La doble vara del Poder Judicial y el silencio del gobierno

PRISION DOMICILIARIA A ETCHECOLATZ

Masivas movilizaciones se realizaron en Mar del Plata, en repudio a la decisión del Tribunal Oral Federal que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
IRINA SANTESTEBAN
En esta época del año, Mar del Plata es noticia por sus playas y porque muchos famosos de la farándula, la política o el fútbol eligen esa ciudad balnearia para veranear. Sin embargo, la temporada 2018 muestra menos afluencia turística que otros años, y más movilizaciones por Derechos Humanos. Es que, desde fines de 2017, un nuevo residente en el coqueto barrio Bosque Peralta Ramos, ha provocado el repudio de los vecinos. Se suma así al rechazo que el pueblo argentino ha expresado a las sucesivas medidas que viene intentando el gobierno de Mauricio Macri y una parte del Poder Judicial, con la intención de terminar con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y los juicios por los crímenes de la dictadura.

Récord de condenas.
Alguna vez la diputada Elisa Carrió, para justificar la posibilidad de un perdón para los genocidas, los calificó como “pobres viejitos”.
Miguel Osvaldo Etchecolatz, a los 88 años, si bien biológicamente es un anciano, dista mucho de merecer esa calificación casi misericordiosa que la jefa del ARI les prodigara a los responsables del terrorismo de Estado. El ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense hasta 1979, mano derecha del general Ramón Camps, fue condenado en 1986 a 23 años de prisión por 91 casos de tormentos reiterados. En 1990, Etchecolatz recuperó su libertad, beneficiado con el indulto del entonces presidente Carlos Menem.
En 2004, obtuvo su segunda condena, 7 años de prisión por la privación de la identidad de una hija de desaparecidos, Carmen Sanz; y en 2006, fue el primer miembro de una fuerza de seguridad, que, luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue enjuiciado por “crímenes de lesa humanidad”.
En las audiencias orales, fue decisivo el testimonio de una de las víctimas, Jorge Julio López, quien luego de declarar en su contra, fue desaparecido y permanece en ese estado desde el 18 de septiembre de 2006, un día antes del dictado de la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, que condenó a Etchecolatz a prisión perpetua por 6 homicidios con el agravante de ensañamiento y alevosía, privación ilegítima de la libertad y 2 casos de secuestro y tormentos.
Luego vendrían 3 condenas más, totalizando media docena, 3 de ellas a prisión perpetua, para el ex comisario que tuvo bajo su directo dominio 21 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires.

De lesa humanidad.
En la sentencia de 2006, el TOF1, integrado por Carlos Alberto Rozanski, Horacio Alfredo Isaurralde y Norberto Lorenzo, consideró que se habían cometido delitos “de lesa humanidad” y por ello, imprescriptibles, por la “primacía del derecho internacional sobre el derecho interno argentino en materia de derechos humanos”, citando la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, que fuera adoptada por la Asamblea General de la ONU de 1968.
Frente a la defensa de Etchecolatz, que había planteado la inaplicabilidad de la figura del delito de lesa humanidad, por no estar específicamente previsto en nuestra legislación interna, los jueces sentenciaron haciendo prevalecer los pactos suscriptos por Argentina en materia de Derechos Humanos; y así sucedió en los siguientes 200 fallos que han dictado los Tribunales Orales en todo el país, hasta la fecha, conforme el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que coordinan los fiscales Jorge Auat y Carolina Varsky.

Clara Anahí.
En el juicio de 2006, Etchecolatz fue condenado, entre los seis casos de homicidio calificado, por el de la joven Diana Teruggi de Mariani, una estudiante de Letras de 26 años, que vivía junto a su marido Daniel Mariani y su beba de 3 meses, en una casa en La Plata, en la que funcionaba una imprenta clandestina de la organización Montoneros.
Cuando fue descubierta, la casa fue atacada y bombardeada por fuerzas policiales y del Ejército, todos sus ocupantes fueron asesinados, incluida Diana, quien salió al patio ocultando con su cuerpo a su pequeña hija, Clara Anahí Mariani. Según testimonios de los vecinos, la beba habría sobrevivido y es una de los 500 bebés secuestrados y apropiados por los genocidas, buscada desde hace más de 40 años por su abuela paterna, Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. A los 94 años, Chicha dice: “Yo quisiera que los jueces hicieran hablar a Etchecolatz, pero en lugar de eso lo mandan a su casa veraniega. Pasé mucho tiempo sufriendo y esto es como un golpe final. ¿Voy a aguantar esta nueva crueldad?” (Revista Resumen Latinoamericano, 6/01/2018).

Varios intentos.
No es la primera vez que el ex jefe policial goza del beneficio de la prisión domiciliaria. La tuvo en el año 2004, luego de ser condenado por la privación de la identidad de una hija de desaparecidos, pero le fue revocada porque en un procedimiento para embargarle bienes se le descubrió una pistola 9 mm.
En 2016 la Sala I de la Cámara Federal porteña le había otorgado el beneficio pero fue anulado por la Cámara de Casación Penal, ante la apelación de la fiscalía y los querellantes.
En esa oportunidad, los camaristas de Casación Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky manifestaron que en materia de crímenes de lesa humanidad “se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino” ante el sistema de Derechos Humanos.

Doble vara.
Mientras un condenado por crímenes contra la humanidad, que no ha presentado ningún signo de arrepentimiento ni ha colaborado con la Justicia para que se pueda saber el paradero de los jóvenes que fueron apropiados al nacer durante el cautiverio de sus madres, ni para que se sepa el destino de miles de desaparecidos, goza del beneficio de prisión domiciliaria, en condiciones muy favorables, otros presos no tienen ese tratamiento por parte del Poder Judicial.
Milagro Sala, quien va a cumplir dos años de prisión preventiva el próximo 16 de enero, que no tiene ninguna condena, ni se le ha iniciado siquiera el juicio oral por las causas por las que se la ha privado de su libertad, si bien se encuentra en prisión domiciliaria, la misma demoró más de un año en ser concedida y sus condiciones son mucho más rigurosas que las del represor Etchecolatz. Custodiada por efectivos de Gendarmería, en una casa que no era su residencia, la dirigente de la organización social Tupac Amaru es víctima de un duro tratamiento por parte de la justicia jujeña y el servicio penitenciario de esa provincia.
Y en el caso de Sala, se dictó el beneficio porque hubo resoluciones de la Comisión y el Comité Interamericano de Derechos Humanos, que aconsejaron tal medida; y hubo un dictamen de las Naciones Unidas, calificando de “arbitraria” su detención.

Silencio que aturde.
No se han escuchado voces oficiales respecto a la prisión domiciliaria de Etchecolatz, siendo que el gobierno nacional ha denostado a aquellos jueces que con sus fallos han cuestionado medidas oficiales. Tanto el presidente Mauricio Macri como el ministro de Justicia Germán Garavano mantuvieron una dura política de hostigamiento contra Alejandra Gils Carbó, la ex Procuradora General, consiguiendo finalmente su renuncia. El titular del Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, magistrado que había fallado haciendo lugar al amparo presentado por ciudadanos en contra de los tarifazos y también a favor de los docentes, fue suspendido por el Jury de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires. Los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Graciela Marino y Enrique Arias Gibert fueron denunciados por el ministro de Trabajo Jorge Triaca, ante el Consejo de la Magistratura por supuesto “mal desempeño”, por haber avalado la paritaria bancaria, que había pactado un aumento salarial por encima de lo que había pautado el gobierno.
Semejante actividad de intromisión frente al Poder Judicial, por parte de un gobierno que decía durante la campaña electoral que pretendía una “Justicia independiente”, hoy contrasta con el silencio ante una resolución judicial muy cuestionable, la de otorgar la prisión domiciliaria para quien está acusado de delitos gravísimos, y que además no ha demostrado nunca una actitud de arrepentimiento ni de colaboración con la Justicia para reparar el enorme daño que se hizo a miles de familias, con la desaparición de personas y la apropiación de niños.

Verano con marchas.
La recepción al genocida en Mar del Plata fue contundente: tres jornadas seguidas con marchas multitudinarias, y los vecinos del barrio Bosque Peralta Ramos manifestando en las redes sociales su rechazo a convivir con el represor, demuestran que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, han calado hondo en el pueblo argentino.
Es que, si se intenta volver a las políticas de impunidad para los genocidas, sea por parte del Poder Judicial o de las autoridades nacionales, habrá resistencia por parte de amplios sectores del pueblo.
Hasta la hija de Etchecolatz ha repudiado a su padre, y logró que la Justicia aceptara su reclamo de supresión del apellido paterno. Ahora se llama Mariana Dopazo, y ha contado en diversos medios de prensa el calvario que sufrió durante su niñez y adolescencia conviviendo con un represor.
La formación del colectivo “Historias Desobedientes: Hijos e Hijas de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, marca un nuevo paso adelante, pues están pidiendo que se modifique el Código de Procedimiento Penal para poder declarar en contra de sus progenitores. Explican que como hijos, hijas o familiares de genocidas, han tomado conciencia de la información que pueden contar, y “aportar al esclarecimiento de una causa, teniendo muy en cuenta la obligación ética que sentimos, por tratarse de crímenes de lesa humanidad”, y por la urgencia de hacer justicia, teniendo en cuenta la edad avanzada de muchos familiares que buscan a sus hijos/as y nietos/as.