La Justicia independiente, de luto, por Gils Carbó

Al final le fallaron las fuerzas, la confianza en sí misma y en la carrera pública que hizo 30 años. En su descargo hay que decir que la campaña del macrismo, la justicia corporativa y Clarín fue impiadosa. Un día de luto para la Justicia.
EMILIO MARIN
Desde que Mauricio Macri era candidato presidencial, en 2015, hay registros de sus declaraciones reclamando la cabeza de Alejandra Gils Carbó. La consideraba una jefa de fiscales indigna de ocupar el cargo, por ser kirchnerista -que no lo era, pero como si eso fuera una mácula- y ser parte del esquema de corrupción que habrían caracterizado la quinta esencia del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
Más allá de las mentiras, hay que admitir que el futuro presidente tenía claro el objetivo de desembarazarse de la Procuradora apenas pusiera el pie en la Casa Rosada. De movida ya estaba disparando con munición gruesa contra la Procuración General. Y hacia ese blanco apuntó, con similares descalificaciones, su ministro de Justicia, Germán Garavano.
Entre ambos reclamaron ese alejamiento, sin reparar en los métodos. Por ejemplo, cuando vieron que la mujer juntaba energías y se disponía a seguir en el cargo, pasaron a evaluar la opción de removerla por decreto. Habrán pensado, ¡que le hace una mancha más al tigre!, teniendo en cuenta la gran cantidad de decretos del PEN violentando cuestiones constitucionales, como cuando quisieron que Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz asumieran en la Corte Suprema mediante decreto de necesidad y urgencia.
Estaban desesperados por echar a la procuradora. Lo draconiano del decreto había sido pensado porque admitían la imposibilidad de reunir los dos tercios de los legisladores para sustanciarle el juicio político por mal desempeño, requisito similar al necesario para remover a un miembro de la Corte Suprema, según ley del Ministerio Público Fiscal.
Hubo algunos remilgos para apelar al decreto, brutalmente ilegal aunque no desdeñada por el diputado macrista Pablo Tonelli, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. Otros energúmenos, pero no tanto en esta materia, como Elisa Carrió, desalentaron ese papelón, diciendo que los requisitos del juicio político debían respetarse, "aún para una delincuente como Gils Carbó", blasfemó.

Cortarle la cabeza.
Ayer comenzaba la reunión convocada por Mauricio Macri en el CCK supuestamente para dar el puntapié inicial a un "diálogo" con sectores diversos. En esta columna se adelantó opinión en que no habría mayores concesiones a los invitados sino más bien el reclamo de apoyo a un curso de ajuste dictado por el gobierno en lo fundamental, aprovechando el buen momento político que goza tras la victoria del domingo 22 de octubre.
El sentido de las "reformas", a las que no había que tener miedo, diría Macri cuando convocó a dicho evento, en la conferencia de la mañana posterior a su victoria, sí mete miedo a quienes no piensan ni comparten la dirección del ajuste neoliberal, sazonado con represión a la protesta social, altísimo endeudamiento y negocios familiares y sectoriales donde siempre primero está la familia Macri.
La prueba de que el PRO-Cambiemos iba al CCK con el cuchillo afilado del ajuste entre los dientes fue que el día antes hubo declaraciones de Garavano sobre los cambios ambicionados en el ámbito judicial. El tema excluyente era la remoción de la procuradora: "el juicio político es un mecanismo desequilibrado porque le da demasiada preponderancia al Congreso".
El ministro estaba apoyándose en el fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials que, en línea con el Colegio de Abogados patrocinado por la derecha y la Sociedad Rural, declaraba inconstitucional el artículo de la ley sobre cómo se debe proceder al juicio político de la Procuradora con dos tercios de los legisladores presentes.
Aún con los aires de muchos globos inflados por el domingo 22, era improbable que pudieran reunir esa cifra. Destituir a Gils Carbó no hubiera sido tan fácil como le resultó al oficialismo desaforar al desprestigiado por los medios Julio de Vido.
De allí que en la previa a la cita con gobernadores, empresarios, sindicalistas, cortesanos, etc, Justicia insistía en el apartamiento de la funcionaria y la amenazaba con cortarle la cabeza de un tajo, sin juicio político.

Paso atrás.
Debe haber sido por eso que la afectada decidió a media mañana de ayer dar a conocer su renuncia enviada al Presidente, para ser efectiva a partir del 31 de diciembre. La dimitente hace una reivindicación de su obra en la dependencia desde agosto de 2012 a la fecha. El cronista coincide en que fue muy positiva su labor de apoyo a los fiscales que impulsaban causas variadas, aunque se puede poner el acento en lo logrado en los juicios contra los genocidas y causas de violaciones a los derechos humanos.
Ese rescate del trabajo realizado es un mensaje de Gils Carbó al resto de los fiscales y a la ciudadanía, a sabiendas que Macri tiene de ella el peor de los conceptos.
En otro tramo de la carta ella suena muy idealista o ingenua, porque le dice al mandatario que tiene "la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia".
Puede ser al revés de lo que anhela Gils Carbó. Su renuncia le abrió al macrismo la posibilidad de no tener que pagar el costo político de ir al Congreso con una iniciativa que reformara la ley. Puede hacerlo o no, pero ya tiene asegurado el premio mayor: la procuradora no estará para cuestionarlo. Puede dejar pasar un tiempo y aprobar esa reforma cuando esté en el puesto un hombre o mujer macrista, en tal caso dirá que el cambio no era contra Gils Carbó sino a favor de la democracia. El cinismo no tiene límites.
El alejamiento de la jefa de los fiscales es un dato político que agravará el realineamiento y subordinación de buena parte del Poder Judicial en torno a las necesidades políticas y judiciales del gobierno de los CEOs. Y deja debilitados a los fiscales que -debajo de Gils Carbó- estaban haciendo un buen trabajo. Ahora son más vulnerables para que se aparten de causas o bien sean raleados a funciones menores, cuando no forzados a la renuncia, al margen de algunos casos de arrepentidos que pueda haber allí, de esos que pasan a fallar como máquinas a favor del oficialismo, con la furia de los conversos. Ya ocurrió con empresarios K, diputados K, senadores K, sindicalistas K, periodistas K, ¿por qué no pensar que puede haber también algunos fiscales que se hacen panqueques?

Muy buena funcionaria.
Para la tribuna o la gilada, como usted prefiera, el macrismo dirá que a Gils Carbó la corrieron por kirchnerista, aunque no lo era o que, a lo sumo, tenía afinidad con algunos valores democráticos de esa corriente política, pero sin ser del palo y menos una "orgánica".
La otra causa con la que centraron las campañas de desprestigio fueron la supuestas coimas que se habrían pagado en la compra de un edificio en la calle Perón al 600 donde tiene sus oficinas la Procuración.
El fiscal Eduardo Taiano, funcional al macrismo, pidió su indagatoria en plena campaña electoral, y el juez Julián Ercolini le tomó declaración el 31 de agosto. La procuradora dio sus muy buenas razones: se compró un edificio luego de considerar varias ofertas, el precio fue más bajo de lo presupuestado y ella obviamente no se enteró que la empresa vendedora había contratado a una inmobiliaria para la operación. Y que esta última firma había pagado una comisión de 3 millones de pesos a Juan Carlos Thill, medio hermano de un subdirector de la procuración, Guillermo Bellingi, al que la funcionaria lo sancionó no bien se enteró de que su medio hermano había tenido parte en el negocio.
Ese proceso sigue su curso y Gils Carbó tiene muchas chances de salir absuelta. Macri no puede cuestionarle nada, si él mismo asumió como Presidente en diciembre de 2015 estando procesado por espionaje ilegal en un fallo doblemente ratificado por el juez y la cámara. Al Presidente ella podía retrucarle: "se asusta el muerto del ahorcado".
Este cronista la única critica que puede hacerle es que en el tramo final de su carrera como procuradora, y apremiada por los aprietes del poder, ella comparó a Nicolás Maduro con Macri y a sí misma con Luisa Ortega, la fiscal venezolana que traicionó al chavismo y se refugió en Colombia.

De lujo.
Fuera de eso, AGC fue procuradora de lujo y también como fiscal en la previa a llegar al cargo, porque en varios casos falló contra el monopolio, incluso en contra de los acuerdos políticos que habían sellado con Clarín el presidente Kirchner y su secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Por caso, en la fusión de Cablevisión y Multicanal, que ella objetó en 2006, y en la escandalosa privatización del astillero Tandanor. En 2011 falló a favor del representante del Estado en asamblea empresaria de Siderar-Rocca, así como contra Papel Prensa, donde validó que siguiera la intervención del Estado, de allí el odio de Clarín y La Nación. Estos fallos suyos contra los monopolios hicieron que Macri la pusiera en su lista de 562 personas para mandar a la Luna.
Su renuncia del lunes fue un duro golpe a la Justicia, que se queda sin una de sus mejores defensoras. No es su culpa. Macri y Clarín lo hicieron.