La jueza que obsequió dos fallos al macrismo

MARIA JOSE SARMIENTO SE JUBILA CON UN REGALO PRESIDENCIAL

Ratificó la composición del Consejo de la Magistratura y rechazó un planteo contra el blanqueo de capitales
que benefició a familiares y amigos presidenciales.
FRANCO MIZRAHI – A dos semanas de abandonar el juzgado nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 11 de la Capital Federal, la magistrada María José Sarmiento se despachó con dos fallos que favorecen al gobierno. Por el primero resolvió mantener la conformación del Consejo de la Magistratura, un escenario a pedir del oficialismo ya que con aliados logra mayoría y puede seleccionar y sancionar jueces a piacere. Sarmiento avaló el actual status quo al rechazar una demanda de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) contra la integración actual. El segundo fallo fue declarar abstracto el amparo del diputado Felipe Solá contra el decreto que permitió el blanqueo de capitales de familiares de funcionarios públicos.

Un consejo a medida.
El fallo sobre el Consejo de la Magistratura fue como una bendición para el gobierno. Con su decisión la magistrada dejó en pie la actual conformación de 13 integrantes, que la alianza de gobierno está usufructuando, y más de una década atrás había sido cuestionada por distintos actores judiciales. Para FACA, por ejemplo, la conformación de 13 integrantes alteró la representación “equilibrada” de las partes en el Consejo, tal como estipula la Constitución. Pero para la jueza “no se ha logrado probar la existencia de un desequilibrio tal que justifique una discordancia sustancial de la ley impugnada con los preceptos de la Constitución Nacional en los términos expuestos por el Alto Tribunal y que en consecuencia justifique la declaración de inconstitucionalidad”, por la que rechazó el planteo. Previo a la modificación que se realizó durante la gestión kirchnerista, el consejo tenía 20 integrantes.
De no haber una apelación, la decisión quedará firme. Esto choca con el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró inconstitucional la estructura de 13 consejeros en otro expediente y sostuvo que deben reimplantarse los 20 miembros. De producirse, este cambio implicaría un duro golpe político para el macrismo ya que en la actualidad controla este órgano.
El máximo tribunal debía expresarse sobre el tema en una acordada el 15 de mayo pasado pero tras una intervención del procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, decidió aplazar el abordaje. El tiempo ganado es funcional al oficialismo que cuenta con los votos de los consejeros para avanzar con sanciones o nombramientos. Hoy gobierno y aliados tienen 9 voluntades para promover un jury contra un juez que no se manifieste según la voluntad del Ejecutivo o para elaborar ternas y ocupar cargos vacantes.
Hace tiempo que el Consejo se convirtió en un instrumento de disciplinamiento judicial. Varios magistrados que deben tratar temas sensibles para la Casa Rosada tienen alguna denuncia tramitando en la institución. Así sucede con Ariel Lijo que investiga el Correogate, por ejemplo, o con jueces laboralistas que fallaron en contra de los deseos del Ejecutivo.

El blanqueo.
La jueza Sarmiento “cerró la causa que presenté contra el decreto que les permitió blanquear a los familiares de los funcionarios. Dice que es ‘abstracta’ porque el blanqueo finalizó. Como ya ocurrió, no hubo delito. Insólito. ¿Y la ley? ¿Y la Constitución?”, tuiteó el diputado Felipe Solá.
Tras aprobarse el sinceramiento fiscal en el Congreso, el jefe de Estado resolvió vía decreto modificar la reglamentación de la ley 27.260 para habilitar el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo. La inclusión provocó un intenso debate parlamentari y uno de los legisladores más críticos fue Solá. El caso cobró notoriedad cuando se conoció que familiares de Mauricio Macri y de otros funcionarios se acogieron a la amnistía, haciendo uso del decreto en cuestión. Además del hermano presidencial, que legalizó 622 millones de pesos no declarados, se sumaron el primo de Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña Braun (109 millones); el hermano de la vida Nicky Caputo (465 millones); el alegado comprador de la empresa familiar Iecsa, Marcelo Mindlin (770 millones); y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la presidencia Pablo Clusellas, Manuel Lucio Torino Ortíz (quien blanqueó 353 millones), entre otros.
A pesar de este escenario, Sarmiento dispuso el cierre de la causa. Así lo anunció el propio Solá, quien había presentado la denuncia, por entender que el DNU era inconstitucional ya que cambiaba una norma vigente sin haber pasado por el Congreso.

Perfil de Sarmiento.
“Una mujer católica y sencilla”, la definió el diario La Nación en 2010. Es hija de Luis Sarmiento, un coronel que se retiró en 1973, fue ministro en Misiones en 1976 y prestó servicios para la SIDE. También tiene un hermano que es capitán retirado. Fue designada jueza por Carlos Saúl Menem. Sarmiento ya había ganado notoriedad pública cuando suspendió los decretos de la entonces presidenta Cristina Kirchner para tomar 6.500 millones de dólares del Banco Central y desplazar a Martín Redrado, entonces titular de la entidad.
En 2003, su juzgado ganó el premio al Mejor Tribunal del fuero contencioso administrativo, del conservador Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2004 las entidades Idea y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores, que tuvo un rol activo como sostén de la dictadura militar) le otorgaron el premio a la Excelencia Judicial. Fores fue creado en 1976 para enfrentar “la campaña antiargentina”, en sintonía con “el espíritu que guía al Proceso de Reorganización Nacional”, tal como precisó el periodista Horacio Verbitsky. (Nuestras Voces).