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La política entró en modo electoral

EL VALOR DE LA UNIDAD

Las dos coaliciones principales son conscientes del valor de la unidad, cuya ruptura preanunciaría una catástrofe. Pero mientras el oficialismo puede conseguirlo en una mesa de negociaciones a la que se sientan Alberto, Cristina, Massa y Máximo Kirchner, es dudoso que el PRO, la UCR y la Coalición Cívica Libertadora logren eludir la elección interna.

Por Horacio Verbitsky

A dos semanas de la presentación de frentes y alianzas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre, toda la política ha entrado en modo electoral. Diez días después cerrará la presentación de listas de candidatos. Gobierno y oposición creen que es una cita crucial, la más importante desde 1983, de la cual depende el futuro de la Argentina, según verbalizó Carlos Melconián. No sólo Elisa Carrió avizora tempestades y naufragios.
Hablar de oficialismo y de oposición es una forma de simplificar un cuadro mucho más complejo, donde esa divisoria no siempre es más importante que las tendencias internas de cada sector. No obstante, pocas veces desde la sanción de la ley que estableció las primarias hubo listas enfrentadas y todas las fuerzas procuraron llegar a las urnas con acuerdos que redujeran la contienda a un mero trámite, cuya principal utilidad ha sido predecir con más exactitud que una encuesta qué pasaría dos meses después, en la elección general. Este año eso ocurrirá el 14 de noviembre, cuando la primavera se vuelva tórrida.

Sí, pero.

El análisis es más difícil que nunca, porque algunas recurrencias en las últimas cuatro décadas están desalineadas. Por ejemplo, deberían jugar a favor del gobierno:
– Los cambios de humor del electorado son más lentos que los de las élites políticas, económicas o intelectuales. Si decide darle la oportunidad de gobernar a alguien, es improbable que dos años después le retire la alfombra bajo sus pies.
– Sólo Fernando De la Rúa perdió la elección de medio término, en medio de la crisis final de la convertibilidad y con la invalorable ayuda de su Vicepresidente, el licenciado Carlos Álvarez. Dos meses después hizo su último viaje en el helicóptero presidencial.
– Hasta Macrì ganó la suya, en 2017.
– Pese a la grave situación económico-social, con la lluvia de la pandemia sobre el piso mojado por el anterior gobierno, no hay una sensación de crisis ingobernable como en los últimos meses de 2001;
– Las movilizaciones exiguas se enganchan con opciones electorales, como el Polo Obrero con el FIT o Liebres del Sur con Florencio Randazzo, ante quien procuran reemplazar al siempre oficialista Movimiento Evita, que no tiene la culpa de que los gobiernos cambien. La misión de Randazzo es hacer realidad la amenaza de Eduardo Duhalde, de que «este gobierno no pueda seguir», rapiñando un par de puntos que se cotizarían mejor cuanto más reñida fuera la elección.
Circulan varias interpretaciones complementarias para esa calma en la superficie:
– La asistencia social y los distintos programas de ayuda a empresas que, aún reducidos respecto de 2020, sosiegan el volcán.
– La conciencia general de que la pandemia no es culpa del gobierno.
– El rol del sindicalismo, que contiene las protestas a cambio de ventajas estamentales para su dirigencia.
– La esperanza que implica para los sectores más castigados la presencia de Cristina. El bono que compensará los ingresos perdidos a 5 millones de jubilados, los aumentos bien por encima de la pauta oficial negociados con el personal del Congreso, de la ANSES y del PAMI indican que esta expectativa tiene asidero.
Pero también hay malos augurios para el FdT:
– Los oficialismos están perdiendo elecciones en todo el mundo.
– El cierre de empresas.
– La elevada desocupación.
– La caída salarial debida a la inflación, que no compensan los aumentos pactados hasta ahora en paritarias,
– El altísimo cupo de muertos por Covid-19, que pronto llegará al tremendo número de 100.000.
Una dificultad para detectar cuál de esas tendencias prevalecerá es el elevado porcentaje de personas que recién horas antes de las PASO decidirá si va a votar o no, y en tal caso por quién, cuando aún no se conoce a los postulantes. La hora de los mediáticos, que Menem comenzó hace un cuarto de siglo con Palito Ortega y Carlos Reutemann no ha pasado de moda. Los nombres que circulan en una rueda loca van desde el médico especializado en demencia Facundo Manes hasta el cirujano que se cree militar Sergio Berni, ambos encandilados por las luces de los estudios de televisión. Para quienes prefieren otro género de aspirantes, ya se anotaron Cinthia Fernández y Carolina Losada.
La Argentina vive la competencia electoral con el dramatismo y la vacuidad de un grotesco de Armando Discépolo interpretado por Alberto Sordi, como si fuera cuestión de vida o muerte. Pero el principal provecho de la elección de medio término es la cosecha de diputados y senadores que, a su vez, harán más fluido o accidentado el tránsito hacia la siguiente confrontación presidencial. Pero ni ganarlas consagra ni perderlas condena, de lo cual sobran ejemplos:
– Antonio Cafiero ganó la elección bonaerense de 1987 y Graciela Fernández Meijide la de 1997, pero eso no les aseguró la subsiguiente candidatura presidencial.
– Felipe Solá se impuso con comodidad como cabeza de lista de Diputados en 2007, sin ninguna consecuencia futura.
– Francisco De Narváez batió en 2009 en Buenos Aires a Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Tomás Massa. El Grupo Ahhhh, ya conducido por Patricia Bullrich, hostigó al gobierno en el Congreso en el mismo estilo que hoy, Dos años después de ese traspié, Cristina fue reelecta con el mayor porcentaje en la historia post-dictatorial. En cambio, De Narváez fracasó en su apuesta por la gobernación y terminó volviendo al supermercadismo.
– En 2013 Massa rompió con el kirchnerismo y lo superó en Buenos Aires. Pero tampoco pudo llegar a la presidencia en 2015 y volvió al redil en espera de un momento mejor.
– Cristina perdió la elección bonaerense de 2017 con el mediocre candidato macrista Esteban Bullrich, pero el 37% de los votos que obtuvo entonces la convirtió en la gran electora de 2019.

El valor de la unidad.

Las dos coaliciones principales son conscientes del valor de la unidad, cuya ruptura preanunciaría una catástrofe. Pero mientras el oficialismo puede conseguirlo en una mesa de negociaciones a la que se sientan Alberto, Cristina, Massa y Máximo Kirchner, es dudoso que el PRO, la UCR y la Coalición Cívica Libertadora logren eludir la elección interna, al menos en las dos Buenos Aires. Esto se expresa en la pretensión del ex Presidente Maurizio Macrì de que Patricia Bullrich encabece la lista de diputados porteños, mientras Horacio Rodríguez Larreta, apuesta por María Eugenia Vidal.
Hace nada menos que seis meses, El Cohete anticipó que El Hada Buena se postularía en la Ciudad Autónoma, mientras Jorge Macrì y Diego Santilli chocarían en los comicios bonaerenses. Pura información, en medio de tanta hojarasca. Además, los radicales fantasean con un nuevo turno presidencial, como anunció el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Es de temer: su principal argumento proselitista sigue siendo la demonización de Milagro Sala. Sus jueces (Liliana Snopek, prima de su esposa, Mario Héctor Juárez Almaraz y María Cataldi, a quienes designó cuando Morales era vicepresidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, luego del objetado concurso 215, en el que Juárez Almaraz salió séptimo), volvieron a condenarla en un fallo escandaloso, sin derecho a defensa. Y además el gobierno le inventó una nueva causa, por una manifestación popular ocurrida en el barrio Campo Verde hace apenas tres meses, cuando Milagro llevaba privada de su libertad más de cinco años. La policía la reprimió con el profesionalismo habitual.
Esa es la superficie de los fenómenos. El mar de fondo de JxC se origina en el seguimiento que la AFI de Macrì dispuso sobre la vida privada del actual alcalde de la Ciudad Autónoma, quien poco después de que eso se conociera, se separó de su esposa. El Grupo Clarín no le perdona su actitud dialoguista con el Presidente Alberto Fernández, quien no fue el Lenín Moreno de Cristina que Héctor Magnetto esperaba. Eso explica el brulote publicado contra el hermano del jefe de gobierno, Augusto Rodríguez Larreta, y el relieve que el Grupo presta a las actividades de Macrì y Bullrich, quienes comparten la estrategia de demolición del gobierno.

Funes, el desmemoriado.

Esto coincide con el cambio de guardia en la Unión Industrial, donde el dialoguista Miguel Acevedo fue reemplazado por el abogado Daniel Funes de Rioja, un lobbysta de los empresarios de la alimentación, flanqueado por dos alfiles de la transnacional italiana Techint, la principal aliada de Clarín en AEA. Funes, que no es industrial sino especialista en racionalización de personal y reducción de sueldos, también preside el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, otra estructura de lobby patronal, con una historia negra. En 2012 agasajó con un banquete a Carlos Pedro Blaquier en cuanto el fiscal Pablo Pelazzo pidió su detención por la participación del Ingenio Ledesma en la desaparición y tortura de dos docenas de sus trabajadores durante la dictadura, y en 2017, su entonces presidente, Adrián Werthein, dijo durante una recepción triunfal al Hada Buena que siempre hay que respaldar a los gobiernos y al país, «salvo que vuelva CFK».
En la última asamblea de la UIA, el ex ministro de devaluación y pesificación asimétrica José Mendiguren denunció que Paolo Rocca había vetado su regreso a la Comisión Directiva y señaló con todas las letras que Luis Betnaza, vicepresidente de Rocca en Techint y de Funes en la UIA, había confesado ante la Justicia el pago de coimas. Mendiguren milita en el Frente Renovador de Sergio Tomás Massa, que en 2013 tuvo el apoyo del CICYP en su campaña contra Cristina, el mal absoluto. Hoy que Massa hizo las paces con Cristina, ni él ni su operador son bienvenidos, pese a que el actual presidente de la Cámara de Diputados era el preferido de Magnetto en 2015, como no se cansó de denunciar Macrì. Según Mendiguren, ni Paolo ni Funes el desmemoriado le atienden el teléfono. A duras penas le dejaron terminar su perorata, antes de cortarle el micrófono.

Suaviter in forma.

Hasta ese reducto hostil se allegó el ministro de Economía Martín Guzmán para exponer las líneas maestras de su política. De regreso a su tono sereno y pedagógico luego de su traspié con las tarifas eléctricas, Guzmán les dijo en la cara a sus interlocutores que tranquilizar la economía implicaba fortalecer el rol del Estado y no acceder a la rebaja impositiva y a la reducción del gasto público que reclaman todos los sectores patronales, entregados a la financiarización. Luego de cuestionar la política del gobierno anterior, que devastó a la industria, y ante el reclamo de Funes de concertar, invitó a los empresarios a ser parte del actual proceso, pero «bajo nuestra conducción», y especificó que «conducimos nosotros, el Presidente y la Vicepresidenta, porque fuimos elegidos por el pueblo». La reducción del déficit que todos reclaman debe hacerse mejorando los ingresos y no disminuyendo la inversión y el gasto social, dijo.
En lo que parece una acción concertada, otros dos ministros del equipo económico señalaron conceptos parecidos. El de Producción, Matías Kulfas, destacó que bajo el actual gobierno la industria creció más que en Brasil, Chile, España, Francia, Italia, India, México, Alemania, Estados Unidos y Japón, y para que no le replicaran que era un mero rebote respecto del desplome de 2020, cotejó las cifras con las de 2019, el último año del gobierno de Macrì y antes de la pandemia. Sólo queda por detrás de la locomotora China. Y la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca Bocco refutó la afirmación de Clarín, atribuida forzadamente a un funcionario del Tesoro de Estados Unidos, de que la Argentina no tiene plan económico: «Tenemos plan, pero no es el de ellos». Y luego especificó: «Tenemos que seguir dando la batalla. Temas sencillos no hay. Pero tampoco podemos dejar que ellos nos instalen en este año de crecimiento que no tenemos plan. Sí tenemos: es producción, es empleo, es más exportaciones, es sustitución de importaciones, es empleo con derechos. Si no les gusta el plan, eso es otra cosa».
Funes elogió a Guzmán como negociador de la deuda externa y el ministro se explayó sobre su estrategia. Para las grandes empresas un acuerdo con el Fondo es la llave que abre la puerta para comenzar un nuevo ciclo de endeudamiento y fuga. Las diferencias en el gobierno sobre la negociación son menos drásticas de lo que se dice en los medios. Aunque no se consiguiera la duplicación del plazo de repago de 10 años que el FMI fija para los créditos de facilidades extendidas, la Argentina no comenzaría a pagar antes de 2026, y llegado el momento volvería a discutirse. La diferencia más fuerte es acerca de la tasa de interés, que es normalmente del 1,5%, pero que el Fondo triplicó para la Argentina como penalidad por el sobreendeudamiento que le concedió al gobierno anterior. Sin la rebaja solicitada, el kirchnerismo no aprobaría el acuerdo en el Congreso, un requisito que el propio Guzmán encomió como parte de la sustentabilidad y la previsibilidad que pregona.

¿Exportar más o importar menos?

La complementaridad de la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones suena muy bien en el discurso, pero es de difícil aplicación práctica. Llevan, además, por senderos que se bifurcan, disyuntiva que ya se planteó en la primera entrevista realizada en El Cohete con el entonces flamante Presidente Alberto Fernández. La apuesta por las exportaciones implica refuerzo de la concentración, superganancias en un núcleo reducido, dependencia tecnológica, devaluación, bajos salarios y altos precios internos. En cambio, retomar la ruta de la sustitución de importaciones, interrumpida en forma brutal por la dupla Videla-Martínez de Hoz, conduce a la diversificación productiva, la industrialización, la investigación y el desarrollo de tecnología, el control de la inflación y la mejora del salario.
El descenso de la inflación por segundo mes consecutivo llevó algo de tranquilidad al gobierno, pero el 3,3% que el INDEC midió en mayo supera para un solo mes la inflación de Estados Unidos en un año. La mejor noticia es que, por primera vez en mucho tiempo, el rubro alimentos estuvo por debajo del índice general, con 3,1%.
El martes 22, el gobierno daría a conocer el acuerdo con los frigoríficos exportadores tendiente a permitir el abastecimiento de los cortes bovinos populares a precios accesibles en el mercado interno y la consecuente reapertura de las exportaciones. Un informe producido por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) sobre Inflación e Industria Alimenticia en Córdoba recuerda que en alimentos se va el 34,5% del gasto de los hogares del quintil (20%) más pobre, y el 15,7% del gasto del quintil más rico, de modo que la escalada de sus precios golpea con doble fuerza a los sectores más desaventajados de la sociedad.
La Canasta Básica de Alimentos aumentó de precio más del 50% entre abril de 2020 y 2021 y dentro de los elementos que la componen el que más subió fue la carne, con el 81%, hasta constituir el 43% del gasto total de la canasta. Esto define su centralidad en las penurias de los más pobres. Contra lo que siempre piensa Funes de Rioja, nada tiene que ver la puja distributiva entre capital y trabajo, ya que el nivel salarial de la producción cárnica se derrumbó 15 puntos en 2019 y, con la recuperación de 2020, apenas recuperó los valores de 2013. La conclusión del observatorio OTES es que la disparada en el precio de la carne vacuna obedece a dos causas:
– El precio del maíz, con que se alimentan los animales en invernada y feed lot, que entre abril de 2020 y 2021 creció un 132%, y
– El incremento de las exportaciones de carne vacuna, que pasó de entre el 5 y el 10% del total faenado al 30% (tres cuartas partes con destino a China).

El rulo y la reserva de valor.

Mayores precisiones ofrece el Observatorio de Precios del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Sin ignorar la importancia del precio del maíz, relativiza su incidencia en el costo de la hacienda, que alcanzaría valores cercanos al 8% del costo total. Si el maíz fuera gratis, «el efecto sobre el precio en carnicería sólo se reduciría entre 3% y 4%», sostiene el informe. No obstante, se observa una correlación estrecha entre la evolución del precio del maíz y el de la carne vacuna, que pareciera operar como valor de referencia para la determinación del precio final.
Además del incremento de las exportaciones, que ata el precio interno al internacional, el estudio se refiere al «denominado rulo cárnico o rulo ganadero», que consiste en explotar «la brecha entre el dólar oficial y el blue. Como el beneficio no se relaciona con la exportación de carne en sí, sino con el negocio de la brecha, la demanda de carne para estas operaciones tuvo mucho margen para comprar a precios más elevados, presionando al alza el valor de los cortes». En ese sentido son reveladoras las inspecciones realizadas en mayo por la Aduana en la cadena de la carne, que redundó en la denuncia por operaciones fraudulentas contra 19 frigoríficos. La AFIP investigó 154 frigoríficos que representan el 72% de la faena total de carne vacuna y sólo en el 10% no detectó irregularidades. El aporte más llamativo de CEPA es la conceptualización de los terneros y novillos como reserva de valor, ante la perspectiva de mayor demanda china y en un contexto de restricciones cambiarias. «La intención de dolarizar el excedente llevó, en parte, a que la demanda de novillos y terneros se incrementara, oficiando dicha compra como reserva de valor», sostiene. (Antes de que la soja reinara de norte a sur, la contabilidad de los productores tenía tres rubros: novillos, trigo y dólar, e iban pasando de uno a otro según las ventajas del mercado en cada momento).
Por último, el informe apunta al control que ejercen los frigoríficos sobre la cadena de producción y comercialización de carne vacuna, lo cual distorsiona la formación de los precios. La bandera de largada de la puja distributiva fue la recuperación económica y particularmente de los salarios desde finales de 2020, con incrementos muy superiores a los costos. «En un mercado muy poco transparente, un puñado de frigoríficos y consignatarios de hacienda (Alzaga Unzué y Cia, Colombo y Colombo, Colombo y Magliano, Madelan, Monasterio y Sáenz Valiente, Bullrich y Cia.) cuentan con poder de fuego para determinar el precio».
Según CEPA, este diagnóstico requiere al menos de una triple intervención:
– desacoplar o desenganchar el precio internacional del precio local, mediante cupos de exportación o retenciones;
– controlar los aumentos arbitrarios y excesivos, regulando el precio del maíz, y
– apuntalar el engorde, ya sea subsidiando el maíz o con mecanismos de financiamiento destinados al sector.
La solicitud del Banco Central que aceptó el juez federal rosarino Carlos Vera Barros, de embargar por 3.100 millones de dólares a la cerealera Díaz&Forti y la inhibición general de bienes de la compañía y sus accionistas, Marcelo Darío de Vincentis y Luis Ariel Olio, debido a que no liquidaron exportaciones por 312 millones de dólares, sugiere que el gobierno está dispuesto a usar ese poder que Guzmán le mencionó a Funes. Díaz&Forti estaba operando las instalaciones de Vicentín y se declaró en convocatoria de acreedores en febrero. Otro tanto puede decirse de la decisión oficial de potenciar el rol del Estado en la licitación del dragado del río Paraná, por el que circula un 75% de las exportaciones agroindustriales y es escenario de un contrabando que la UIF cree que puede llegar a 20.000 millones de dólares por año, cifra descomunal frente a la que palidecen los 500 millones que se cobran por peajes.
La cuestión que ningún trabajo técnico puede resolver es la disposición política de los actores económicos para aceptar planteos como el que Guzmán formuló respecto de quién conduce el proceso, por decisión del voto popular. Ante una consulta de Carbap, las Sociedades Rurales y Asociaciones de Productores Rurales de Pergamino, San Antonio de Areco, Arrecifes, Baradero, San Pedro, Salto, Rojas, Exaltación de la Cruz-Campana-Zárate, Colón, Capitán Sarmiento, Chivilcoy y Navarro plantearon un cese de comercialización de carnes y de granos y, «dado el clima político, económico y social imperante, sumado a los gruesos desaciertos del gobierno en todos los planos y los avances sobre determinados temas, una Marcha Federal de amplia convocatoria ciudadana y multisectorial con destino final en el Obelisco», para la cual exigen la adhesión de la Mesa de Enlace. Su propósito es «llamar la atención respecto de la reacción ciudadana y su motivación a expresar un profundo descontento con el rumbo y destino del país, el cual sin duda nos va a arrastrar a todos». Con los precios por las nubes de la producción agrícola y ganadera, es ostensible que estos planteos no tienen explicación económica. De pura casualidad, estos episodios coincidieron con un nuevo aniversario del bombardeo del 16 de junio de 1955 sobre la ciudad abierta de Buenos Aires, a la hora de la salida para el almuerzo de los oficinistas, el mayor episodio de barbarie de la historia argentina, en el que murieron más personas que en el ataque de la aviación alemana sobre Guernica, pero desconocido fuera del país porque no lo pintó Picasso.

Territorio en disputa.

La CTA que preside el diputado nacional Hugo Yasky presentó esta semana una propuesta para la reactivación económica, en la que luego de encomiar la campaña de vacunación y la resiliencia del sistema de salud que no colapsó, señala como un grave problema la caída del poder adquisitivo del salario real, de casi 8 puntos en el sector privado y de 8,5 % en el sector público en lo que va del año. Si se suma lo perdido durante los cuatro años de gobierno macrista, la pérdida del valor adquisitivo llega a 28 puntos. Que los formadores de precios se apropiaran de las recomposiciones salariales conseguidas impidió el efecto reactivador de la demanda necesario para encender la economía, que se recuperasen el consumo interno y la producción y con ellos se revirtiera la destrucción del empleo de Cambiemos. Estas son las medidas que apoya la CTA para inyectar recursos que generen una tonificación de la actividad económica y una recuperación sobre la base de privilegiar fundamentalmente a las pequeñas empresas y el cooperativismo como factores de la reactivación:
– Recomposición salarial de emergencia, con un aumento general de salarios a cuenta de las paritarias de entre 5.000 y 7.500 pesos en una o dos cuotas.
– Plan de Empleo en la construcción de viviendas, tendido de redes cloacales y reforestación para mejorar las condiciones del medio ambiente, que requieran utilización de mano de obra intensiva con eje en las pymes y cooperativas.
– Salario Mínimo, Vital y Móvil, completando antes de septiembre el aumento acordado del 35% y a partir de allí aplicar la cláusula de revisión para superar la inflación.
– Jubilaciones y pensiones con un incremento de emergencia, proporcional al de los trabajadores activos.
– Ampliar la oferta de formación profesional para que pueda llegar a más jóvenes que estén dentro o fuera del sistema educativo formal.
– Control de Precios para que los sectores monopólicos no erosionen los salarios, cobrando a valor dólar los alimentos que necesitan los trabajadores que cobran en pesos.
– Congelamiento del cuadro tarifario, energético y de servicios, hasta tanto existan instrumentos de segmentación que hagan posible definir escalas de aumento equitativas.
Los camioneros y los bancarios, liderados por Hugo Moyano y Sergio Palazzo, reclamaron mejoras muy por encima de la pauta fijada por el Ministerio de Economía. En ambos casos las patronales son privadas y están en condiciones de acceder a los reclamos. De hecho, el viernes los camioneros cerraron trato por el 45%. La simpatía oficial por Moyano es ostensible y viene desde los años del primer Kirchner. Palazzo, que se dice radical pero no lo parece, fue recibido tanto por Alberto como por Cristina, en momentos y lugares distintos, quienes le expresaron su acuerdo con los aumentos que demanda.
Más complejo es el caso de los empleados públicos y los docentes, cuya patronal es el Estado. El mensaje oficial es nítido: los salarios deben ganarle a la inflación, pero su puesta en práctica no ha dejado de ser problemática. La definición no puede quedar librada sólo a la decisión oficial. Depende también de los actores sociales y de su capacidad de movilización y organización.