La derecha incurable

El retiro de los senadores de Juntos por el Cambio del recinto -y del debate virtual- al momento de votarse la Ley de Alquileres provocó cierta extrañeza porque en la Cámara de Diputados, hace solo algunos meses, esa alianza había votado a favor del proyecto. Claro que el mapa político argentino cambió desde noviembre del año pasado -cuando tuvo lugar el tratamiento del tema en la Cámara Baja- porque el entonces oficialismo pasó a ser oposición y viceversa.
El argumento utilizado por la coalición de la derecha para justificar la huida del recinto al momento de votar fue que el Congreso debe limitarse a tratar temas vinculados a la pandemia de coronavirus en forma excluyente. Enorme contradicción en quienes hasta hace pocas semanas levantaban su dedo acusador contra el oficialismo por «mantener cerrado el Congreso» y «negarse a debatir muchos temas importantes». Cortos de memoria, y de coherencia, prefirieron desentenderse de un problema tan grave, que afecta a millones de familias de todo el país quienes, por carecer de vivienda propia, se ven en la necesidad de alquilar en condiciones harto desventajosas.
Hace una semana los senadores de JxC también habían puesto trabas al tratamiento del proyecto, aunque en esa oportunidad con otra excusa: que no habían transcurrido los 14 días que exige el reglamento entre el ingreso del tema y su presentación en el recinto. Luego de ese desplante era de esperar que en la nueva sesión, subsanado el problema reglamentario, los legisladores de la coalición opositora acompañaran con su voto la sanción de la nueva ley en sintonía con la voluntad que ya habían expresado sus propios diputados. Pero no ocurrió así porque en el medio sucedió el «caso Vicentin». Si bien ambos temas son independientes y no tienen ningún punto de contacto, el bloque que reúne a macristas, radicales y cívicos lo enarboló el jueves en el recinto con la evidente intención de hostigar al gobierno nacional, a caballo de un clima de guerra convenientemente fogoneado por los grandes medios de comunicación.
Así las cosas, el oficialismo asumió en solitario la tarea de convertir el proyecto en ley, con lo cual obtuvo un doble triunfo de esta inesperada circunstancia: se convirtió en la fuerza que hizo realidad la nueva norma y desnudó la insensibilidad de la coalición de derecha que antepuso su postura belicosa al objetivo superior de apoyar una ley que beneficiará a un importante sector social.
En verdad, con su voltereta política, la alianza que gobernara el país durante el cuatrienio anterior no hizo más que ratificar su pertenencia de clase. Después de haber protagonizado un gobierno de ricos para ricos, ahora, desde la oposición, no pierde oportunidad de entorpecer toda medida de gobierno que tienda a beneficiar a los sectores populares y a poner límites a la elite económica. Su indiferencia ante los cambios positivos que incorpora la nueva Ley de Alquileres corre pareja con su interés por defender a los empresarios que estafaron al Banco Nación, fugaron y lavaron activos y provocaron la bancarrota de una poderosa compañía agroexportadora.