, heterosexual y cristiano. Puestos en esa posición, es perfectamente legítimo decir que la mayor parte de la obra de Yoko Ono es una gigantesca tomada de pelo. Se tenía que decir y se dijo.

Anti.
Lo mismo ocurre con el Estado de Israel, que debe ser juzgado o criticado con los mismos patrones con que se analiza a cualquier otro ente nacional, con independencia de la raza o credo de sus habitantes (y conviene siempre recordar que en ese país habitan personas de muchas nacionalidades, etnias y religiones distintas).
El problema es que, al menos por estos lares, cualquier crítica al gobierno israelí se encuentra enseguida con una acusación -desde ciertos sectores conservadores- de «antisemitismo», seguida del argumento de que se trata de la única democracia de Medio Oriente, cuyos vecinos/enemigos son todos terroristas islámicos.
Como con Venezuela, y casi con cualquier tema internacional más o menos polémico, el debate nacional aparece siempre opacado por una mezcla de ignorancia y prejuicio. No se puede negar la existencial del antisemitismo, pero éste no puede ser usado como pretexto para justificar cualquier decisión de aquel gobierno.
Esta semana se conoció que, tras cuatro elecciones y dos años sin gobierno formado, una coalición que incluye a partidos de derecha, de izquierda, y hasta de extracción palestina, estaría en condiciones, finalmente, de echar del poder a Benjamin Netanyahu. Este político de ultraderecha, que llevaba doce años en el poder, deberá ahora finalmente afrontar los múltiples cargos por corrupción que pesan en su contra.

Democracia.
De modo que, efectivamente, Israel es una democracia parlamentaria. Pero que el gobierno se elija por el voto popular, no quiere decir necesariamente que los habitantes de aquel país -y no hablamos sólo de los palestinos- disfruten de un alto nivel de libertades políticas o de calidad institucional.
La verdad es que, como la vida nacional israelí está signada por un estado de conflicto -por no decir guerra- permanente, resulta extremadamente complicado desarrollar una rutina de libertades, ya que se vive en un constante estado de excepción, casi como lo que aquí se conoce como «estado de sitio».
Si nos atenemos a lo que acaba de publicar la politóloga israelí Dahlia Scheindlin, el conflicto permanente en que vive su país «está sofocando los valores liberales, erosionando las instituciones democráticas, y haciendo colapsar toda posibilidad de liderazgo político».
La cuestión palestina permea de tal forma el debate político, que cualquier tema que la involucre -ya sea la llamada «solución de dos estados» o la cuestión de los asentamientos judíos en territorio palestino- define de inmediato las posiciones de derecha e izquierda, haciendo imposible las búsqueda de consensos, y generando un permanente estancamiento del debate.

Postergados.
Y es así también -dice Scheindlin- como «muchos temas importantes, como los problemas económicos, la inversión en educación, los derechos de la comunidad LGBTQ, y hasta incluso la muy emocional cuestión de la separación de iglesia y estado» resultan casi imposibles de abordar.
El estado de conflicto hace que los ciudadanos israelíes deban tolerar un muy estricto servicio de conscripción militar que la mayoría de las democracias occidentales -incluso la nuestra- ha abolido hace tiempo. Pero si esa carga no fuera bastante pesada, lo es aún más el hecho de que los judíos ortodoxos estén exentos de cumplirla, lo cual es consecuencia directa del alineamiento de la derecha nacional con los partidos religiosos tradicionales.
Esta presencia de la religión en la vida pública conduce a otros resultados intolerables como la inexistencia del matrimonio civil (muchos israelíes viajan al exterior para casarse sin intervención religiosa) o como el virtual toque de queda del Sabbath, donde los no religiosos sufren la imposición de ni siquiera poder utilizar el transporte público.

Derechos.
La verdad es que tampoco existe en Israel un «bill of rights», esto es, una declaración de derechos individuales como los que existen en nuestra Constitución. Ha sido tarea de los jueces tratar de ampliar y garantizar esos derechos, lo cual ha generado no pocos conflictos de poder con el Ejecutivo (por cierto, los problemas judiciales de Netanyahu tampoco colaboraron en este sentido).
Estos problemas se acentuaron durante los últimos doce años, en que «el gobierno dictó leyes discriminatorias contra los palestinos, restringiendo las actividades de los partidos de izquierda, y en general, a la sociedad civil. Estas leyes tienen el inocultable objetivo de transformar a Israel en un estado exclusivamente judío, con la menor oposición política posible», afirma Scheindlin.
En nombre de esa «gobernabilidad» el gobierno ha venido socavando la autoridad de los jueces, y también la independencia de la prensa, que tiene una fuerte tradición (hace unos veinte años, Noam Chomsky afirmaba que la prensa israelí era más independiente y vigorosa que la norteamericana). No es casualidad que uno de los edificios que fueron «quirúrgicamente» demolidos en Gaza durante los bombardeos de mayo, albergara a varias agencias internacionales de prensa.
Si a eso le sumamos que Israel es probablemente el líder mundial en el uso de la inteligencia artificial para la vigilancia de su población (especialmente palestinos y disidentes) se ve que, con todos sus logros y el talento de su gente, las condiciones de vida democrática son inferiores, incluso, a los estándares argentinos. Se tenía que decir y se dijo.

PETRONIO