La guerra del cerdo

El Ejecutivo pampeano acaba de enviar a la Legislatura un proyecto de ley para impedir el ingreso de carne de cerdo importada con la finalidad de proteger la sanidad de los rodeos locales. La apertura de las compras a Estados Unidos por parte del gobierno nacional causó preocupación entre los productores argentinos a causa de que en ese país no han terminado de combatir el Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino, una enfermedad que está mucho más controlada en el nuestro. El riesgo sanitario encendió luces de alarma y en varias provincias las entidades que nuclean a los productores pidieron a los gobernadores medidas de protección. En La Pampa no se conoce la existencia de un pedido similar pero igualmente el gobierno decidió adoptar esta medida preventiva que tendrá efectos no solo en el terreno de la sanidad sino también en el económico.
En los últimos días se conoció un informe elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda que habla de una “situación delicada” en “los primeros eslabones de la cadena de valor” porcina. El estudio habla de un salto de los costos de producción provocado por el aumento en el precio de los granos a causa de la quita de las retenciones y, por otro lado, de la apertura de las importaciones que se incrementaron nada menos que un 173 por ciento en dos años. Los productores argentinos no pueden competir con los ingresos brasileños o españoles, entre otros, que no siempre cumplen con los estándares fitosanitarios locales.
Desde diciembre de 2015 el precio promedio de la carne de cerdo subió para el consumidor un 108% pero el kilo vivo al productor solo aumentó un 43%. Para peor, en lo que va del año el aumento de las importaciones de carne porcina fue el mayor desde el año 2003.
Este somero cuadro estadístico muestra que la actividad está lejos de vivir un momento de esplendor y que necesita el apoyo del Estado para no retroceder por causas sanitarias y por la apertura indiscriminada del comercio exterior. Lo que llama la atención es que el gobierno nacional haya abierto la importación de carne de cerdo desde EE.UU., cuando ese país siempre obstaculizó el ingreso de nuestros productos agrícolas como lo acaba de ratificar hace escasas semanas con una nueva barrera para la entrada de biodiésel argentino.

Otra de Gendarmería
Sin dudas que la Gendarmería se ha convertido en la fuerza estrella de la política de seguridad del gobiermo nacional. Cuando la ministra Patricia Bullrich debió informar en el Congreso por la desaparición de Santiago Maldonado dijo que no iba a tirar “gendarmes por la ventana” porque el gobierno “necesita” los servicios de ese cuerpo armado para llevar a cabo sus políticas.
A confesión de parte, relevo de prueba, diría un abogado. Ahora acaba de producirse un hecho de extrema gravedad: gendarmes armados ingresaron a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario mientras se estaba realizando un acto por el joven desaparecido en Cushamen. Sin autorización judicial, sin ser convocados por las autoridades universitarias los uniformados se pasearon por la sede académica portando armas. La Ley de Educación Superior 24.521 es taxativa cuando prohíbe a las fuerzas de seguridad ingresar a las universidades si no son autorizadas por un juez o por las autoridades académicas.
En abril de este año sucedió un hecho todavía más grave en la Universidad de Jujuy -aunque en esa oportunidad intervino la policía- cuando se llevaron detenido al presidente de un centro de estudiantes sin autorización judicial. Otros episodios similares se han denunciado en colegios de la Ciudad de Buenos Aires y en la Universidad del Comahue.
Cada día se hace más evidente que el diseño de la política de seguridad del gobierno nacional apunta a atemorizar y disciplinar a la población antes que a combatir el delito.