La derecha, el Estado y los negocios

Mientras en las últimas horas el gobierno nacional desautorizaba un aumento en los precios de la medicina prepaga se conocía un informe de la Sindicatura General de la Nación que informaba de groseras irregularidades y ausencia de controles sobre estas empresas y las obras sociales durante el gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo al trabajo de la Sigen, bajo la administración macrista hubo serias falencias en materia de auditorías económicas y financieras por lo tanto se dejaron pasar irregularidades en la aprobación de balances y un alto grado de morosidad en los estados contables que deben presentar tanto las empresas de la medicina prepaga como las obras sociales.
Uno de los señalamientos más graves de la Sigen es que el gobierno de Macri autorizó aumentos de precios en las prestaciones de estas entidades en violación de la normativa vigente que exige que las firmas que pretenden aumentar el valor de las cuotas deban presentar una justificación ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
Tampoco se llevaron a cabo los controles de cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO) con lo cual se afectaron los derechos de los afiliados al sistema, se dejaron de registrar los subsidios entregados y, por si no bastara, se omitieron sanciones contra las entidades que habían acumulado cuantiosas deudas prestacionales con los hospitales públicos.
Pero no fue el único terreno en donde el macrismo usó el Estado para beneficiar al mundo empresarial. En los últimos días se conoció la resolución de un juez que decidió suspender la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la Capital Federal. Los lotes pertenecían a la Nación y bajo el gobierno macrista fueron transferidos a la Ciudad. El magistrado objetó que no se realizaron las audiencias públicas exigidas por la Constitución de la CABA para llevar adelante estas medidas.
A principios del año pasado el actual Presidente de la Nación había ordenado investigar las cesiones de tierras que dispuso Macri en favor del gobierno porteño porque, todo indica, se violó la Ley de Responsabilidad Fiscal y se afectó el patrimonio público. Además en octubre la Justicia frenó la venta de terrenos en Costanera Norte que promovió el gobierno de la CABA para levantar un barrio privado. Lo hizo dando lugar a un recurso de amparo presentado por numerosos vecinos e instituciones que objetaron una ley, aprobada en soledad por la mayoría macrista en la Legislatura porteña, porque beneficiaba a poderosos intereses inmobiliarios y privatizaba el acceso a la costa del Río de la Plata.
Cuando el Estado se pone al servicio de los negocios privados en lugar de defender el interés público y el bienestar general suceden estas cosas que hoy están saliendo a la luz. Esta distorsión del rol estatal se llevó a su máxima expresión bajo el gobierno de Cambiemos. Por tal motivo ese cuatrienio será recordado por siempre como el que más perjudicó a los sectores mayoritarios integrados por trabajadores, profesionales y Pymes y el que más benefició a las minorías poseedoras de las mayores empresas y fortunas. No es ninguna novedad, cada vez que una expresión política de la derecha neoliberal llega al gobierno, sucede lo mismo.