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La Nación se borra, pero hay que actuar

En plena ola de frío invernal la ciudad de Santa Rosa se ha visto conmovida por dos acontecimientos traumáticos: la interrupción del servicio público de pasajeros y la ocupación de terrenos municipales insalubres por parte de un centenar de familias sin techo.
Son dos problemas graves y complejos cuya raíz hay que buscarla en sendas decisiones unilaterales del gobierno nacional: la quita del subsidio al transporte y la privación a La Pampa de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. En esas medidas drásticas que adoptó el macrismo están las razones últimas de lo sucedido. Cada ciudadano podrá realizar las lecturas políticas que prefiera, pero los datos de la realidad son incontrastables y deben servir para evitar caer en las trampas que en estos días de campaña electoral son tan frecuentes: las discusiones bizantinas que esconden la intención de oscurecer la realidad. Los grandes medios de comunicación oficialistas son expertos en desplegar estas estrategias distractivas.
Ayer se cumplieron cinco días sin ómnibus urbanos. Cuesta mucho encontrar un antecedente de una crisis similar. Son miles de trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin transporte para acudir a sus trabajos, y miles de jóvenes que estudian están en la misma situación. Y en semejante situación el intendente municipal no encuentra mejor salida que cargar contra la Provincia una responsabilidad que es -inequívocamente- de la Nación. Hay un recurso judicial en trámite y un ofrecimiento, muy interesante, de Amusim, la mutual de los trabajadores mercantiles. Pero hoy es imperioso afrontar la urgencia, y eso requiere de voluntad política para exigir con energía al gobierno nacional un auxilio de emergencia para una capital de provincia como Santa Rosa, la única, por ahora, en quedarse sin transporte urbano. ¿Estará dispuesto el intendente a jugarse a fondo en ese reclamo que va a tener el seguro respaldo de los santarroseños?
El otro problema no es menor aunque involucre a no tantas personas. Si no se actúa de inmediato una villa de emergencia va a brotar en el corazón de la ciudad y, una vez instalada, será mucho más difícil de hallar una solución. El Estado -municipal y provincial, cada uno «en su medida y armoniosamente»- no puede dejar de intervenir. El drástico recorte que redujo a cero el presupuesto que, hasta la llegada del macrismo, contemplaba más de mil viviendas anuales para La Pampa, es un obstáculo extremadamente difícil de salvar. Pero el derecho a la vivienda es un mandato constitucional y en este caso no son tantas las familias involucradas. Es una emergencia que hay que afrontar con medidas que estén a la altura de las circunstancias, especialmente en este impiadoso invierno con temperaturas bajo cero.
Con su reconocida insensibilidad y bien a tono con su ideología neoliberal, el gobierno nacional se ha desentendido de las necesidades de los sectores más vulnerables. Los Estados municipal y provincial, ante la crisis desatada, deberían actuar de inmediato, más allá de que luego, en una instancia posterior, trasladen sus planteos ante la Nación para exponerla en el abandono de sus obligaciones.