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La estatización de Impsa y Portezuelo

I. En los últimos días se conoció una noticia llamativa que obliga a reflexionar sobre la razón que movió a los gobiernos nacional y mendocino. Se trata del salvataje estatal de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), el que recorriera un camino tan diferente al que se había propuesto el año pasado para la firma agroexportadora Vicentin.
Impsa no es cualquier empresa; había alcanzado prestigio como metalúrgica, especialmente en la fabricación de turbinas para producción hidroeléctrica y, en ese rubro, figura entre las firmas más calificadas del mundo. También, y desde hace ya varios años, se sospecha como la principal destinataria de la discutida obra de Portezuelo del Viento, de cuya licitación fue la única oferente en su rubro. No parece casual que algunos medios periodísticos recordaron esta cuestión y comentaron que esa eventual obra podría salvar a la empresa de su presente dificultoso. Los pampeanos harían bien en no distraerse pues es muy conocido el poder de lobby de Mendoza y suma preocupación el hecho de que ahora son socios con Nación en el directorio de Impsa. Que dentro del paquete de la estatización de la compañía aparezca el «regalo» de la cuestionada obra es una posibilidad que no puede descartarse de antemano.

II. Tiempo atrás la empresa se había acercado al Estado nacional ante sus graves problemas financieros, especialmente por malos negocios en Brasil y Venezuela, hacia donde se había expandido. «El error nuestro fue una percepción errada del Brasil moderno», reconoció uno de sus propietarios. Ese mal cálculo multiplicó la deuda a un nivel impagable, según lo estimara un juez brasileño.
Lo singular del caso es que ante las dificultades el recurso inmediato fue recurrir al gobierno, cuando el titular de la empresa había rechazado reiteradamente en más de una oportunidad ese tipo de «soluciones estatistas». Ahora, echando al olvido aquellos reproches, puso como escudo el problema laboral que causaría un eventual cierre de la planta dado que ocupa casi un millar de operarios.
El salvataje del Estado tuvo el propósito de evitar la quiebra y, aunque pasa a darle al Estado nacional una mayoría accionaria y, al menos en la teoría, la dirección de la empresa, deja una buena parte de las acciones en manos de la familia fundadora.
Pescarmona también tuvo -o tiene todavía- fuertes intereses en Malasia, país al que elogió reiteradamente por el régimen de trabajo al que podía someter a las empleadas de aquella sucursal; según expresó: «no protestaban por la labor en días feriados». No se conoce que esa opinión haya merecido algún señalamiento por parte de la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica, gremio que no ahorró elogios hacia los antiguos dueños en la reciente reinauguración de la planta en Mendoza.

III. También este tropiezo constituye un duro golpe para los «capitanes de industria» que suelen autocalificarse como pilares de la economía del país. Más allá de su innegable peso político y laboral y las tecnologías de punta que le dieron prestigio, Impsa presenta aristas muy cuestionables. Se da por sentado que las abultadas ganancias que en su momento generó la empresa terminaban depositadas en bancos del exterior, y es muy sospechosa su expansión en virtud de concesiones y sobreprecios obtenidos durante la pasada dictadura militar. Fue una de las firmas que se benefició con la estatización de la deuda privada que perpetrara Domingo Cavallo en las postrimerías de la última dictadura. Por lo demás la ideología de su propietario quedó claramente expuesta cuando afirmó públicamente que «las chicas de 14 años se embarazan para cobrar un plan».
Ahora Pescarmona ha debido recorrer el amargo camino que lleva desde la capitanía de industria hasta la convocatoria de acreedores pero, eso sí, recostándose en el auxilio estatal que siempre denostó.