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La necesidad de juzgar con perspectiva de género

CUANDO LA JUSTICIA ES PATRIARCAL

Según decidan jueces y juezas, las mujeres encuentran en el Estado un apoyo a sus pedidos de justicia o una nueva forma de violencia que las revictimiza y desampara.
VICTORIA SANTESTEBAN
El pasado sábado en el barrio porteño de Once, una joven venezolana de 18 años fue a lo que sería su primer día de trabajo en el local de Uniformes Garzón. Su empleador, Humberto Garzón Martínez, la drogó y abusó sexualmente pero la jueza Karina Zucconi decidió excarcelarlo. El agresor está suelto, con la posibilidad de fugarse porque económicamente tiene los medios para que se lo trague la tierra -de hecho intentó darse a la fuga cuando la policía se apersonó en su local- y eluda así a una justicia que lo apaña. La joven es víctima de su abusador y de una justicia que se desentiende de las leyes y aplica el derecho nacional conforme le parece, al conceder la excarcelación a Garzón a pesar de haber sido encontrado por la policía junto a la joven quien, con sus pantalones desabrochados, balbuceaba a causa de la medicación analgésica que le diera el agresor.
A pesar de los chats que muestran un intento de seducción fallido y una pericia que demostró que la joven tenía lesiones sangrantes compatibles con un abuso, a pesar del riesgo de fuga y de entorpecer la investigación objetada en un principio por la fiscal Russi en su apelación original y de la expresa negativa de la víctima, la jueza Zucconi lo dejó libre, y quien queda encerrada por el miedo es esa joven que quería trabajar. Zucconi no es la primera vez que la pifia en un caso de violencia de género: en 2010 sobreseyó cinco veces a Francisco Amador, acusado por el femicidio de Marianela Rago Zapata. La revictimización, como vivencia repetida de la violencia a partir del accionar de un Estado que sigue sin estar a la altura de sus obligaciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, arroja a mujeres al entramado perverso que en vez de protegerlas las apedrea.

Micaela.
La Ley Micaela 27.499 de capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación debe su origen a ese actuar inconstitucional de un Estado que, muy a pesar de la Convención de Belén do Pará y de la ley de protección integral hacia las mujeres 26.485, no actuó, investigó ni juzgó con perspectiva de género lo que resultó en el femicidio de Micaela García (21) en 2017. No es ideología ni criterio opcional sino que se erige en deber internacional la especial consideración del estado de vulnerabilidad y las características particulares de la violencia en aquellos casos donde las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres. Llevar adelante una investigación con perspectiva de género importa, entre tantas cosas, la no revictimización de la denunciante en sede policial o judicial: el brindado de contención, protección y de acceso a justicia a partir de un trato humanizado y humanizante, empático y puesto a disposición de una persona que denuncia porque el Estado continúa fallando en su deber de prevenir la violencia de género.

IVE.
En Chaco, este enero, la jueza Marta Aucar de Trotti suspendió la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y fue denunciada por prevaricato, lo que también queda enmarcado en la violencia institucional contra las mujeres que revictimiza, continúa reproduciendo violencias y sienta jurisprudencia nefasta con la pretensión de no aplicar las leyes que constitucionalmente ha sancionado el pueblo argentino a través de sus representantes. La violencia institucional ejercida por la funcionaria chaqueña a partir de este apartamiento de los deberes a su cargo, en un Chaco de caudillos, iglesias y patrones de estancias, es ejercida a través de su mensaje de pretensa evangelización, que busca erigir su voluntad que cree divina sobre la Constitución Nacional, pensándose ama y señora de cuerpos y vidas ajenas, confundiendo su condición de mortal obnubilada por un cargo que ejerce pensándose una divinidad. Como un ser mitad jueza mitad diosa de la maternidad, dispuso la no aplicación de la IVE y la ONG Católicas por el Derecho a Decidir la denunciaron por prevaricato.

Pampa.
En medio de la Argentina, el Servicio Médico Previsional (Sempre) dio a conocer que cubre el cien por ciento del Misoprostol para aquellas mujeres y cuerpos gestantes que ejerzan su derecho al aborto y puedan hacerlo por vía medicamentosa. Se conoció también por estos días que Junior Cabrera, imputado por abuso sexual, continuará en prisión preventiva hasta fines de año, fecha en que se espera el juicio. Una justicia pampeana con perspectiva de género entendió que el peligro de fuga y la obstaculización del proceso habilitaban la extensión de la medida preventiva. La sobreviviente del abuso a partir del freno judicial -vía prisión preventiva y medidas de restricción a Junior y su entorno- puede hacer ejercicio de una vida sin violencias con el único sospechoso tras las rejas y con claras órdenes de no acercamiento. Porque en la era de la virtualidad, la distancias físicas no impiden el amedrentamiento, con las redes sociales como canales para la violencia.
También en La Pampa, por estos días, una mujer denunció acoso sexual en su ámbito laboral en el Municipio de Unanue y la investigación fiscal dio vista a la Secretaría de la Mujer para la articulación que la ley 26.485 indica para un abordaje integral de los casos de violencia de género. En La Pampa, donde este febrero se cumplen 16 años de la desaparición de Andrea López, y donde en 2011 fue bochorno nacional la habilitación del advenimiento que culminó en el femicidio de Carla Figueroa, que necesitó de la justicia por mano propia de vecinos y vecinas de Pico para dar con el femicida de Sofía Viale en 2012, ahora, por fin se aplica la Constitución y los tratados de derechos humanos que la integran, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Porque si la justicia es patriarcal, no es justicia. Vivas y libres nos queremos.

*Abogada. Magíster en Derechos Humanos y Libertades Civiles.