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La mano invisible del imperio

LA INFLUENCIA JUDICIAL Y EL FMI DETRAS DE UNA ESTRATEGIA

Estados Unidos está decidido a sostener el gobierno de Macri para evitar el regreso del «populismo» y ganar terreno en su disputa geopolítica con China.
JOSE NATANSON
Desde su llegada al poder, Macri le imprimió a la política exterior un giro pro estadounidense que incluyó la visita a Buenos Aires tanto de Trump como de Barack Obama, un vínculo en materia de seguridad casi promiscuo y un alineamiento diplomático total: a diferencia de otros países latinoamericanos como Perú y Chile, Argentina no se sumó a la Iniciativa de la Ruta de la Seda, el proyecto chino de infraestructura: estaba a punto de hacerlo hasta que una llamada de Trump convenció a Macri de no asistir a la cumbre en Pekín. Aunque esta reedición de las «relaciones carnales» no dio los resultados esperados en cuanto al ingreso de inversión extranjera directa ni produjo un salto en las exportaciones, sí tuvo una consecuencia política bien concreta: el respaldo estadounidense fue crucial para que el FMI firmara en tiempo récord el fastuoso acuerdo de asistencia financiera, y permitió que ese acuerdo se renegociara luego dos veces y que finalmente se flexibilizara al punto de habilitar al Banco Central, contra la opinión del staff del Fondo y la letra de su estatuto, a utilizar las reservas para frenar el dólar.

Influencia judicial.
Los motivos por los que Estados Unidos apoya de manera tan decidida al gobierno de Macri van desde la intención de evitar un regreso del populismo kirchnerista hasta la relación personal con Donald Trump y la disputa geopolítica con China, que encuentra en Argentina uno de sus tantos campos de batalla.
Hay otra explicación. Hoy uno de los canales más relevantes de «transmisión de influencia» de Estados Unidos en América Latina es el novedoso canal judicial. A través de iniciativas como Justicia en Cambio, que procura estrechar contactos entre funcionarios judiciales de ambos países, de las frecuentes invitaciones a jueces y fiscales argentinos a conocer el funcionamiento del sistema norteamericano y de una serie de programas de cooperación, Estados Unidos ha incrementado su presencia en los tribunales locales. Al mismo tiempo, la legislación argentina ha ido incorporando figuras procesales tomadas de los códigos estadounidenses, como la del «imputado colaborador», que seguimos llamando «arrepentido», y que es lo que ha permitido a un puñado de jueces y fiscales, en peligrosa combinación con el uso abusivo de la prisión preventiva, avanzar en las causas de corrupción contra el kirchnerismo.

En Brasil también.
Estos nuevos recursos resultaron clave para avanzar en megaprocesos como la causa de los cuadernos en Argentina y el Lava Jato brasilero. Y aunque aún es pronto para extraer conclusiones contundentes, cuando el resultado es un cambio económico que termina beneficiando a empresas estadounidenses no hace falta ser James Petras para imaginar alguna conexión. Esta secuencia, que apenas se insinúa en Argentina, sí ocurrió en Brasil. Tras el estallido del Lava Jato y el impeachment a Dilma Rousseff el gobierno de Michel Temer modificó la ley sancionada por el PT que garantizaba el monopolio operativo de Petrobras en las reservas estratégicas del Presal y eliminó la cláusula que estipulaba que la empresa nacional brasilera debía retener un 30 por ciento de la participación en operaciones mixtas autorizadas. Se comprobó una creciente participación de compañías extranjeras como contratistas de Petrobras: por ejemplo, las 30 firmas que participaron de la licitación para la construcción de la estratégica Unidad de Procesamiento de Gas de Comperj en Río de Janeiro fueron todas extranjeras, ya que las empresas brasileras estaban inhabilitadas por su participación en la trama de corrupción. Movimientos similares hacia una desnacionalización de compañías brasileras se están registrando en ramas como la construcción y la producción de carne, en las que Brasil es un jugador global.
Este tipo de episodios confirman que la influencia estadounidense en la región sigue presente, aunque es diferente a la del pasado. Por ejemplo, Estados Unidos ya no puede invadir un país latinoamericano sino a un costo demasiado alto, como demuestra la mil veces proclamada pero nunca concretada intervención en Venezuela. Del mismo modo, Washington puede intentar torcer los resultados electorales pero es difícil que lo consiga, a juzgar por sus dificultades para evitar la llegada al poder de líderes como Evo Morales, Hugo Chávez o Lula. Puede apoyar golpes de Estado, pero carece de la fuerza suficiente para garantizar su éxito (Nicolás Maduro sigue ahí). En fin, conserva la capacidad de incidir en la política y la economía de la región pero esa capacidad está lejos de ser total, y en este sentido la izquierda latinoamericana se debe un examen más preciso, más sofisticado, acerca de los mecanismos concretos a través de los cuales fluye ese poder y los límites que encuentra.

FMI y dólar.
Estados Unidos parece decidido a sostener al gobierno de Macri, luego de un segundo mandato de Cristina marcado por una relación bilateral tormentosa, ensombrecida por la demora del avión militar estadounidense en Ezeiza y la muerte del fiscal Alberto Nisman y tras una década de política exterior autónoma y latinoamericanista. Con estos antecedentes, Barack Obama primero y Trump después decidieron apostar abiertamente por Macri. El apoyo es diplomático y político, porque los inversores y los mercados ya han demostrado que se mueven con independencia de los intereses geopolíticos, pero es suficiente para forzar al FMI a estirar plazos y condiciones y contener el precio de dólar, la única variable que el Presidente mira más que las encuestas: en ella se cifra la clave de la gobernabilidad y las posibilidades de sobrevida en los largos meses que restan hasta las elecciones de octubre. (Extractado de Le Monde Dipromatique).