La Justicia y los poderosos

Los y las pampeanas asistimos por estos días a una serie de sucesos, que no a pocos nos ha provocado una profunda indignación y que espero tengan el curso que la sociedad se merece.
Desde todos los sectores sociales hemos asumido con la responsabilidad que impone la gravedad del contexto de pandemIa producida por el Covid-19 y la consecuente emergencia sanitaria, teniendo claro que la responsabilidad social, cumpliendo a rajatabla las recomendaciones de los expertos en salud, es por ahora lo que nos protege de un contagio masivo de la población, que finalmente no termine colapsando los sistemas públicos de salud en el país y en las provincias.
Es bien conocido además que la pandemia vino a desnudar y dejar en evidencia las profundas desigualdades socio-económicas de nuestro país y del mundo.
El Estado nacional y el provincial han tomado numerosas medidas para paliar la situación de pobreza de amplios sectores de la población, que como consecuencia del aislamiento social obligatorio y la crisis precedente producto de 4 años de políticas neoliberales quedaron aún con mayor vulnerabilidad.
Nuestra provincia había transcurrido con muy pocos casos de Covid-19 y a raíz de esa situación estábamos en Fase 5, manteniendo un nivel de actividad y vida casi «normal». Las actividades comerciales, de servicios, se habían reestablecido y hasta las actividades recreativas se habían comenzado a autorizar. Faltaba retomar gradualmente la «vuelta a clases», que como todos sabemos es una de las áreas más complejas y requiere del cumplimiento de normas y protocolos, así como condiciones de infraestructura mínimas para garantizar la vida y la salud de toda la comunidad educativa.
La explosión de contagios, primero en Catriló, luego en Acha, Macachín y Santa Rosa, tiene como protagonistas iniciales a «encumbrados» de la sociedad, entre ellos dos jueces, un fiscal y, al menos un productor rural importante, junto a gente relacionada con la actividad agropecuaria.
La noticia que tomó estado público, y que produce una gran Indignación, es que tres altos miembros del Poder Judicial festejaron el «Día del amigo» con el productor, cuando ya se conocían los contagios en Catriló. No se trata de lo que comieron o si trasgredieron media hora el horario dispuesto, se trata de la conciencia y la responsabilidad social, del incumplimiento de las recomendaciones dadas sanitariamente y del lugar que ocupan en la sociedad.
Las autoridades a nivel nacional y provincial solicitaron evitar reuniones sociales. Sin embargo, los señores festejaron. No son adolescentes, ni jóvenes transgresores, no se trata de ciudadanos de a pie. Se trata de los que administran justicia: condenan o absuelven, por ejemplo a los que violaron la cuarentena, deciden sobre la vida del personas, al pobre y al trabajador bien pronto le cae la separación del cargo y hasta la exoneración y la prisión preventiva.
Mientras comerciantes, obreros de la construcción, peluqueros, centros de salud, gimnasios, profesionales, trabajadores en general, cumplen con los protocolos, mientras los ciudadanos comunes evitamos los encuentros con amigos y familiares, o esperamos las debidas autorizaciones, mientras los profesionales y trabajadores de la salud se juegan la vida, estas personas actúan con total inconciencia e irresponsabilidad.
Quizás creyeron que el virus no existía, o se sienten inmunes por ser hombres y poderosos. Hay muchos contagios evitables, vidas en peligro, más esfuerzo financiero del Estado: en salud, en asistencia a los que hoy deben parar de trabajar, a los comercios; y por su puesto pérdida en la calidad de vida, que significó entrar en una cuarentena más rigurosa.
No se trata de estigmatizar, sí de poner las cosas en su lugar.
¿Todos somos iguales ante la ley? Que se investigue y se haga justicia.

«Señora de ojos vendados/que estás en los tribunales…/actualiza la balanza/y arremete con la espada/que sin tus buenos oficios/no somos nada» (M. E. Walsh).

Noemí Tejeda.
Militante social y política.