La nieta 125, otra batalla ganada por las abuelas

Las Abuelas de Plaza de Mayo están cumpliendo 40 años de su incesante lucha por recuperar a sus nietos arrebatados por la dictadura militar. El aniversario llega en medio de una ofensiva para lograr la "revisión" de las condenas, y garantizar la impunidad de los genocidas. Ellas tuvieron otra victoria.
IRINA SANTESTEBAN - La alegría y la emoción de la familia Tartaglia fue compartida por milllones de argentinos cuando se confirmó que la nieta número 125 recuperada por la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, era la hija de la estudiante pampeana Lucía Tartaglia. Estudiante de Derecho en la Universidad de La Plata, fue secuestrada junto a su novio Enrique Sierra el 27 de noviembre de 1977, un año más tarde se comunicó con su familia para decirles que estaba viva, secuestrada y embarazada. De los testimonios en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, se pudo reconstruir que Lucía fue vista en los centros clandestinos de detención "Olimpo" y "El Banco", que en 1978 cursaba un embarazo y que su hija nació a principios de 1979 en el Hospital Militar Central.
La noticia conmocionó no sólo a la familia Tartaglia, sino a los organismos de derechos humanos pampeanos, y a todos los que se alegran con cada uno de los nietos que las Abuelas logran rescatar de la situación de ocultamiento de su identidad, cruelmente diseñada y ejecutada por los militares y sus cómplices civiles, responsables del terrorismo de Estado.
Aquellos bebés apropiados, hoy personas que rondan los 40 años, siguen siendo la herida sangrante de un pasado que no será restaurado si no es con Justicia, Memoria y el castigo a los culpables de aquellos crímenes, considerados de lesa humanidad.

"No son un curro".
Esas palabras de Aldo Tartaglia, hermano de Lucía, son la mejor respuesta a la arremetida que algunos periodistas de los mismos medios que en los años de la dictadura ocultaban sus crímenes, están llevando adelante contra los organismos de DDHH para desprestigiarlos, en momentos en que se exige al Poder Judicial y al gobierno de Mauricio Macri, el esclarecimiento de la desaparición forzada y muerte del joven Santiago Maldonado.
"Cada día tenemos más fortaleza, aunque hoy nos dan con un caño a los familiares de desaparecidos", dijo Aldo. Desde hace un tiempo, y se incrementó a partir del caso Maldonado, en las redes sociales hay un ataque feroz contra los familiares de los desaparecidos, acusándolos de pretender "cobrar indemnizaciones" con cada caso que se descubre, tal como lo afirmara hace algunos años el hoy Presidente, cuando declaró que los derechos humanos "eran un curro".
El comunicado de las Abuelas fue claro al momento de reafirmar el trabajo que vienen realizando desde hace 40 años: "gracias a la perseverancia de nuestra búsqueda y de todo el movimiento de Derechos Humanos, hoy la nieta 125 puede conocer la verdad sobre su origen".
Frente a esa impecable trayectoria, el macrismo no tiene nada bueno para mostrar. El grupo Macri fue uno de los grandes favorecidos por la política económica de la dictadura, pues pasó de tener 7 empresas a 43. El partido fundado por el Presidente y que hoy encabeza la alianza gobernante -el PRO- nunca apoyó ni participó de las movilizaciones a favor de la defensa de los derechos humanos, ni para reclamar contra las violaciones a esos derechos cometidas durante la dictadura, ni las que se produjeron ya en la etapa democrática. La única vez que salieron a marchar para pedir por el "esclarecimiento" de lo que consideran un "magnicidio" fue por la muerte del fiscal Alberto Nisman, sobre la cual los profesionales del Cuerpo Médico Forense (los mismos que hoy están realizando la autopsia de Santiago Maldonado) dictaminaron que había sido un suicidio.

Los derechos humanos versión PRO.
La columna del ingeniero Pedro Güiraldes titulada "El caso Maldonado y los derechos humanos" (La Nación, 28/10/2017) da vuelta como una media los conceptos básicos en esa materia.
Así, los pueblos originarios como la comunidad que vive en la Pu Lof Cushamen, que reclaman la propiedad ancestral de sus territorios arrebatados desde época de la conquista, para Guiraldes son "usurpadores". Y en una alarmante semejanza con el discurso que tenían los genocidas, y que ese mismo diario reproducía en aquellos años, habla de "célula terrorista" para referirse al grupo de jóvenes mapuches que cortan rutas para visibilizar ese reclamo, que la Constitución Nacional de 1994 establece como legítimo.
Güiraldes dice que las "revelaciones" del periodista Julio Blanck (diario Clarín) y de la diputada Elisa Carrió, confirmarían que Maldonado se ahogó y que siempre estuvo en el lugar que fue encontrado, y acusa a los mapuches de "plantar u ocultar pruebas, preparar y hacer declarar mentiras a falsos testigos, obstruir la investigación, exigir y obtener poder de policía sobre la parcela usurpada". Ni los peritos ni el juez han establecido lo que este señor afirma tan campante, acusando a quienes son víctimas de las políticas de ocupación de sus territorios, de un crimen que aún no ha sido esclarecido por la Justicia.
Y más aún, Güiraldes avanza sobre los organismos de derechos humanos, los denigra y los acusa de haberse corrompido, incluyendo en su listado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Amnesty Internacional. Hasta se permite aconsejarle al presidente Macri que debe "desplazar y reemplazar" a estas organizaciones, en una suerte de "limpieza" que suena tenebrosa, si tenemos en cuenta la historia reciente.

"Revisar" los juicios.
Y como si todo esto no fuera suficiente, apareció Carrió para poner el broche de lata al objetivo del gobierno en juicios de lesa humanidad. Fracasado el intento de lograr la impunidad a través del fallo de la Corte Suprema, que pretendía aplicar el "2x1" a las condenas a los genocidas, abortado por la impresionante movilización popular del 10 de mayo, ahora intentarían avanzar con una "revisión" de las sentencias.
En un discurso de campaña que dio el día 13 de octubre, que fue convenientemente ocultado a pedido de la disertante, Carrió le dice a su audiencia que se encuentra trabajando para "revisar" los juicios en los que han sido condenados los militares, porque en muchos casos fueron "sin pruebas". Y se pronunció a favor de la prisión domiciliaria para estos reos "en todos los casos", el mismo beneficio que se le niega a Milagro Sala, presa sin condena firme (salvo en una causa por un escrache con huevos, del que no participó). La dirigente de la Tupac Amaru está detenida desde enero de 2016 acusada de delitos ostensiblemente de menor entidad que los crímenes de lesa humanidad por los que fueron condenados los ahora defendidos por Carrió.
Estela Carlotto le salió al cruce, para dejar claro que esa revisión "es absurda porque llevamos 40 años haciendo esto y no creo que la Justicia se equivoque". La presidenta de Abuelas le recordó a la diputada que en esos juicios se reconocieron centenares de centros clandestinos de detención.
Tal como lo afirma la presidenta de Abuelas, Carrió parece no tener límites, pero lejos de estar "demente", en este tema estaría revelando las verdaderas intenciones del gobierno desde hace tiempo. Y se trata de una virtual amnistía, aún disfrazada de prisión domiciliaria o de revisión de las condenas, una especie de engendro jurídico que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y tampoco a nivel internacional.

Renuncia de Gils Carbó.
La renuncia de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, no es una buena noticia. Bajo su dirección, la Procuraduría de Juicios de Lesa Humanidad cumplió un papel importante en la investigación y acusación, por parte de los fiscales que actuaban en los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado.
Presionada por el gobierno, una forzada denuncia penal y la prensa oficialista, Gils Carbó aguantó casi dos años. Su renuncia implicará un debilitamiento de aquellas fiscalías que tuvieron impulso durante la gestión de la Procuradora y que el gobierno no tiene intención de continuar.
La intención de lograr la impunidad de los genocidas aparece más clara, y estamos viendo algunos actores del proceso para llevarla a cabo.