La negación frente a las evidencias

La desaparición de Santiago Maldonado ha pasado a ser uno de los principales flancos débiles del gobierno, no solamente por la extrema gravedad del hecho sino también por la torpeza que han exhibido las autoridades para afrontarlo. A casi un mes de ocurrida la tragedia, esa inhabilidad -fundamentalmente política- se ha manifestado de forma cada vez más evidente.
En principio se vio en la obstinada negativa a aceptar hechos que tienen el respaldo de sólidas pruebas como también minimizar la violencia de la intervención de Gendarmería Nacional. Luego con la decisión de no apartar a esa fuerza, implicada directamente en los sucesos, en las investigaciones como si más allá de su condición de grupo armado no perteneciera al Estado nacional y contara con una autonomía por encima de la Constitución y las leyes.
Esa defensa irrestricta (que llevó a la ministra de Seguridad a cometer graves errores en su exposición ante el Congreso, como por ejemplo brindar el nombre de un testigo protegido, y que siguió después con un notable “acto fallido”) llevó al gobierno y a organismos de inteligencia a divulgar pistas que rápidamente se advirtió que resultaron falsas e inconsistentes. La más flagrante fue la operación montada para hacer dudar de la desaparición mediante informes de prensa que ubicaban al joven en distintos y alejados lugares del país o acusarlo de guerrillero o de correo de grupos armados que nada tienen que ver con la realidad argentina. Para peor la Justicia, aunque tardíamente, terminó por cambiar la carátula del expediente para usar el término “desaparición forzada”, que puso al gobierno en una situación más comprometida aún.
Estas actitudes ya tuvieron dos consecuencias políticamente graves: la primera es la trascendencia del hecho a nivel internacional con el reclamo de personalidades reconocidas y organismos defensores de los derechos humanos, y hasta de la CIDH, con consecuencias muy negativas para un gobierno que se desvive por mostrar una imagen de respeto por las formas institucionales. La otra, acaso más inquietante, ocurre en el nivel de política interna con las recientes declaraciones de la máxima autoridad regional de la Gendarmería que acaba de dejar muy en claro que la actuación de la fuerza tuvo lugar con “órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad”, una afirmación que inclina la responsabilidad de los hechos a la esfera del Estado.
Por si no bastara con este cúmulo de irregularidades, desde el gobierno se atribuyó a la casualidad la presencia en el escenario de los acontecimientos del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, afirmación que contó con el apoyo decidido de los grandes medios aliados al macrismo. También se buscó demonizar con acusaciones infundadas a la comunidad mapuche a la que se calificó con los peores adjetivos en lugar de presentarlos como lo que verdaderamente son: un conjunto de argentinos que viven muy pobremente en tierras que les fueron arrebatadas en forma violenta.
Por último apareció la inquietante identificación por parte de algunos medios no oficialistas de uno de los asesores cercanos a la ministra de Seguridad; se trata de un oscuro personaje que fue condenado a prisión en un par de oportunidades por cometer secuestros extorsivos.
Tanta insistencia con la negación, las operaciones distractivas y el falseamiento de los hechos ha colocado al gobierno en una situación harto difícil, que puede afrontar con un relativamente bajo costo político a causa del blindaje que le brindan los grandes medios porteños, expertos en desviar la atención de las grandes audiencias con operaciones distractivas.