La diversidad de fiesta

La ley abandonó los compartimentos estancos del binarismo hegemónico, para instalar la diversidad, la mutabilidad, la flexibilización de la rigidez binaria. Y para que la soledad del armario deje de ser una opción.
VICTORIA SANTESTEBAN*
El 28 de junio se celebra el día del orgullo LGBTIQ+ y aquellos países que van quitándose los barbijos pudieron celebrar con multitudes, la diversidad. En esta parte del mundo en donde todavía rigen protocolos Covid-19, también se festejó, aunque sin desfiles ni fiestas; porque motivos de celebración en una Argentina de vanguardia, siempre hay. Nuestras leyes están en esa lista de razones que reivindican la lucha y abrazan la causa de colores.

Stonewall.
Un 28 de junio pero de 1969, el bar Stonewall de Nueva York se convertía en escenario histórico: la primera reivindicación de derechos de personas LGBTIQ+ tomaba lugar en el local neoyorquino, cuando la policía comenzó a registrar y detener allí a toda persona sospechada de homosexualidad o cuyas ropas no se ajustaban al binarismo hegemónico y normativo. Los hechos motivaron la primera marcha por el orgullo, replicada hasta nuestros días en calles de un mundo que celebra colorido y con orgullo, todas las diversidades de género y orientaciones sexuales.

Conquistas.
De 1969 a esta parte, el movimiento LGBTIQ+ ha logrado la conquista de espacios y derechos, que incluyen desde la no criminalización de la orientación sexual, hasta el matrimonio igualitario y las leyes de cupos. Sin embargo, todavía 69 países criminalizan la homosexualidad y en 11 de ellos puede significar la pena de muerte. Y sin necesidad de citar casos extremos que distan de la realidad -al menos legislativa- argentina, cierto es que los esfuerzos políticos para la igualdad y el ejercicio de derechos que incluyan al colectivo LGBTIQ+ chocan con la desigualdad estructural, con el entramado de violencias contra personas que no se amoldan al mandato hegemónico de heternormatividad y binarismo. Entonces, a la par del recorrido estatal que reconoce derechos y aboga por una convivencia democrática que incluye a todxs, las violencias como legado patriarcal enquistado obstaculizan la concreción de lo que mandan los papeles, ampliando la brecha entre el mundo real del ser con el normativo del deber ser.

Leyes.
Sin dudas, la sanción de la ley de matrimonio igualitario en 2010 fue hito transformador para una Argentina vanguardista, que en la lucha LGBTIQ+ marchó desde la vuelta de la democracia, junto con países como Alemania, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La Ley de Identidad de Género de 2012, en consonancia con la anterior, completa el bloque normativo que hace de la Argentina un Estado que reconoce al amor y a la libertad en todas sus formas. Mientras la ley de matrimonio igualitario vino a otorgar a todxs los derechos hasta entonces reservados sólo a personas heterosexuales, la ley de identidad de género consagró la libertad más básica y aún así postergada: la de autopercepción. ¿Cómo vivir en libertad, sin la posibilidad de esta autodeterminación antes cancelada? ¿Quién más que unx mismx para decidir quién es? ¿Cómo ejercer el derecho a la identidad si el sistema de sexo-género hegemónico continuaba escribiendo las reglas? La Ley de Identidad de Género legitimó las vivencias más íntimas, aquellas que nos definen y posibilitan el ejercicio pleno de la identidad, pues enmarcado en libertad e igualdad. La ley abandonó los compartimentos estancos del binarismo hegemónico, para instalar la diversidad, la mutabilidad, la flexibilización de la rigidez binaria.

Violencias.
Las leyes no son pócimas mágicas que con su mera sanción transforman la realidad para corresponderla con la panacea escrita. Ojalá fuera así de sencillo. Los números de la violencia contra personas del colectivo LGBTIQ+ en Argentina preocupan: en 2020 se registraron 120 crímenes de odio basados en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género; el 13 por ciento de los directivos de escuelas secundarias argentinas tuvo que intervenir por situaciones de discriminación por orientación sexual; niños, niñas y adolescentes trans/travestis son expulsadxs de sus casas y así su expectativa de vida no supera los 40 años; el registro de travesticidios y transfemicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema encuentra entre los obstáculos para contabilizar la violencia que muchas de las personas trans y travestis son asesinadas por la policía que encubre las desapariciones, las anota con nombres que no se corresponden con su identidad, o bien como NN. Además, la exclusión también de las familias hace que no exista muchas veces un pedido de búsqueda. No es así el caso de Tehuel, el joven trans que continúa desaparecido desde marzo de 2021. Las crónicas de estas violencias dan cuenta que pertenecer al colectivo LGBTIQ+ es saber de exclusión y resistencia. En este marco, la reciente ley de cupo laboral trans/travesti viene a tender manos para lograr desestabilizar la estructura de desigualdad que impide el ejercicio de sus derechos.

Salir del closet.
Salir de la oscuridad asfixiante no debería representar peligro de muerte. Ni deberíamos hablar de valentía por patear las puertas que entorpecen la vida plena. Se esperan todavía los tiempos para que todxs salgan de closets y de las estructuras mentales que reducen la realidad a compartimentos binarios, que no se superponen, ni se mezclan, ni se juntan más que para la reproducción de la especie. Se espera que la deconstrucción hasta la médula desarticule todo vestigio de rigidez, para entremezclarlo todo y flexibilizar lo pretendido pétreo. Que ese ablandamiento llegue hasta los corazones más oxidados. Que la soledad del armario deje de ser una opción. Que el amor se quite las etiquetas. Que el placer venga sin culpas. Que la vida sea más libre y que la muerte llegue más tarde, no a unos jóvenes 40. Que se usen todos los colores y que la obsesión por encasillar cuerpos pase de moda. Que las calles no fisgoneen horrorizadas los besos de lxs enamoradxs. Que amar en libertad como derecho constitucional, sea para todxs.

*Abogada, magíster en Derechos Humanos y Libertades Civiles.