La pelea por el río Desaguadero

La noticia publicada en este diario con relación a la acción de amparo que por el mal funcionamiento de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó presentara nuestra provincia, alegró a los pampeanos en general y a las entidades defensoras de los derechos sobre nuestros ríos en particular. La Pampa viene bregando por el ordenamiento de esa cuenca (la más extensa de las desarrolladas en el interior del país) desde hace mucho tiempo remando contra la corriente de la apatía de las autoridades nacionales y contra la indiferencia rayana en el desprecio de las provincias arribeñas que consideran las aguas como una propiedad exclusiva y se desentienden de los graves daños ambientales y económicos que provocan aguas abajo.
Analizando el problema con perspectiva histórica parece increíble que un recurso natural de semejantes características y posibilidades haya sido ignorado -salvo unas pocas excepciones- por quienes tenían en sus manos y en sus obligaciones la oportunidad de desarrollar un país más armónico y equilibrado. Durante más de dos siglos de historia nunca prosperó la idea de usar la cuenca para quebrar el desierto que cubre gran parte del país y favorecer a los nuevos estados provinciales, cuya existencia ya se insinuaba, además de las provincias tradicionales.
La actitud indolente de estas provincias, y su peso político y demográfico, trabó siempre la vieja idea de aprovechar un río que, a lo largo de 1.000 kilómetros recorría la zona árida de la Argentina, con un caudal que, originalmente, casi duplicaba el del río Colorado.
Estos antecedentes deben servir para mantener prevenidos a quienes asumen la defensa de los ríos inteprovinciales. Es un hecho demostrado la contumacia de la provincia de Mendoza -que sigue desobedeciendo una sentencia de la Corte Suprema sobre el río Atuel-, acompañada por San Juan y, desde no hace mucho, también por La Rioja: para esas jurisdicciones los ríos que atraviesan sus territorios son de su exclusiva propiedad y pueden hacer lo que quieran con sus aguas.
En tanto sigue sorprendiendo la cuasi indiferencia de San Luis, antaño interesada por ejercer sus derechos sobre la cuenca y en la actualidad sin definiciones claras en lo que concierne a la constitución de un comité de cuenca. Catamarca, por su parte, que años atrás coincidía con la idea pampeana, no ha vuelto a manifestarse.
Los argumentos de nuestra provincia son sólidos y están seriamente documentados. Por el contrario los de las provincias que se oponen a la conformación de un organismo de cuenca, que sin perjudicar a nadie favorezca a todos, serían risibles si no fueran tan egoístas y hasta ridículos. Baste recordar que uno de los legistas mendocinos más destacados llegó a sostener que el Desaguadero «no era más que un zanjón de desagüe», apelando a una inexistente teoría hidrográfica.
Con los herederos de esas concepciones tendrán que luchar pueblo y autoridades pampeanas; también, por supuesto, con el peso político de tres provincias tradicionales, una de las cuales, Mendoza, no ha vacilado en hablar de secesión al verse contrariada en sus ideas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en forma armoniosa y coparticipada.