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La mujer que mató el Poder Judicial

La muerte de Cristina Vázquez conmocionó a quienes siguieron su caso de cerca e hizo decir a muchos que «la mató el Poder Judicial». La mujer misionera se hizo conocida por haber pasado once años en la cárcel, acusada de un delito que no cometió. Su calvario comenzó en 2008 cuando fue condenada a prisión perpetua por un tribunal misionero que le atribuyó un homicidio. Junto a ella, condenaron a una pareja de amigos que también recibieron la misma pena.
Ninguna prueba respaldó semejante veredicto. De hecho, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que una testigo que los incriminó solo declaró una vez durante la instrucción y nunca más volvieron a llamarla, ni siquiera para las audiencias del juicio.
Profesionales y organizaciones que se interesaron en el caso no dudaron en señalar que Cristina Vázquez fue víctima de una Justicia sexista y clasista, y que el dedo acusador de los jueces le apuntó a ella por ser «mujer, pobre, joven y fumar marihuana».
La maquinaria judicial ciega y sorda ante el clamor de los que no tienen apellido ilustre o una abultada cuenta bancaria la arrojó a la cárcel en donde estuvo esperando once años una reparación. Los lentísimos trámites en los tribunales misioneros, y entre estos y los de Buenos Aires, consumieron más de una década hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó finalmente su libertad a fines del año pasado.
El regreso a la libertad no le alcanzó para reparar el daño sufrido. No tuvo contención ni respaldo económico; tampoco logró conseguir trabajo. Cosas que les pasan a los pobres. Cuando la encontraron muerta, todos supieron cuál fue el motivo que la llevó a abandonar esta vida.
Los medios de comunicación que cubrieron el deceso hablaron de su historia, de la tremenda injusticia que cometió con ella la Justicia, reflejaron expresiones indignadas de su abogada defensora e incluso de la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Pero nada dijeron de que se esté realizando alguna investigación sobre su caso ni sobre la actuación de tantos jueces y fiscales que intervinieron en la causa.
En momentos en que se está debatiendo en el Congreso de la Nación una «reforma judicial», este caso debería estar muy presente en los debates. Junto con otros muy parecidos pero que no tuvieron la misma notoriedad. El funcionamiento del Poder Judicial, en todos sus niveles, debe ser puesto bajo un severo examen. Y no solo en su faz organizativa. El poder del Estado menos democráticos requiere cambios urgentes que lo pongan a tono con la evolución de la sociedad, con los avances de los derechos individuales y sociales y con las exigencias crecientes de la ciudadanía para con el funcionamiento de las estructuras públicas.
La matriz conservadora del Poder Judicial se advierte a simple vista en «la endogamia, el corporativismo, el elitismo, la resistencia al cambio, el machismo, la resistencia al control del desempeño y a la rendición de cuentas, el verticalismo y el apego a los privilegios» entre otras taras que suele mencionar un reconocido jurista argentino. Es hora de un cambio profundo.