La Gendarmería dista mucho de ser la “Centinela de la Patria”

APUNTES SOBRE HISTORIA REPRESIVA DE ESA FUERZA DE SEGURIDAD

Culmino mis apuntes sobre la verdadera historia de la Gendarmería. El tema se puso en el centro de la escena con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Sospechosa principal, esa fuerza de seguridad.
EMILIO MARIN
La Gendarmería fue auxiliar de la represión ilegal llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, con el acompañamiento de las fuerzas policiales y de Prefectura liberando zonas y apoyando los operativos.
En los juicios por violación de derechos humanos, fueron numerosas las condenas al personal militar. Según el Ministerio Público Fiscal, hasta el 24 de marzo de este año se habían imputado a 2.780 genocidas y cómplices de la última dictadura, y 750 habían sido condenados. En ese marco también recibieron condena varios gendarmes.
Algunos de los procesados se salvaron porque fallecieron antes de sentencia, como el comandante de Gendarmería Luis Alberto Quijano, segundo al mando del destacamento de Inteligencia 141 del que dependía el centro de tortura y exterminio La Perla. El mega juicio por ese sitio de la muerte concluyó con varias perpetuas en agosto de 2016, pero Quijano falleció en mayo de 2015.
Ese comandante era criminal y sádico, además de ladrón de objetos de sus víctimas. Hacía participar de las actividades represivas a su hijo Luis Alberto, quien declaró al portal Día a Día de Córdoba unos días antes de la sentencia: “en el contexto de esa época yo me sentía un agente secreto. Pero a los 15 años, un hijo no puede darse cuenta de que es manipulado por su padre. Yo no estaba preparado todavía para darme cuenta de que mi padre era un ladrón, un torturador y un asesino”.
Quijano estaba imputado por 158 secuestros, 100 homicidios calificados y la sustracción de un menor de 10 años.
En La Perla y Campo de la Ribera, dependientes del general Luciano B. Menéndez, la custodia externa de los predios y la interna de los secuestrados era de Gendarmería. Seguramente en muchos otros centros clandestinos ocurría otro tanto. Los jefes de las Fuerzas Armadas habrán considerado que era de bajo nivel ocuparse de esas funciones policiales y se las encargaban a la “Centinela de la Patria”.
Algunos pocos gendarmes pueden haber tenido un gesto humanitario con los prisioneros. Otros fueron verdugos de cuerpo y alma, de golpes y borceguíes. Las excepciones no cambian el sentido esencial de la institución: fue partícipe del terrorismo de Estado.

Pases de facturas.
Después, en el banquillo de la Justicia, vinieron los pases de facturas. El ex capitán Héctor Vergés, oriundo de Victorica, condenado a perpetua en La Perla, declaró el 27 de febrero de 2013 que el comandante de Gendarmería Omar Rey fue responsable por el asesinato de 18 detenidos de La Ribera por temor que se fugaran. Vergés dijo que como Rey tenía mucha plata le pidió que se haga cargo del hecho a cambio de pagar la universidad de su hija. “Nunca cumplió el compromiso”, dijo el peronista de derecha y miembro del Comando Libertadores de América-Triple A y demás grupos criminales que actuaron en Córdoba.
Algunos jefes de Gendarmería escalaron posiciones en democracia. Pedro Pasteris llegó a jefe máximo de esa fuerza en noviembre de 2004, cuando gobernaba Néstor Kirchner. Quien hizo ese anuncio fue el ministro del Interior, Aníbal Fernández, añadiendo que el número 2 sería el comandante Héctor Schenone (“La Nación”, 12 de noviembre de 2014, “El gobierno descabezó la cúpula de Gendarmería, la conducirá un allegado a De Vido”).
La purga fue importante y pasaron a retiro 12 de los 16 comandantes generales, pero no hubo mejoría y Pasteris duró menos de un año. Télam, en un despacho del 28 de septiembre de 2005, informaba que asumía Héctor Schenone, “hasta hoy número dos de la fuerza; tras el relevo de Pasteris, cuestionado por su presunta participación en la desaparición de personas durante la dictadura”.
El relevado estaba implicado en una causa en Paso de los Libres, donde habían desaparecido 9 personas que en la dictadura habían intentado entrar o salir del país, cuando aquél era jefe de la Sección Puente del Escuadrón 7 en Paso de los Libres. Allí funcionaba un centro clandestino, “La Polaca”, por donde pasaron 300 secuestrados y varios terminaron desaparecidos. En agosto de 2004, durante otro juicio comenzado por el juez federal Juan Angel Oliva, se había destapado la existencia de “La Polaca”. Y se cortó la carrera del nada democrático Pasteris.
Su reemplazante Schenone no fue ninguna maravilla. Fernández puso las manos al fuego por él, manifestando que “no hay información que vincule a Schenone con violaciones a los derechos humanos”. Pecaba de otros defectos básicos. Quienes lo apoyaron elogiaban que Schenone tenía estrechas relaciones con la agencia yanqui antinarcóticos, la Drug Enforcement Administration (DEA). Destacaron “el conocimiento que tiene Schenone en la materia y los estudios que realizó junto a especialistas del organismo estadounidense”, como si éste combatiera la droga. Los que más logros tuvieron en la materia son Cuba, Irán y Bolivia, sin la DEA. Argentina, con esos vínculos y cursos de Schenone y otros comandantes de Gendarmería, no pudo erradicar ese flagelo.
Hoy, con Patricia Bullrich, cuando hay algún golpe a narcotraficantes, como en Itatí, donde el intendente y el vice estaban implicados, también había gendarmes en la banda.
Gendarmería-DEA dista mucho de ser un binomio eficaz contra la droga.

Reprimiendo en el Caribe.
Fruto de “relaciones carnales” del posmenemismo, Argentina adhirió a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) por ley 25.906 de junio de 2004 y al mes siguiente viajaron a Haití militares y gendarmes. Fue una lamentable concesión de Kirchner y Lula da Silva ante George W. Bush. Como un reconocimiento yanqui, la jefatura militar fue para un general brasileño y la policial para un gendarme argentino (en 2010 era Gerardo Chaumont).
Haití ardía tras el golpe de Estado contra Bertrand Aristide, deportado hacia Africa, y Washington necesitaba una fuerza militar allí para no distraerse de sus invasiones en Afganistán e Irak. Y así logró que 21 países aportaran soldados para ocupar el país más empobrecido del continente, y 48 países mandaran gendarmes y policías para la UNPOL (Policía de Naciones Unidas). Esa fuerza tuvo 6.662 soldados y 1.742 policías y gendarmes, junto con funcionarios y empleados que insumen un gasto anual de 800 millones de dólares. Quien despidió al primer contingente argentino tan poco sanmartiniano fue el vicario castrense Antonio Baseotto, fascista.
En el primer año la Minustah fue responsable de represiones que dejaron 1.200 muertos, según denunció el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Cuba y Venezuela en cambio enviaron médicos, enfermeros, créditos y medicamentos. Una parte de los soldados de la Minustah fue responsable de contagiar la epidemia de cólera; otros de violar a niñas y niños haitianos, salvándose de su responsabilidad porque respondían ante la Justicia de sus países. Los cascos azules uruguayos violaron al chico Johnny Jean Biulisseteth y en 2012 fueron sobreseídos en Montevideo.

Proyecto X.
En 2009 los trabajadores de Kraft (devenida en Pepsico, ambas de bien ganada fama antiobrera) reclamaban por aumentos de sueldos, con su comisión interna combativa. Sus asambleas y marchas eran filmadas e infiltradas por agentes de Gendarmería, que ponían la lupa en delegados de la alimentación y organismos de derechos humanos que iban en tren solidario.
Los abogados de la Interna denunciaron esa infiltración ilegal y casi tres años después hubo novedades. La causa la tuvo el juez Norberto Oyarbide como subrogante, quien pidió informes a las autoridades y allanó el Centro de Reunión de Informaciones de Gendarmería en Campo de Mayo. Y allí encontró varios DVD con data de procedimientos ilegales de esa fuerza y un programa, “Proyecto X”, para entrelazar la información sobre esos activistas y luchadores. Eso era ilegal pues viola la ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, que prohíbe a todo organismo oficial “obtener información de datos de personas por el solo hecho de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales”.
Quien confirmó el empleo del “Proyecto X” fue el jefe de Gendarmería en febrero de 2012, el mencionado Schenone: además de amigo de la DEA era dado a espiar ilegalmente.
Lo más llamativo fue que en la negativa a admitir la existencia de tal Proyecto estaban Fernández y Nilda Garré. Y en cambio, una tal Patricia Bullrich, Jorge Triaca, Federico Pinedo y Gerardo Millman, en nombre del Unión por Todos, PRO, UCR y GEN reclamaban que Garré se presentara en la Comisión de Seguridad Interior de Diputados “para declarar sobre las tareas de espionaje llevadas a cabo por Gendarmería Nacional en el marco del Proyecto X”. “Gendarmería Nacional está construyendo una base de Inteligencia Criminal con el Proyecto X”, alegaban los mismos que hoy protegen a esa fuerza, la “prime suspect” de la desaparición de Santiago Maldonado.
La fuerza recibe órdenes políticas que no cambian su sentido represivo. Y en esos contrapuntos políticos hace sus propios negocios. En octubre de 2012 comenzó en Corrientes un juicio contra el juez Humberto De Biase Echeverría, acusado de “mal desempeño” por dictar dos años antes, en causas ajenas a su competencia, 17.060 medidas cautelares que ordenaron la recomposición salarial de gendarmes.
La llaman “Centinela de la Patria”. Martín Miguel de Güemes se avergonzaría.