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La otra «grasa»

Nunca desde la recuperación de la democracia un gobierno despidió tantos trabajadores del Estado como el macrismo. Nunca se había desatado un clima de persecución tan entusiasta como el que sorprendió aquel verano de 2015/2016 cuando un ministro llegó a hablar de la «grasa militante» y la discriminación política alcanzó niveles dignos de una dictadura. Nunca se había visto tanto temor dibujado en el rostro de tantos empleados públicos ni que se espiaran las redes sociales con el fin de determinar cuán «indeseable» se había convertido un trabajador para la administración pública.
En aquellos días las figuras más destacadas del macrismo enarbolaban la bandera de «la república» y en su nombre iniciaban una verdadera cacería: cerraban las puertas de las oficinas del Estado con guardias de seguridad para impedir el ingreso de los que figuraban en las «listas negras». A esos extremos de crueldad institucional, desconocidos hasta entonces en democracia, se llegó aquel verano.
Mientras esto ocurría, una enorme legión de ingresantes podía trasponer las puertas para reemplazar a los que eran «desechados» con sueldos muy superiores y cargos con nombres estrafalarios. Algunos (muy pocos) medios de comunicación se atrevían a informar sobre las grandes diferencias entre los salarios, por lo general modestos, que cobraban los cesanteados y los que pasaban a percibir los nuevos, por lo general muy altos.
También por esos días se aseguraba que, al momento de finalizar el período de gobierno, los nuevos ingresantes volverían a «la actividad privada» de donde habían llegado al Estado y ninguno de ellos se perpetuaría en su cargo. Otra promesa rota por el macrismo. Hoy en casi todas las reparticiones públicas se está llevando a cabo una tarea de «reconversión» de funcionarios políticos en empleados de planta a fin de continuar más allá del 10 de diciembre. Lo que tanto habían despreciado como un mal de las gestiones «populistas», lo terminaron copiando con entusiasmo y sin sonrojarse.
En la Anses, el PAMI, el Banco Nación, el Congreso Nacional y otros organismos del Estado nacional se está ofreciendo este espectáculo. En el caso del banco oficial se ha llegado al extremo de pagar a decenas de funcionarios de carrera indemnizaciones escandalosas -algunas llegan a los 50 millones de pesos- para colocar en esos apetecibles sillones a la «grasa militante» propia; aunque esta transpira perfume francés, como dijera un dirigente gremial que denunció la maniobra.
Tantas ínfulas exhibidas con aires de superioridad, tanto engreimiento en el afán de despegarse de prácticas indignas de su alcurnia para terminar cayendo en las mismas trapisondas que señalaban y despreciaban. Y no es que se defienda ese accionar; ninguna facción política debería tomar al Estado como botín de guerra para introducir por la ventana a su propia tropa. ¿Pero, tanto presumir de ser diferentes para caer en lo mismo?
En el fondo, no es más que otra manifestación clasista, otra forma de menear la «grieta» que separa a los que se sienten ciudadanos de primera del resto. No es para tomarlo a la ligera, porque la expresión política que los representa cosechó el 40 por ciento de los votos, con esas muestras de discriminación y algunas otras más brutales todavía. Un síntoma claro de que la sociedad de clases engorda bajo el capitalismo y genera estas subjetividades tan poco democráticas.