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La doble vara sobre los DD.HH.

Pocas veces un acontecimiento internacional creó tanta discusión en el país como el reciente voto argentino relativo a la violación de los derechos humanos en Venezuela.
Lo singular es que ese voto se veía venir, adelantado por el aval de la Cancillería argentina a la tarea de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidente de Chile Michelle Bachelet, que había enviado veedores y anticipado informes -impulsados por el Grupo de Lima, integrado por los países latinoamericanos más alineados con Washington- sobre el país del Caribe. La comisionada intentó en vano parecer equilibrada, cuando tanto ella como el organismo internacional que representa están lejos de abocarse con la misma energía a investigar muchos otros países en donde se violan los derechos humanos en forma ostensible.
Sin ir más lejos, en el propio país de Bachelet las fuerzas de seguridad reprimen con altos grados de violencia todas las manifestaciones públicas en contra del gobierno. Todo el mundo fue testigo a través de las imágenes de la TV, de cómo el cuerpo de Carabineros disparaba balas de goma al rostro de los manifestantes, provocando casos de ceguera parcial o total. Pero la violencia estatal no se agota allí. Organizaciones de derechos humanos denunciaron infinidad de casos de mujeres que, en los sitios de detención, fueron obligadas a desnudarse y muchas de ellas resultaron abusadas sexualmente.
También es válido el caso de Colombia en donde, tras el pretendido acuerdo de paz con las FARC se vienen sucediendo los asesinatos de ex combatientes que abandonaron sus armas para incorporarse a la política. Asimismo, centenares de dirigentes indígenas, sindicales, feministas y defensores de los derechos humanos también han sufrido la muerte en manos de cuerpos de seguridad estatales o de organizaciones armadas paramilitares que siguen activas y sembrando el terror en casi todo el territorio colombiano. En Bogotá y las grandes ciudades, las movilizaciones populares en contra de la violencia gubernamental son reprimidas con ferocidad y con un alto costo en vidas, en tanto se siguen descubriendo fosas comunes repletas de cadáveres, incluso de niños a quienes las fuerzas de seguridad colombianas consideran «objetivos válidos» de las tareas represivas.
La doble vara desplegada por Bachelet podría completarse con la de los Estados Unidos, el principal impulsor de la ofensiva contra Venezuela. En el país del norte existe un racismo manifiesto, tanto que permitió que el policía que asesinó a una persona de raza negra haya recuperado su libertad mediante el sospechoso pago de una altísima fianza. Y para no abundar entre tantos otros ejemplos cabe señalar que el gobierno norteamericano avala desde siempre el brutal accionar represivo, con torturas incluidas, del Estado de Israel contra el pueblo palestino.
Como se advierte sin demasiado esfuerzo, la ONU y Michelle Bachelet tienen mucho que hacer y que decir tanto en nuestro continente como en el resto del mundo. Pero deberían comenzar por actuar sin obedecer a las presiones de la potencia norteamericana que apunta sus cañones contra Venezuela porque codicia sus reservas petrolíferas.