La manipulación

El informe que publicó ayer este diario sobre la cantidad de operativos que lleva realizados la AFIP en establecimientos agropecuarios de nuestra provincia pone de manifiesto que no hay actividad económica que esté libre del flagelo de la evasión fiscal. Los números sorprenden: 44 campos allanados y más de medio millar de inspecciones en busca de evasores de Ganancias, IVA, contribuciones patronales, facturas “dibujadas” y otras expresiones del amplio repertorio que despliegan los que buscan ganar dinero sin cumplir con sus obligaciones tributarias.
Hoy nadie se puede amparar, para la justificación de estas maniobras, en la presión impositiva pues la eliminación y rebaja de las retenciones a las exportaciones ha beneficiado al sector agropecuario en forma más que elocuente. Lo mismo que la megadevaluación superior al 50 por ciento de nuestra moneda frente al dólar solo en los últimos meses.
Sin embargo, a pesar de la elocuencia de los datos en cuanto a la magnitud de los casos detectados, no puede decirse, ni remotamente, que la totalidad de los productores agropecuarios son evasores o participan de maniobras fraudulentas contra el Estado. Este caso resulta muy oportuno de analizar en estos días en que se observa un uso abusivo, e interesado, del término “corrupción” por parte de los grandes medios que participan con entusiasmo en estas manipulaciones que pretenden confundir a la ciudadanía.
Tomar la parte por el todo y hacer de un caso una generalización sin más pruebas que la sola voluntad de sacar réditos políticos o electorales se ha tornado una práctica habitual. El objetivo es dirigir la sospecha pública hacia una parcialidad en forma excluyente en una simplificación absurda de la realidad. La corrupción no es patrimonio de un partido ni de un sector económico. Todavía más, es una expresión minoritaria pero que adquiere dimensiones exageradas producto de estas campañas de falseamiento y distorsión de los hechos.
Lo que parecen no advertir los promotores de estas operaciones es que fomentan el escepticismo en amplias capas de la sociedad y, como resultado de ello, el peligroso escape hacia la antipolítica. Y para peor, obstaculizan las verdaderas y legítimas batallas institucionales contra la corrupción.

Arriba y abajo
Cuando se habla de estadísticas o de decisiones de la macropolítica suele suceder que cuesta “bajar a tierra” las consecuencias que pueden provocar en los simples mortales que habitan este suelo. Esa dificultad a menudo es utilizada políticamente por quienes se inclinan por aplicar medidas de carácter antipopular. Por esa razón es un buen ejercicio apelar a los ejemplos concretos que muestran cómo resultan afectados los hombres y las mujeres en su vida diaria cuando los gobiernos adoptan decisiones sin pensar en el bienestar general.
Una cosa es hablar genéricamente de la discriminación que sufre nuestra provincia en materia de política habitacional y otra es mostrar cómo padecen las familias la falta de techo propio. En el fondo se habla de lo mismo, pero no se adquiere cabal conciencia del problema hasta que se expone el sufrimiento cotidiano de las personas.
El caso que registró este diario de una mujer de Toay que padece ceguera ilustra a la perfección este problema. Ella, como miles de pampeanos en su misma situación, está sufriendo en carne propia una decisión del gobierno nacional de reducir drásticamente el presupuesto para viviendas a La Pampa. En promedio nuestra provincia venía construyendo más de mil viviendas por año y ahora ese número quedó reducido a medio centenar.
Esa postergación se traduce inmediatamente en una mayor carga de dolor para muchas familias que viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Una medida adoptada en un lujoso despacho oficial en la capital del país repercute en miles de personas que no pueden superar la postergación en la que se desarrollan sus vidas.